Inmigrantes: Estudio revela que la principal barrera que tienen los extranjeros para regularizarse es la demora en los trámites

“A quienes estén en situación irregular o se regularizan o se van”. Esa fue la frase que lanzó hace unas semanas el Presidente Gabriel Boric cuando visitó la Región de Antofagasta. El avanzar en la regularización de los inmigrantes es un tema prioritario para esta administración, según lo que ha dicho el gobierno. Por ello, por un lado, están trabajando en la Política Nacional de Migración que busca una mayor integración e inclusión de los extranjeros que vengan a contribuir al país.

A ello se suma lo que está realizando el Servicio Nacional de Migraciones, el que diseña un plan para acelerar la entrega de visas laborales, que consiste en establecer un sistema donde una persona desde el extranjero, que postule a una visa, pueda optar al mismo tiempo e idealmente en el mismo formulario a una oferta de empleo. Ambas medidas todavía están en fase de elaboración y por ello, este sigue siendo uno de los principales problemas que tienen los inmigrantes cuando llegan al país.

Así lo reveló el estudio “Inclusión laboral según género de los migrantes en Chile” que realizó el Centro Nacional de Estudios Migratorios de la Universidad de Talca, en conjunto con el Instituto Católico Chileno de Migración y la Fundación Madre Josefa.

Entre los principales resultados muestran que el 54,2% de los hombres y el 54,4% de las mujeres, dice que la larga espera para recibir los resultados en el proceso de regularización es la principal barrera para mantener una situación migratoria al día.

Medardo Aguirre, director del Centro Nacional de Estudios Migratorios de la Universidad de Talca, sostiene que “esta demora tiene como consecuencia que muchas personas tengan que trabajar de manera irregular y por ello, es necesario que este proceso se acelere, pues el hecho de que estén regularizadas es provechoso tanto para ellos como para el país”.

El exdirector del Servicio Nacional de Migraciones y actual director del Observatorio de la Migración responsable, Álvaro Bellolio, indica que se debe “separar lo que es la irregularidad por ingreso clandestino, es decir, quienes se niegan a postular a una visa desde el exterior y entran de forma ilegal a Chile sin presentar antecedentes penales, y aquellos que tienen sus visas vencidas”.

En ese sentido, puntualiza que “la nueva ley de migraciones está diseñada para que se solicite la visa antes de venir a Chile, dando prioridad a la reunificación familiar, y que entren con visa y RUT, y cuando soliciten una prórroga o una permanencia definitiva, la cédula de identidad mantenga vigencia aun cuando el Servicio de Migraciones no otorgue el nuevo beneficio, manteniendo la regularidad, por lo que el plazo, si bien es importante, pasa a segundo plano”. No obstante, afirma, como segundo punto, que “el ingreso clandestino, es más ideológico, porque justificar en la demora a que las personas ingresen a la mala a Chile, significa que se está planteando que a todo aquel que quiera venir a Chile se le debe permitir, lo que es la base de la migración libre y descontrolada”.

La siguiente barrera que mencionan los inmigrantes para regularizarse es el no poder cumplir con documentos que deben ser solicitados en su país de origen. El 27,4% de los hombres afirma que esta es una razón principal, mientras que el 20,3% de las mujeres.

Otro de los datos que muestra el estudio es que el 37,5% de los hombres y el 40,9% de las mujeres plantea que alguien ha dificultado su proceso de inclusión en su último o actual trabajo.

Consultados sobre quién o quiénes han dificultado ese proceso, las mujeres en su mayoría culparon a su jefe directo o empleador (46,2%), mientras que en el caso de los hombres, son los clientes o público de su trabajo (40,6%). Otra respuesta que aparece es que el 24,6% de los hombres y el 24,5% de las mujeres señala que ha sido de parte de algún compañero o compañera de trabajo. También asoma como respuesta que instituciones del trabajo como la Dirección del Trabajo o la Mutual de Seguridad han dificultado el proceso de inclusión. El 13% de los hombres y el 13,2% de las mujeres dio esta respuesta.

