Informe de Jorratt proyecta que impuesto a la riqueza recaudaría en torno a 0,2% del PIB, muy por debajo de la estimación de Hacienda

Junio es el plazo autoimpuesto por el gobierno para ingresar la reforma tributaria al Congreso y así comenzar la discusión legislativa. La próxima semana terminan los diálogos ciudadanos y el gobierno iniciará la fase final de elaboración de la iniciativa.

Uno de los nuevos impuestos que estará dentro del pack tributario es uno que gravará la riqueza y que se aplicará a las personas de alto patrimonio. De acuerdo con lo que ya se ha comunicado, se está trabajando en definir el monto del patrimonio desde el cual se quedará afecto a dicho impuesto. Ahí la discusión interna se centra en si el piso será de US$5 millones, US$6 millones o US$7 millones, según dijo el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ese nivel, para el Ejecutivo, está por encima del patrimonio que puede tener cualquier familia de clase media en el país.

Asimismo, se aclaró que el gravamen se aplicará sobre el stock y no sobre el flujo, porque es una cantidad que se puede medir en un tiempo determinado.

Lo que todavía no está definido en Hacienda es la tasa que se aplicará, aunque se menciona que será baja, siguiendo los estándares de los países donde se usa este tipo de impuestos. Ahí, si bien no está cerrado aún, las conversaciones apuntan a que fluctúe entre 1% y 2,5%, y regiría de manera anual, según fuentes al tanto de las tratativas.

En el diseño actual se establecería que este impuesto se aplique sobre todo el patrimonio neto de las personas, lo que incluye desde bienes inmuebles, fondos de inversión, acciones en empresas, hasta cuadros, joyas o yates. Con este impuesto, el gobierno espera recaudar 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que hoy equivale a unos US$1.600 millones.

Sin embargo, un estudio que elaboró el exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII) Michel Jorratt para la Cepal: Impuestos sobre el patrimonio neto en América Latina, pone sobre la mesa una estimación de recaudación menor del orden de 0,2% del PIB. Esto por la complejidad para fiscalizar y por la experiencia que han tenido los países que lo han implementado, con poco éxito. Es más, el reporte muestra que el país que más ha recaudado es Suiza, con un promedio del 0,8% del PIB en los últimos 18 años, seguido de Noruega con una recaudación promedio cercana a medio punto del PIB. En base a esa información, la meta del gobierno es ambiciosa.

El análisis del informe se centra en Chile, Colombia y México, porque son los países que cuenta con mayor información disponible. Solo Colombia aplica actualmente un impuesto de este tipo.

De acuerdo con el documento en el informe se intentará obtener un orden de magnitud de la recaudación que podría generar un impuesto sobre el patrimonio neto, aplicado sobre las personas con mayor riqueza. Este impuesto debería considerar como base imponible la suma de los activos financieros y no financieros que posee cada persona, permitiendo la deducción de los pasivos o deudas vigentes al término de cada período tributario.

Según se detalla en el documento, una primera dificultad para estimar la recaudación potencial de este impuesto es la escasa información que existe respecto de la riqueza que poseen las personas naturales en cada país y cómo esta se distribuye. “Una de las mejores fuentes de información disponible, que ha sido utilizada para estos fines en por lo menos un par de estudios, es el Libro de Datos de Riqueza Mundial que elabora periódicamente el Credit Suisse Research Institute. Esta investigación proporciona estimaciones del nivel y la distribución de la riqueza en más de 200 países, a partir del año 2000″, se precisa.

El estudio menciona que en Credit Suisse (2019) es posible encontrar datos con mayor nivel de detalle para tres países de la región: Chile, Colombia y México. Esta información fue usada para simular la aplicación de un impuesto sobre el patrimonio neto, evaluando sus impactos en términos de recaudación, teórica y ajustada por la brecha, y número de personas que resultarían gravadas.

Para efectos de la simulación de un impuesto sobre el patrimonio neto de las personas de alta riqueza, el documento definió dos escenarios. El primero supone la aplicación de una tasa única del 1% sobre el patrimonio neto superior a US$1 millón. El segundo considera la aplicación de una tasa única de 1,5% sobre el patrimonio neto superior a US$5 millones.

Los resultados muestran una recaudación teórica, que surge directamente de las estimaciones de riqueza para los tramos que quedarían gravados con el impuesto y otra que es una estimación conservadora, “o tal vez más cercana a la realidad, en la que la recaudación teórica ha sido ajustada por la brecha (diferencia entre lo que debería recaudar y lo que se recauda por la evasión o elusión) de recaudación determinada para el caso de Colombia”, que es donde se aplica este impuesto.

Así, para el primer escenario, con una tasa de 1% y un monto exento de US$1 millón las recaudaciones teóricas se estiman en el equivalente a 0,6% del PIB para Chile, 0,33% del PIB para Colombia y 0,39% del PIB para México. Al considerar el ajuste por brecha, estas cantidades se reducen a 0,18% del PIB para Chile, 0,1% del PIB para Colombia y 0,12% del PIB para México.

El segundo escenario aplica una tasa de 1,5% para patrimonios sobre los US$5 millones las recaudaciones resultan ser muy parecidas a las del escenario uno, no obstante, se reduce considerablemente el número de contribuyentes gravados.

Según se indica “esta alternativa podría ser ventajosa en términos de control, al permitir concentrar la fiscalización en un pequeño número de contribuyentes”.

En este caso, las recaudaciones teóricas se estiman en el equivalente a 0,58% del PIB para Chile, 0,34% del PIB para Colombia y 0,46% del PIB para México. Al considerar el ajuste por brecha, estas cantidades se reducen a 0,17% del PIB para Chile, 0,10% del PIB para Colombia y 0,14% del PIB para México.

Una de las principales razones que pueden afectar la recaudación es que la fiscalización de este impuesto es compleja. “Es probable que, entre los declarantes, los principales riesgos de evasión sean la omisión y la subdeclaración de activos. En la medida en que la administración tributaria reciba abundante información de terceros, se podrán detectar potenciales omisiones de los principales activos”.

Sin embargo, añaden que “debe tomarse en cuenta que existirán dificultades respecto de activos como las obras de arte, las antigüedades y los bienes muebles sin registro público. Puede resultar más complejo el tema de la subvaloración de activos para los que no existe información de mercado, lo que abriría un espacio para las controversias, que deberían ser resueltas con los mecanismos tradicionales que consideren los códigos tributarios de cada país”.

En el informe se plantea que para aplicar un impuesto como este “es importante considerar la interacción de este impuesto con los otros impuestos sobre la propiedad, como el impuesto predial y el impuesto de herencias y donaciones, de tal forma de tener un diseño coherente, que evite la doble tributación de algunos activos o la nula tributación de otros”.