El gobierno lanzó hace una semana su plan de subsidios al empleo por un período de seis meses. Dicho programa tiene dos ejes: mantener en sus labores a quienes hayan estado acogidos a la Ley de Protección y otro focalizado a la contratación. El universo total al que aspira el Ejecutivo asciende a entre 1 millón y 1,3 millones. Sin embargo, un informe realizado por Hermann Consultores refuta esos cálculos.

De acuerdo al reporte de Jorge Hermann, exjefe de la División de Estudios del Ministerio del Trabajo, los potenciales beneficiados llegarían a un máximo de 550 mil personas.

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¿Por qué? Según detalla Hermann, en relación al “subsidio regreso”, se debe tomar en cuenta las condiciones de duración de la suspensión de contratos por actos de autoridad y mutuo acuerdo, para cuantificar a este grupo de trabajadores. “En base a la información de la Superintendencia de Pensiones, el número total de trabajadores con solicitudes aprobadas por suspensión de contrato (acto de autoridad y mutuo acuerdo) fueron 749.747 personas acumuladas al 20 de septiembre del 2020. A su vez, en base a información del Ministerio de Trabajo, 481.466 solicitudes fueron revocadas por la reanudación de la relación laboral, término de la relación laboral u otro. Por lo cual, las solicitudes vigentes son 268.281 trabajadores”, detalla el economista. Así, el universo para ese subsidio son los 268.281.

Ahora, para el subsidio a la contratación, menciona que en base a la información de la Superintendencia de Pensiones, se observa que los cotizantes del Seguro de Cesantía cayeron desde 4.708.074 en junio del 2019 a 4.353.256 en junio del 2020, es decir, un descenso de 354.818 trabajadores. Además, señala que “dada la importante reactivación de la actividad económica, con un 5,5% de crecimiento en el 2021, es esperable que a fines de ese año se recupere en cierta forma el número de trabajadores en una cifra en torno a las 4.700.000 personas”. Por ello, ve que los potenciales beneficiados de este subsidio llegarían a unos 340 mil. Adicionalmente, se debe considerar que la remuneración bruta tope es $961.500, lo que implica que el 90% de los trabajadores están por debajo de dicho monto. Y, por ello, unos 60 mil trabajadores quedarían fuera por tener ingresos superiores al tope previsto por el gobierno.

De esta manera, entre los dos subsidios, el universo de potenciales beneficiados que proyecta Hermann llega a los 547.453, lejos de las proyecciones del gobierno.

Costo fiscal

En relación al costo fiscal, el documento menciona que en el subsidio regreso se considera un valor de $160.000 y el número de beneficiarios en 268.281 trabajadores por seis meses, lo que implica un costo fiscal de US$297 millones. Adicionalmente, en el subsidio a la contratación se considera los montos máximos de $250.000 para hombres, que representan el 57% de los cotizantes totales y $270.000 para mujeres, jóvenes y personas con discapacidad, igual al 43% del total, porque la remuneración promedio de los cotizantes hombres es $880.000 y en las mujeres es $740.000 en el 2019, lo que genera que, en promedio, se pague el tope máximo de subsidio llegando a un costo fiscal de alrededor de US$608 millones. De esta manera, el costo fiscal total del subsidio al empleo sería de US$ 905 millones, menor a los US$2.000 millones que el gobierno destinó para este programa.

Debido a que quedan recursos disponibles, Hermann entrega algunas recomendaciones para la discusión, una de ellas es la extensión del subsidio: dado que el costo fiscal estimado es la mitad del monto destinado para este programa (US$ 2.000 millones), “es bastante factible extender la fecha de término del subsidio de empleo desde el 31 de marzo al 31 de diciembre del 2021”.