Hasta el Tribunal Constitucional escaló el conflicto en torno a los 49 edificios de gran altura de Estación Central, algunos de ellos denominados "guetos verticales", cuyos permisos de edificación fueron invalidados por la Dirección de Obras Municipales (DOM) de esa comuna a inicios de este año, tras un dictamen de la Contraloría que establecía que éstos se emitieron contraviniendo la normativa.
Luego que las inmobiliarias afectadas presentaran una serie de recursos de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del dictamen N° 27.918 que actualmente están siendo revisados por la justicia, Inmobiliaria Placilla, representada por el abogado Arturo Fernandois, dio un paso más allá e ingresó al TC un requerimiento para impugnar la potestad legal del contralor para emitir dicha resolución en noviembre de 2018 que obligó a la DOM a invalidar los permisos de edificación.
En concreto, la inmobiliaria plantea que dicha potestad legal que tiene contralor, es inconstitucional, porque suplanta el criterio técnico y urbanístico del director de obras municipales de Estación Central y, además, emite una orden de invalidar el permiso de edificación, actuando sin un procedimiento legal, sin expediente y sin plazos, es decir, sin una defensa por parte de la empresa afectada.
La invalidación de permisos de edificación que se concretó a inicios de este año afectó a varios proyectos de la comuna de Estación Central que se encontraban en construcción, otros incluso terminados y algunos con recepción final. En el caso en concreto de Inmobiliaria Placilla, asegura que se invirtieron más de $1.300 millones en la adquisición de predios con posterioridad a la aprobación del anteproyecto por parte del DOM. Así, en diciembre se desató la vía judicial cuando algunas inmobiliarias afectadas interpusieron recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, con el fin de detener los efectos del dictamen de Contraloría.
La resolución que adopte el Tribunal Constitucional incidiría directamente en el caso de los "guetos verticales". Si se admite a trámite la impugnación y luego se declara admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo del requerimiento y se abrirá un nuevo frente en el caso.
Fuentes explican que, de prosperar el requerimiento ingresado al TC, incidiría en el resultado de la tramitación del recurso de protección que la inmobiliaria presentó en la Corte de Apelaciones, siendo éste eventualmente acogido y dejando sin efecto el dictamen de Contraloría. Esto, porque la Corte de Apelaciones no podría resolver el recurso de protección en que se impugnó el dictamen aplicando la potestad legal del contralor para emitir la resolución que llevó a la invalidación de una serie de permisos de edificación.
A nivel general, otra implicancia a la que se apunta es que si el TC llegara a acoger el requerimiento, "es que el contralor tendría que empezar a ser más prudente con su capacidad de emitir dictámenes", dice una fuente.
Consultado el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Patricio Donoso, dice que "hoy existe un grave problema de incerteza jurídica, que está afectando a los permisos de edificación y a la industria inmobiliaria en general, lo que, a su vez, está jugando en contra de las posibilidades de las personas de acceder a una vivienda". En este contexto, señala, "nos parece positiva toda acción que, como en este caso, busque restituir la certeza jurídica a instrumento que son fundamentales para el desarrollo de los proyectos habitacionales, recurriéndose a instancias que están definidas en nuestro ordenamiento institucional".
