Un análisis sobre el funcionamiento de los incentivos tributarios para las donaciones en Chile llevó a cabo el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica (UC), tomando el periodo transcurrido entre los años 2005 y 2022.
El informe, realizado por el director del Centro de Políticas Públicas UC, Ignacio Irarrázaval, y por el investigador UC Pedro Bas, explica que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en Chile “juegan un papel crucial en la atención de necesidades sociales que no son completamente cubiertas por el Estado o por los privados, dependen de diversas fuentes de financiamiento, una de ellas las donaciones”.
Al respecto, detalla que, “las organizaciones de la sociedad civil, para su funcionamiento, consiguen financiamiento a través de tres fuentes principales: los ingresos propios, los aportes del Estado, y la filantropía, que es el foco de este documento. Las donaciones pueden ser o no registradas en el SII (Servicio de Impuestos Internos); en el caso de que lo sean, podrían tener la oportunidad de acceder a incentivos tributarios”.
¿Qué incentivos? El reporte puntualiza que hay dos incentivos tributarios. El primero consiste en la deducción de la donación o parte de esta como gasto especial, lo que permite rebajar de la base imponible la totalidad o parte de las donaciones, resultando en una menor tributación. El segundo incentivo es el crédito tributario, que permite imputar directamente parte del monto donado, del impuesto total a pagar.
“El incentivo tributario al que pueda acogerse el donante depende del objetivo de la donación, así como de la existencia de una ley específica que ofrezca estos beneficios. Dentro de estas leyes se encuentran aquellas que solo pueden rebajarse como gasto”, señala el estudio. Y enfatiza que aunque las donaciones constituyen una porción menor del financiamiento de las OSC (15%), son esenciales para la independencia financiera y la flexibilidad operativa de estas organizaciones.
“Los incentivos tributarios para donaciones cumplen un doble propósito: fomentar mayores niveles de donaciones y alinear el comportamiento de los donantes con el interés público”, sostienen sus autores.
De acuerdo al reporte, desde 2005 y hasta 2022, el monto de donaciones para tales organizaciones aumentó 2,8 veces en términos reales. “El aumento no es sólo ligado al crecimiento económico del país, ya que su proporción del PIB también aumentó de manera significativa, pasando de representar alrededor del 0,07% del PIB a cerca del 0,12%. Aunque la tasa de crecimiento de estos montos ha fluctuado en el tiempo y las donaciones disminuyeron el año posterior a la pandemia, los montos de donaciones han mantenido un ritmo continuo de crecimiento”, indica.
Sin embargo, advierte que aún con ello, “siguen siendo representando una parte muy pequeña de la economía. En países de cultura anglosajona como Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Reino Unido, las donaciones representan más del 0,5% del PIB (Ocde 2020)”.
Para Irarrázaval, “si bien no hay una correlación estadística, el análisis muestra que en la medida en que crece el PIB del país, el volumen de donaciones aumenta. No obstante, el monto de donaciones actuales en Chile está muy por debajo de la mediana de las donaciones respecto al PIB de los países desarrollados. Se debería esperar un mucho mayor nivel de donaciones y solidaridad en Chile en el futuro”.
Otro antecedente que los autores suman en este análisis es que el aumento en las donaciones de las personas naturales “ha sido muy significante”, pero siguen representando una proporción pequeña de las donaciones totales, con cerca de un 15% del total.
Por su parte, plantean que “aún cuando el número de empresas donantes no ha aumentado de manera relevante, sus montos donados han aumentado más de 2,4 veces entre el 2005 y el 2022. Es importante destacar que el crecimiento que se ha dado en el número de empresas donantes se explica en parte importante por el aumento en empresas pequeñas”.
Las razones
En relación con qué explica el bajo porcentaje de donaciones en Chile, Irarrázaval argumenta que, “las leyes son algo engorrosas y existe la aprensión por parte de los donantes de quedar sujetos a una sobrefiscalización por parte de la autoridad. Aquí tenemos un problema, pues la donación es un proyecto de bien público que el Estado de Chile, a través de diversos mecanismos, desea ampliar o potenciar, es decir, es parte de una política pública”.
Por lo mismo, manifiesta que, “los servicios públicos (incluido el SII) deberían colaborar en la implementación y favorecer esta vía como un camino para potenciar la capacidad de acción de nuestra sociedad en aras del bien común. Obviamente, con los resguardos pertinentes”.
Y afirma que, “para que haya más donaciones, más que nuevos mecanismos o leyes, se requiere mayor agilidad en los procesos de certificación y trámites relacionados”.
También el estudio sostiene que se necesitan leyes más simples. “En 2022, un 45% de las donaciones se realizó a través de la ley de rentas municipales, la que aplica exclusivamente para empresas y solo permite rebajar la donación como gasto tributario, es decir, no genera crédito fiscal”.
Agrega que “esta ley es preferida por la mayoría de las empresas, porque contiene menos requisitos que el resto, aún cuando donar a través de esta ley genera un máximo de 27% de reducción tributaria, comparado con montos muchos mayores en leyes que permitan rebajas a través de créditos tributarios”.
