Menos afiliados al sistema de salud están los inmigrantes en el país y menor uso realizan de este.

Así lo muestra el estudio "Desigualdad en Salud: Brechas de acceso y uso entre locales e inmigrantes", de las investigadoras del Centro de Estudios Públicos (CEP) Alejandra Benítez y Carolina Velasco, que es parte del libro Inmigración en Chile: una mirada multidimensional, que el think tank presentan hoy.

Según los datos analizados por las investigadoras, en 2017 un 15,8% de la población inmigrante en Chile no contaba con previsión en salud (muy lejos del 2,3% de locales sin cobertura), proporción que varía de manera importante si se compara según los años desde que están en el país. Aunque el primer año parte importante de los inmigrantes no tiene previsión de salud, la cantidad va disminuyendo fuertemente después del segundo y tercer año. Esto último tendría relación, indican las autoras, con la necesidad de mostrar documentación que acredite fuentes de ingresos para el proceso de permanencia definitiva.

Si bien la mayor proporción de personas sin previsión de salud es algo que se ve en inmigrantes de todos los países de origen analizados, es especialmente relevante en el caso de Venezuela, Haití y Bolivia, con más de 15% de su población en Chile en estas condiciones. Lo reciente de los flujos migratorios desde estos países podría explicar esas mayores tasas, puntualiza el estudio. Particularmente preocupante es la situación de quienes están en el mercado laboral, pero desocupados, cuya tasa sin previsión llega al 30%.

Asimismo, entre las barreras de acceso al sistema de salud, el documento afirma que estaría el bajo conocimiento sobre este sistema, lo que está, a su vez, ligado a menores redes de apoyo en el país.

Los inmigrantes también hacen menor uso del sistema de salud en momentos de necesidad. Según la Encuesta Casen 2017, mientras el 93,6% de los locales dijo que se atendió cuando lo necesitó, ese porcentaje cae a 90,6% en el caso de los inmigrantes. De acuerdo a los datos, tanto para locales como para los extranjeros en Chile que están afiliados a Isapres o Fonasa, la principal razón para no atenderse es la "decisión personal". Sin embargo, entre los inmigrantes que están en Fonasa, los temas económicos cobran relevancia, ya que el 9,6% dijo no asistir por ese motivo, versus 1,5% de los locales.

Entre los extranjeros que no cuentan con previsión, la principal razón que indicaron es no haber podido conseguir hora de atención, lo que podría deberse, dicen las investigadoras, a la falta de información acerca de cómo acceder al sistema o a que son relegados al momento de agendar sus citas.

El estudio muestra que, al momento de realizar la encuesta, el 43,6% de los locales reporta haber asistido a una consulta en los últimos tres meses, en comparación con 27,6% de los inmigrantes. La brecha también se da en la realización de exámenes, con tasas de uso de 19,5% y 13,7%, respectivamente.

Al revisar los datos de la Superintendencia de Salud y de Fonasa, también se observa un mayor uso de los servicios de salud de parte de los locales, en comparación a los inmigrantes. Los datos de Fonasa muestran que el gasto por beneficiario en la Modalidad Libre Elección es de $54.355 para la población local y $29.980 para la inmigrante, y en el Programa de Prestaciones Valoradas $90.305 y $38.836, respectivamente. Estos ítems no corresponden, sin embargo, a la totalidad del gasto de Fonasa, puntualiza el estudio.

Respecto al aporte financiero de los afiliados a Fonasa, la población inmigrante beneficiaria de ese sistema tiene, en promedio, una cotización de $27.407, mientras que la población local cotiza en promedio $29.233.

Otro aspecto relevante de la ola migratoria, es que la cantidad de inmigrantes técnicos y profesionales de la salud anotó un aumento de 20%, entre septiembre de 2017 y el mismo mes de 2018. Mientras, la cantidad de médicos extranjeros subió 56%, llegando a 9.497, lo que representaba a ese mes el 19,6% de todos los médicos del país.

