Informe revela que la mayoría de los países de Latinoamérica no tiene una ley Fintech

Aunque Latinoamérica experimentó un crecimiento exponencial de las Fintech en los últimos años, en la mayoría de los países de la región no hay una normativa específica para este sector, reveló un estudio realizado por los miembros de la plataforma Compliance Latam.

En concreto, Chile, México y Ecuador tienen normativas específicas, pero otras naciones como Argentina, Costa Rica, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Colombia aún carecen de una. En el documento, titulado “Guía Comparada sobre Fintech”, se hizo una actualización sobre el estado del avance en las normativas, problemáticas actuales, experiencias comparadas y los principales desafíos para empresas del rubro. Sobre estas diferencias en los países de Latinoamérica, Rodrigo Albagli, socio de Albagli Zaliasnik (az), la firma encargada de realizar la evaluación para Chile, comentó que es difícil pretender que este tipo de industrias queden completamente reguladas.

“En Chile ya se han dictado algunas normas y se encuentran en discusión e implementación otras, por lo que tampoco es que exista una falta absoluta de mecanismos de control. Sin embargo, como en todo orden de cosas, la regulación siempre avanza más lento que la realidad”, enfatizó.

Para el abogado, las innovaciones tecnológicas avanzan con rapidez, así cualquier materia que se intente regular podría quedar atrás. “Ese puede ser uno de los motivos por los cuales Latinoamérica recién está empezando a preocuparse de normas que regulen estas nuevas industrias. Lo importante es que esas discusiones se tengan y se consideren todos los aspectos que implican, al momento de sentarse a regular. Es una industria nueva, diferente y, por tanto, se deben tener en consideración sus factores inherentes para que la regulación no se convierta en un obstáculo a la inversión”, detalló.

De acuerdo con la información recopilada por Compliance Latam, esta sería la situación en los países evaluados:

La llamada “Ley Fintech” fue publicada en enero de 2023. Su foco es fomentar la competencia y la inclusión financiera mediante la innovación y la tecnología en la prestación de servicios financieros.

Albagli destaca que se debe “poseer experiencia pertinente en la supervisión de este tipo de mercado, especialmente en lo relacionado con la salvaguardia de datos personales, la protección del consumidor, la prevención del lavado de activos, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y, en cuanto a ciberseguridad e inteligencia artificial”.

En 2018 se publicó la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera o “Ley Fintech”, que tiene como objetivo, entre otros, brindar certeza jurídica a los usuarios de servicios financieros en plataformas digitales y regular los servicios prestados por instituciones de tecnología financiera, así como su organización, operación y funcionamiento.

Pedro Said, socio de Basham, Ringe y Correa, planteó que “todavía se requiere un mayor desarrollo normativo y adaptación al mercado para brindar la máxima seguridad en la oferta de sus servicios”.

En Argentina no hay una regulación integral o ley Fintech, aunque sí diversas regulaciones emanadas de diferentes autoridades. Si bien no existe una regulación específica, hay un marco normativo aplicable a las actividades fintech, compuesto por reglas civiles de fondo, disposiciones del regulador administrativo, así como de usos y costumbres del mercado.

Daniel Levi, socio de Beccar Varela, aseguró que “la incertidumbre regulatoria ejerce una influencia constante en el avance de diversas industrias, y el ámbito fintech, no una excepción”. Y añadió: “La falta de un marco regulatorio integral genera distintos escenarios en los cuales algunos participantes de la industria se manejan en una suerte de gris normativo cuando estos preferirían normas claras y previsibles”, aseveró.

En este país no existen leyes especiales que regulen la industria y sólo cuentan con unas pocas regulaciones como, por ejemplo, el Reglamento del Sistema de Pagos Electrónicos emitido por el Banco Central, el cual permite a este tipo de entidades participar de dicho sistema.

Andrés López, Partner de BLP Costa Rica, resaltó que el objetivo está en que las “Fintech, los bancos, el Banco Central y los reguladores, sean estos SUGEF y la Superintendencia General de Valores, principalmente, puedan llegar a consensos que permitan elaborar y operar una regulación que, sin ser demasiado restrictiva y detallada, permita la seguridad de los consumidores y los participantes en el mercado”.

En diciembre de 2022 fue promulgada la Ley Orgánica para el Desarrollo, Regulación y Control de los Servicios Financieros Tecnológicos. Pedro Gómez de la Torre, director en Bustamante Fabara, destaca que “el ingreso de los servicios financieros digitales en el Ecuador ha sido un reto para la creación de regulaciones que permitan un establecimiento adecuado de las empresas Fintech”.

Considera que “las entidades reguladoras determinadas en la Ley Fintech deberán empezar a elaborar normativas que formen un ambiente propicio” para el desarrollo y correcto de desenvolvimiento de este rubro.

En Perú no hay una ley general en materia de Fintech, aunque sí optó por una regulación que está avanzando por etapas. “La futura regulación deberá considerar la rapidez y flexibilidad que caracteriza a la tecnología, así como también los potenciales riesgos que trae, y deberá encontrar un balance, evitando caer en la sobre regulación o barreras burocráticas excesivas que ralenticen el desarrollo del mercado Fintech en el Perú”, dijo Giuseppe Manini, socio de CPB Abogados.

Hasta la fecha, Bolivia no ha normado ni regulado a cabalidad lo que se conoce y entiende como Fintech. “El consumidor financiero boliviano, en su mayoría, está acostumbrado al uso de la banca tradicional (entidades financieras tradicionales) y no así al uso de nuevas herramientas tecnologías y financieras”, explicó Santiago Rodríguez, asociado senior de Ferrere Bolivia.

No existe un marco legal definido, pero Paraguay reconoció el auge de las Fintech y está buscando adaptarse a este fenómeno de diferentes formas. Así, hay diversas regulaciones con impacto directo en la operación práctica de las Fintechs en el país. “El índice de bancarización es un área de preocupación. Con solo el 48,6% de la población con acceso a una cuenta bancaria, Paraguay tiene un largo camino por recorrer para alcanzar estándares más altos de inclusión financiera, especialmente cuando se compara con otros países de América Latina”, afirmó Carlos Codas, socio de Ferrere Paraguay.

En Uruguay no existe una ley especial que regule específicamente las fintech. En su lugar, estas empresas operan bajo la regulación existente aplicable a los servicios financieros tradicionales, lo que significa que deban cumplir con las leyes y regulaciones financieras generales que se aplican a las instituciones financieras tradicionales.

Tampoco cuenta con una regulación integral para las Fintech y se optó por proporcionar mecanismos e incentivos a través de la regulación para la integración ordenada de las innovaciones financieras en el sistema financiero colombiano.

Julián Aguirre, director en Posse Herrera Ruiz, mencionó que este país tiene enormes desafíos en materia de educación financiera y, por ende, en ejercicio de la inclusión financiera. “Las Fintech deberán considerar la gestión de herramientas y recursos educativos para ayudar a los consumidores a mejorar su conocimiento de los productos y servicios financieros de manera transparente e informada”, agregó.