Hace algunas semanas atrás, el INE realizó la segunda entrega de resultados definitivos del Censo de abril de 2017. Algunos de los datos entregados confirman un rápido envejecimiento de la población, una mayor proporción de departamentos respecto al total de viviendas, una creciente migración y un aumento en la cantidad de hogares unipersonales. Estos son sólo algunos ejemplos de información relevante a la hora de diseñar políticas públicas en materia previsional, de vivienda y urbanismo, de políticas migratorias y de salud.

Pero el INE genera también información periódica en múltiples áreas de nuestro quehacer económico y social como, por ejemplo, estadísticas de precios, empleo, ingresos, producción, justicia y cultura. Una buena institucionalidad estadística debe ser capaz de ir mejorando continuamente la información que genera. Los países desarrollados han continuado fortaleciendo sus sistemas estadísticos implementando estrategias de apertura en la entrega de datos, fortaleciendo las capacidades institucionales, poniendo un foco en el uso creciente de datos para la implementación de mejores políticas públicas, expandiendo el tipo de información en consideración a las oportunidades de innovación y fortaleciendo la interacción del gobierno, la academia y el sector privado. El desafío para Chile no es muy distinto.

Recientemente, el gobierno ha anunciado que va a cobrar impuestos a las plataformas digitales lo que abre una clara necesidad de contar con información adecuada de la economía digital. ¿Cuál es su definición? ¿Cómo se mide este sector? Por otra parte, políticas para fomentar la trasformación digital requieren de datos confiables y oportunos. Y, sin embargo, el gobierno parece no tener como prioridad el fortalecimiento estadístico. Y la posibilidad existe.

Hoy está en discusión en el Congreso un proyecto de ley que crea una nueva institucionalidad del sistema estadístico nacional. Durante la administración pasada, el proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados y por la Comisión de Economía del Senado con un amplio consenso. Hoy se encuentra a la espera de una decisión del gobierno respecto de su tramitación.

El proyecto fue construido tomando como referencia los estándares internacionales. Entendiendo que la credibilidad del INE y la confianza de la ciudadanía en su trabajo, el proyecto contempla un mecanismo de nombramiento y remoción de sus autoridades que asegura la independencia del organismo del gobierno de turno. En particular, el director del INE deja de ser un cargo de exclusiva confianza del Presidente, como ocurre con el fiscal Nacional Económico, y se crea un consejo técnico independiente que, entre otras tareas, debe velar por la calidad técnica de los productos generados.

En los últimos días se ha desatado un debate respecto de la sequía legislativa entre el gobierno y la oposición. Si los distintos actores coinciden en que se debe fortalecer la institucionalidad estadística de nuestro país, ¿por qué no tramitar el proyecto de ley hoy en el Congreso? El Censo 2017 fue implementado con éxito porque primó una visión país por parte de todos los actores. Mantengamos ese espíritu. El 2022 se debiese implementar un nuevo Censo. Contar con una nueva institucionalidad estadística puede hacer una diferencia.