Hace algunas semanas, ejecutivos de la recién creada Unidad de Auditoría Técnica del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) se reunieron con el director del organismo, Guillermo Pattillo. El mensaje fue claro: existían antecedentes que hacían suponer que el IPC había sido manipulado; el organismo de nuevo se tornaba en un dolor de cabeza para el gobierno de Sebastián Piñera. Ya lo había sido en la primera administración con el escándalo del Censo 2012, la primera denuncia también por manipulación de cifras.
Restaron solo diez días para que todo el país se enterara de la situación: el índice base al que está indexada la UF habría sido objeto de alteraciones en al menos dos meses del 2018: agosto y septiembre. Y las alarmas saltaron... y las dudas también. ¿Manipulación o error? Esa es la pregunta que ronda, puesto que persisten múltiples dudas de lo que ha sido una de las peores semanas del INE, para algunos incluso con un evento más complejo que el de las cifras del Censo.
Lo que partió como una supuesta manipulación -con un alto grado de gravedad-, escaló a incluso posible cohecho o asociación ilícita. El viernes, el INE reveló los resultados de la auditoría interna encargada: en total se habían manipulado registros en tres meses: agosto, septiembre y noviembre. La última línea de todas formas se neteaba.
Hay voces de expertos y al interior del INE que estiman que podría haber habido una sobrereacción. Desde La Moneda, sin embargo, están tranquilos y conformes con el actuar. Ahora el Ministerio Público tiene la última palabra.
Escala de hechos
El lunes 6 de mayo, Pattillo tomó cartas en el asunto. Luego que la institución pidiera explicaciones al jefe del Departamento de Precios, Felipe López -puesto que el archivo del IPC habría sido abierto después de concluir el cálculo- y recibir respuestas que no satisficieron, fue alejado de su cargo. El protocolo así lo exigía. Con él salieron dos integrantes más de un equipo de seis.
Se contactó a la PDI y al Ministerio Público -el estatuto administrativo establece que ante cualquier denuncia, el organismo debe actuar-, se le entregaron los antecedentes y la Fiscalía llegó a allanar las oficinas del organismo un día después. No había tiempo que perder.
Según lo dicho por el ministro de Economía, José Ramón Valente, recién ahí recibió la llamada de Pattillo. El martes en la noche el director del INE lo contactó para pedirle una reunión urgente, la que se concretó el miércoles en la mañana. En ese momento el tema pasó a manos de Valente, quien el jueves llamó al Presidente Piñera y a otros ministros para contarles lo sucedido. El viernes 10 de mayo fue el turno de las autoridades financieras. Se contactó al presidente de la Comisión de Mercado Financiero, Joaquín Cortez, y a la consejera del Banco Central, Rosanna Costa. Y el sábado, Valente le informó al presidente del ente rector, Mario Marcel. La idea era que todos tuvieran la información necesaria para hacer frente a la reacción que pudiese venir de parte de los mercados una vez hecha pública la información.
Y empezó el debate de si se comunicaría, y cómo, lo sucedido. En pos de la transparencia y ante los temores de una filtración, se informó.
"Detectamos que existían indicios de que habría habido una manipulación en las cifras del IPC que habría afectado el valor del índice informado al mercado", dijo Pattillo frente a los periodistas. El lunes 12, todo Chile se enteró. Sin dar nombres, se indicó que existía un responsable, el jefe del Departamento de Precios y que se estaba trabajando en una auditoría interna que abarcaría entre el 2016 y 2019, para ver si existían más alteraciones. Horas después, el ministro de Economía daba un paso más: "La información que tenemos hasta ahora es que en los meses de agosto y septiembre el IPC de esos meses habría sido informado un 0,1% por arriba de lo que correspondió haber sido informado".
En medio de un fuerte hermetismo, el INE no quiso revelar quiénes eran los integrantes de la nombrada Unidad Técnica que había descubierto todo, tampoco quién era el jefe de Precios sindicado como responsable de esta manipulación. Solo días después se ratificó que era Felipe López Borges (37 años), ingeniero estadístico, licenciado en Estadística y Computación de la Universidad de Santiago y magíster en Estadística de la Universidad Católica, quien había llegado al organismo en 2007, y que -según lo dicho por Valente- había asumido la jefatura hace algunos meses. En Transparencia, sin embargo, López aparece como Analista Estadístico del INE hasta junio de 2017, cargo que un mes después cambió a jefe de Departamento Estadístico de Precios de la entidad.
Ubicar a López para este reportaje fue imposible. Se sabe que habría declarado dos veces esta semana ante la Fiscalía; en la primera oportunidad guardó silencio; en la segunda -el viernes pasado- estuvo por más de tres horas contando su versión. Está descolocado con lo sucedido, dicen cercanos.
Es que al interior del INE y entre expertos en el tema una de las tesis que se barajan es que más que una intencionalidad o un acto doloso, pudo haber habido un error o negligencia. Metodológicamente, el cálculo se hace eliminando las puntas (outliers) para no alterar el promedio. Fuentes señalan que López habría obviado ese paso y después intentó corregirlo.
"La percepción es todavía de sorpresa. Dado los manejos internos que hay en la confección del IPC, el propio sistema informático da alarmas cuando hay algo raro. Es muy difícil que una persona sola intervenga en el sistema operacional", precisa el exdirector del INE Juan Eduardo Coeymans.