Las autoras plantean que si bien no es posible medir las consecuencias futuras de un menor acceso al sistema de salud, dicen que es plausible que, de seguir estas brechas, se podría ver un impacto en varios aspectos, como su bienestar, calidad de vida, capacidad de trabajo, entre otros. En consecuencia, "se plantea poner énfasis en dos líneas de acción, ambas íntimamente relacionadas: (1) avanzar hacia una mayor cobertura de los seguros de salud en la población inmigrante, particularmente entre quienes están desocupados e inactivos, así como entre quienes se encuentran ocupados, pero sin contrato (cuya falta de afiliación alcanza niveles de 30,3%, 19,6% y 39,3%, respectivamente) y (2) desarrollar estrategias de difusión acerca del acceso al sistema", dice el estudio.

Tal como en el caso de salud, los inmigrantes muestran menores tasas de afiliación al sistema de pensiones, las que van aumentando luego del primer año en el país, según da cuenta el capítulo "La realidad previsional de los inmigrantes en Chile", de Álvaro Cordero.

Asimismo, entre las personas afiliadas, hay una mayor proporción de inmigrantes que son cotizantes que de locales, debido a la mayor participación laboral de este grupo.

La proporción de personas mayores de 65 años pensionadas por vejez (con o sin beneficios estatales) llega a 73,3% en el caso de los locales y a 42,5% en el de los inmigrantes.

Al enfocarse en los pensionados con beneficios estatales, se muestra que para ambos tipos de pensiones con beneficios -Pensión Básica Solidaria (PBS) y Aporte Previsional Solidario (APS)-, se obtiene que los locales presentan una mayor tasa de pensionados respecto de los inmigrantes. Para la PBS las tasas son 27,1% de locales versus 16,7% de extranjeros, mientras que para el APS es 6,6% versus 1,6%. Es decir, los inmigrantes hacen, en proporción, un menor uso de esos beneficios.

Entre las recomendaciones que se hacen en este capítulo del libro, está una mayor coordinación y promoción del cumplimiento de los requisitos de permisos de residencia y otros, para fomentar más formalización y acceso al sistema previsional; la ampliación de convenios de seguridad social internacional; y fortalecer la portabilidad de los recursos de capitalización individual.

María Ángela Zambrano, venezolana (30)

"Directamente el sistema de salud no lo utilizo yo, sino mis hijos que están inscritos en el Cesfam. Lo usamos frecuentemente por la edad que ellos tienen (2 y 3 años) y les corresponden ciertos controles de nutrición, odontología y de crecimiento".

"En mi experiencia personal el trato me ha parecido bueno, se preocupan por atender bien a los niños".

"Encuentro barreras de acceso para los adultos. porque mis hijos sí pueden disfrutar del sistema, pero yo no estoy inscrita, no me otorgaron un rut provisorio de salud, por el status de turista".

Luis Medina, venezolano (39)

"Solo acudo al sistema de salud cuando me siento mal. Al principio tuve un cuadro gripal, asistí, me dieron mi número y el médico me asistió".

"Son bastante cordiales, ya hice las gestiones para que me dieran un rut provisorio, pero esa parte sí tarda un poco. Antes me informaron que duraba un mes, ahora supuestamente dura de uno a dos meses.

Pero el trato con las personas de información y médicos ha sido muy bueno".

Mery Sánchez, venezolana (40)

"Nosotros llegamos acá en mayo de este año y tengo tres niños menores. Fui al Cesfam más cercano a mi domicilio y me atendieron muy bien. Al principio pregunté por el caso mío y de mi esposo y me dijeron que solo ellos tres. Después me pidieron mi pasaporte y me incluyeron a mí, pero dijeron que mi esposo no. Luego me dieron una cita para la trabajadora social y nos incluyó a todo el grupo familiar. Todos tenemos la tarjeta y nos han atendido muy bien".