El Informe de Insolvencia de Chile (RIC), elaborado por Fix Partners Consulting, Castañeda Abogados y la Escuela de Negocios de la UAI, reveló un fuerte incremento en el monto de deuda reestructurada durante el primer cuatrimestre de 2022 en comparación con igual periodo del año pasado.

Según el reporte, entre enero y abril se registraron ocho acuerdos de reorganización concursal, cuyo monto total ascendió a $190 mil millones. Se trata de una cifra superior en 92%, si se compara con igual lapso del 2021, cuando hubo 12 procesos con pasivos reestructurados por $99 mil millones.

El 50% de la deuda reestructurada durante el primer cuatrimestre de 2022 correspondió a pasivos no financieros ($94.900 millones); el 36,2% a deuda relacionada ($68.700 millones) y 13,9% ($26.300 millones) a pasivos financieros, según el reporte que trabaja directamente con cifras del Boletín Concursal de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir).

La deuda reestructurada de empresas ligadas al comercio al por mayor y menor fueron las mayores, correspondiendo al primer cuatrimestre de 2022 a $124.600 millones (65,6%). Luego siguieron los acuerdos de reorganización judicial del sector de construcción y actividades inmobiliarias, con $36.300 millones (19,1%), y $23.400 millones correspondieron a compañías del rubro agrícola (12,3%).

Las cinco empresas con mayor deuda reestructurada entre enero y abril del presente año fueron: Sociedad Supermercados Montserrat S.A.C ($121.500 millones); Empresa constructora Beltec Ltda. ($26.500 millones); Sociedad Agrícola Millahue Ltda. ($ 17.600 millones); Ingeniería y Construcción Santa Sofía Ltda. ($9.800 millones), y FullPal S.A ($5.800 millones).

Ernesto Solís, managing partner de Fix Partners Consulting en conversación con Pulso explicó que “lo preocupante es que el monto total de deuda reestructurada haya aumentado un 100% versus el mismo periodo del año anterior. Si no se considera deuda relacionada, este aumento es de un 50%. De hecho, la deuda promedio reestructurada subió un 300% desde $8 mil millones a $24 mil millones. Si no se considerada deuda relacionada, el aumento es de un 200% (alcanzado los $16 mil millones)”.

A su parecer, lo anterior tiene una doble lectura. Por un lado, se sigue ratificando que las empresas medianas-grandes son las que se acogen a procesos de Acuerdos de Reorganización Judicial (ARJ). Y por lo mismo., planteó, “es fundamental que el gobierno avance en promulgar los cambios a la Ley N°20.720, lo cuales facilitan que empresas pequeñas se puedan reestructurar. Muchas empresas pequeñas pudieron evitar tanto una reestructuración como una liquidación, por las condiciones únicas de liquidez que existieron en año 2021. Sin embargo, es evidente que el escenario a mediano plazo no es muy alentador. Inflación de doble dígito, aumento de costos financieros, aumento de los costos de energía, depreciación del peso, caída en la demanda, entre algunos factores, van a tener un fuerte impacto en las empresas, especialmente en las más pequeñas”.

Según el ejecutivo, que también es presidente de Turnaround Management Association (TMA), agrupación del capítulo chileno que reúne a profesionales dedicados al mundo de la insolvencia y reemprendimiento, los principales acreedores de las empresas son los bancos. “Los bancos tienen mucha experiencia en temas de reestructuración. Tienen áreas especializadas para trabajar con empresas que tienen problemas de solvencia. Hay dos temas que pueden ser relevantes de revisar”, sostuvo.

En ese sentido, detalló que “las provisiones que generan los bancos por créditos en insolvencia están reguladas por la CMF (Comisión para el Mercado Financiero). Lo anterior impide, muchas veces, que los bancos puedan financiar empresas viables que están en un proceso ARJ. Este es uno de los principales problemas de empresas en reestructuración, la capacidad de acceder a financiamiento fresco”.

Por otro lado, manifestó que “el problema de insolvencia es básicamente un problema de flujo de caja (no contable). En Estados Unidos existe un mercado secundario de créditos insolventes, que permite transarlos a un descuento de valor par, lo que le entrega viabilidad a la empresa deudora. En Chile este tipo de contratos no existe, lo que le da mucha rigidez a la estructura de pago de los créditos insolventes, llevando a muchas empresas a un proceso de liquidación”.

Luis Felipe Castañeda, socio de Castañeda & Abogados, sostuvo sobre la materia que “la incertidumbre política y social que vive el país, sumado a un complejo escenario económico nacional e internacional, parecen generar una tormenta perfecta para la insolvencia de las empresas”.

“Por lo extendido de este fenómeno, a las empresas deudoras se les abre un escenario de mucha probabilidad de alcanzar acuerdos con sus acreedores vía reorganizaciones judiciales. En efecto, los acreedores tanto financieros como proveedores están más llanos a dar opciones de reestructuración a empresas que, al menos, aparenten ser viables. Pero ello también requiere que las empresas deudoras asuman la responsabilidad de presentar proposiciones serias y factibles de ser cumplidas, considerando los antecedentes comerciales históricos y una adecuada proyección basada en la realidad”, añadió.

A su juicio, las empresas deudoras deben buscar apoyo en asesores financieros y jurídicos con experiencia y capacidad profesional.