Ahora bien, el estudio muestra además que hay un alto porcentaje de cumplimiento laboral por parte de los empleadores. El 73,5% de los hombres y el 61,6% de las mujeres dice que ha recibido siempre un sueldo igual que el de sus compañeros que hacen el mismo trabajo. Y el 86,7% de los hombres y 80,5% de las mujeres ha recibido siempre el pago de su sueldo en la fecha y el monto acordado.

El análisis señala que el 55,8% de los hombres y el 50,9% de las mujeres tiene o tuvo como último trabajo empleado uno del sector privado, y le sigue que el 20,5% de los hombres y 16,6% de las mujeres es trabajador por cuenta propia. En tercer lugar de las respuestas aparece servicio doméstico: en este el 0,5% de los hombres dijo que tuvo esta labor, mientras que el 11,4% de las mujeres.

Dada esta situación, y con el propósito de buscar fórmulas para acelerar la regularización y la inclusión de los inmigrantes, la Vicaría de la Pastoral Social Caritas, junto al Programa de Formación Jurídica de la Universidad Católica, formaron una mesa de trabajo para elaborar propuestas para la política migratoria que alista el gobierno. La idea de estas propuestas es que favorezcan la inclusión sociolaboral de personas migrantes y refugiadas.

En esta instancia participan empresarios, trabajadores, organizaciones migrantes, de la sociedad civil, organismos internacionales, con el acompañamiento técnico de ministerios. “Todas estas entidades coinciden en la necesidad de cumplir con el objetivo de una migración segura, ordenada y regular, y que, en ese marco, la inclusión laboral de personas migrantes y refugiadas es una necesidad imperiosa tanto para la integración local de ellos, como para las propias comunidades de acogida”, sostiene Luis Berríos, director ejecutivo de la Vicaría Pastoral Social Caritas.

Berríos subraya que la primera etapa del trabajo de la mesa “ha logrado levantar 12 propuestas que se organizan en dos grandes ejes: el primer eje lo constituyen las propuestas que abordan la regularidad migratoria y la formalidad laboral de las personas migrantes y refugiadas. El un segundo eje está constituido por propuestas que buscan contribuir a la inclusión social y laboral”.

En el trabajo que lleva esta instancia se ha detectado que para el caso de las personas migrantes en situación regular hay una situación de subempleo, lo que se traduce en que personas calificadas, con competencias laborales específicas, no pueden desarrollar sus capacidades y muchas veces terminan empleándose en trabajos menos calificados en relación a su formación. “Esto se ve en profesionales de la salud que trabajan como cuidadores de adultos mayores, porque no tienen reconocimiento de sus títulos profesionales o técnicos emitidos en el extranjero. Por ello, dentro de nuestras propuestas, está dar urgencia a la dictación por parte del Ministerio de Educación del Reglamento del artículo 143 de la Ley de Migración y Extranjería para el procedimiento de revalidación, convalidación y reconocimiento de títulos” complementa Berríos.

Actualmente, explica que se están presentando estas propuestas a diferentes autoridades y espacios para que sean consideradas dentro de la política migratoria, la que está en plena fase de elaboración.

Berríos puntualiza que las propuestas de la mesa “no buscan ni un perdonazo, ni un proceso extraordinario de regularización, ni fomentar la migración por pasos no habilitados”, sino que más bien “se identifican diversas dificultades que deben enfrentar las personas migrantes y refugiadas que están hoy en Chile para acceder a trabajos decentes, las cuales les sitúan en una situación de riesgo de exclusión social muy alta, particularmente cuando no tienen su situación migratoria regularizada”.

Para el representante de la Vicaría “se necesita que en la política migratoria se pueda vincular la formalidad laboral con la regularidad migratoria y, precisamente, hay varios puntos de las propuestas de la mesa que apuntan en ese sentido”. Entre ellas, se plantea crear un sistema de gestión migratorio con un empadronamiento y número Único Migratorio. Y la creación de un estatus temporal laboral que apunta a la formalidad.