Los datos conocidos a fines de la semana pasada volvieron a recordarnos lo complejo que es entrar en un espiral de endeudamiento público. La deuda bruta del fisco chileno alcanzó en marzo de este año el 24% del PIB, el mayor nivel en 25 años, de acuerdo a los registros de la Dirección de Presupuestos. En diciembre pasado dicho valor ascendió al 23,6%. De esta forma, la tendencia alcista de los compromisos fiscales a la cual aludieron las clasificadoras de riesgo para rebajar la nota crediticia por primera vez -coincidentemente- en 25 años, ha persistido. Es que efectivamente la inercia de los compromisos fiscales adoptados en la administración pasada aceleró un aumento de la deuda pública que comenzó en 2008.

Es bien recibida la preocupación y énfasis que han adoptado las autoridades actuales sobre la situación de las arcas públicas, sin embargo, las condiciones económicas podrían implicar hacer un esfuerzo mayor en materia de eficiencia pública. Lamentablemente, habrá que seguir tomando medidas adicionales, tratando de no reducir los beneficios sociales. Estas son las consecuencias de haber perdido el foco no sólo en la importancia del crecimiento y que la expansión económica de 5% estaba garantizada por default, sino de haber privilegiado la política por sobre los conocimientos técnicos. Hubo un desprecio del acervo en materia tributaria. Se nos quiso hacer creer que la reforma tributaria no tendría el impacto en la inversión que todo libro de economía explica. En lugar de potenciar el crecimiento para hacer sostenible una política social, se pensó porfiadamente sólo en distribuir. Terminamos con una desigualdad estancada, con peor clasificación de riesgo y un crecimiento tanto efectivo como tendencial por el suelo.

Los niveles de deuda pública están para recordarnos, con frecuencia trimestral, esta lección. Los compromisos se pagan caro. La buena noticia es que el foco cambió, y las clasificadoras de riesgos lo valoran, pero no es suficiente el foco, se requiere pasar a la práctica, elevar el PIB tendencial.