Opinión similar esgrimió la también exdirectora de la entidad Ximena Clark a Radio Futuro: "Hay una investigación en curso, mi llamado es a esperar el resultado de la investigación, no a sindicar culpabilidades. Ya el solo hecho de haber dado a conocer una situación que todavía no se confirma, hizo un daño grande".
No es primera vez que el INE se enfrenta a una situación como esta. El escándalo del Censo 2012 fue similar. En ese caso, sin embargo, la alerta la incendió Ciper con un reportaje y una posterior entrevista a la asesora de Francisco Labbé -el director de esa época-, Mariana Alcérreca, que acusaba alteración en las cifras. Ese día, Labbé dejó el cargo, tras lo cual el subsecretario de Economía de ese entonces, Tomás Flores, realizó la denuncia al Ministerio Público por manipulación de datos en base a presentar un número de personas efectivamente censadas, mayor a la real. La investigación -no formalizada- terminó con la decisión de no perseverar, puesto que no había delito.
Pattillo, en privado, sin embargo, ha manifestado tener antecedentes que respaldan que en el caso de la alteración del IPC sí hubo una manipulación. Si es que fue dolosa o no es materia de investigación, pero manipulación en cuanto a alterar los datos, sí hubo. "El director del INE se formó la convicción de que no había un error, no había un cambio metodológico, y que esto era una manipulación", dijo Valente en Infinita el miércoles; un día antes había concurrido a la Comisión de Economía de la Cámara para hablar de lo sucedido. Fue solo. Pattillo -dijo el ministro- estaba abocado 100% a monitorear la auditoría, de la que recibía reportes diarios. Y ahí, frente a los diputados, aseguró que ahora los antecedentes hablaban de que agosto había sido alterado hacia arriba, y septiembre hacia abajo; ambos meses en una proporción similar y no superior al 0,1%. Ahora, las alteraciones -aseguró- se neteaban. Y añadió que ya no solo podía ser una manipulación, sino que incluso no se descartaba un delito aún peor: "Estamos muy conscientes de que pusimos la palabra manipulación y no error, y justamente porque creemos que aquí hubo manipulación de los datos, lo cual implica una intencionalidad y probablemente una motivación, no sabemos cuál, pueden ser varias: puede ser cohecho, asociación ilícita o simplemente que se quiso cambiar esto para dar un beneplácito al mercado para evitar críticas, hay muchas razones, no sabemos cuál va a ser". Y luego hablaría de crisis de la institución.
Reacción en duda
"Si el director del INE dice que es un chanchullo y no lo es, es gravísimo", señaló el jueves el economista Óscar Landerretche en Duna. Es que si bien en el INE aseguran tener antecedentes suficientes como para hablar de manipulación, tal palabra parece requerir aún mayores explicaciones.
Para Coeymans, Pattillo fue cauto desde un primer momento. Siempre habló de "indicios de manipulación" -señala- y fue, al final del día, Valente quien elevó la gravedad de los hechos. "El director del INE fue prudente, habló de indicios, pero al otro día el ministro Valente ya lo aseguró", dijo.
Pattillo estaba obligado a denunciar, lo que ocurrió después, dicen en el INE, estuvo en manos de Economía. Valente, tras decir que los antecedentes apuntaban a que la alteración había sido hacia arriba, corrigió asegurando que en un mes se había alterado en una dirección, y otro mes en el sentido contrario. Y el jueves señaló: "No queremos seguir especulando hacia dónde fueron las magnitudes de los meses siguientes, sino que queremos entregarles el trabajo completo y eso lo vamos a hacer en cuanto esté listo".
El viernes, pasada las 18.00 horas, Pattillo comunicó los resultados de la auditoría para el período 2016-2019. En agosto, se había sobreestimado el IPC en una décima por la alteración de 626 registros; en septiembre se habían movido 363 valores, sin tener incidencia en el indicador final, aunque afectaron en una décima hacia abajo al mes de octubre. En noviembre también hubo manipulación, pero sin impacto. Con esto, se dio por concluida la auditoría interna, sin encontrar alteraciones en otros meses, dijo la entidad.
Desde La Moneda han guardado silencio. El Presidente Piñera no ha hecho ninguna mención al respecto, ni la vocera de gobierno, Cecilia Pérez. Valente, sin embargo, ha estado en contacto permanente con Palacio.
En La Moneda indican que están conformes con el manejo, tanto del director del INE como de su superior jerárquico. Fuentes de Palacio aseguran que el Presidente no ha tenido necesidad de intervenir en el caso. Hoy el balance es que la forma de comunicar lo sucedido fue correcta. La transparencia que se le pide a la gestión pública exigía dar a conocer estos hechos rápidamente. Y su análisis apunta a que es mejor haberse excedido algo en el mensaje, si es que así hubiese sido, que correr el riesgo de que posteriormente se les acusara de encubrir un acto de este tipo.
El otro flanco que se monitorea es la Comisión Investigadora de la Cámara que analizará este caso, y más específicamente la asistencia de Pattillo y Valente ante esta instancia. El jueves los diputados respaldaron la creación de la instancia. Ahora, se debe conformar, para luego poner fecha de las citaciones.
Lo acompañado que estén ambos personeros de gobierno por La Moneda será clave. Ahí, la figura parece ser el subsecretario de la Segpres, Claudio Alvarado. Él -reconocen altas fuentes de Palacio- es quien prepara a los ministros para hacer frente a este trámite. Hasta el miércoles, sin embargo, Valente aún no había recibido ningún llamado de la Segpres por este tema.