Impulsar cambios tributarios nunca es fácil. Peor aún sin mayoría en el Congreso. El proceso es propenso a ataques no solo por la complejidad inherente del tema, sino también por las exaltadas sensibilidades políticas y de grupos de interés cuando la discusión afecta el bolsillo.

Atendiendo a ello, el gobierno ha tomado una estrategia cauta y realista. Concentró sus fichas en reintegrar el sistema, desechando la contenciosa baja de tasas a la empresa, y levantó medidas de apoyo a pymes, emprendedores y La Araucanía, generando aliados populares.

"Una cosa es escribir un documento, otra hacer una reforma tributaria", fue la elocuente respuesta del Presidente a la más avezada propuesta de Evópoli, que en lo medular agregaba una rebaja de tasa compensada con un peliagudo incremento al gravamen de combustibles.

A la muy necesaria y acertada propuesta del gobierno para integrar el impuesto a las empresas y las personas podría agregarse otra: la integración de la familia al sistema tributario que, además de positiva para el país, seguramente sumaría apoyo popular a su propuesta.

Chile tiene un sistema profundamente individualista, que hace caso omiso a la realidad familiar de cada contribuyente. El global complementario desconoce la familia, a pesar de que nuestra Constitución la reconoce como la base de nuestra sociedad. La razón seguramente recae en la simpleza y eficiencia que implica recolectar impuestos por RUT.

Esto lleva a situaciones con aires de injusticia. Por ejemplo, una madre criando dos hijos y cuidando a su madre enferma debe pagar el mismo impuesto que su vecino soltero, cuando ambos reciben igual sueldo. Ambos perciben lo mismo, pero tienen gastos sociales muy diferentes. El impuesto se llama "a la renta", pero es un gravamen a los ingresos.

Muchos países reconocen la familia cuando cobran los impuestos. En Francia, por ejemplo, se agregan los ingresos por grupo familiar y se dividen por el número de miembros para definir la tasa que se aplicará a la base tributaria de cada individuo. En Alemania, hay descuentos definidos por cada tipo de carga social.

Así, no solo crean incentivos para mantener familias unidas, sino también se les reconoce su rol en la política social. Al fin y al cabo, la mejor pensión es el cuidado de los hijos y la mejor educación es el cariño de los padres. El Estado, en el diseño de sus políticas públicas, debe reconocer el rol fundamental de la familia. El reciente proyecto para crear el Ministerio de la Familia y Desarrollo Social es una buena señal, pero una manera concreta y fundamental sería reconocerla en el sistema tributario.

Poco o nada se ha discutido sobre el impuesto a las personas. Si bien recauda solo 1,6% del producto, muy por abajo del 8,4% promedio de la Ocde y una fracción del 5,2% que recauda el tributo de las empresas en Chile, es un impuesto que, con el desarrollo del país, irá tomando más relevancia y afectando a una mayor parte de la clase media.

Actualmente, de los casi 10 millones de contribuyentes, aproximadamente 2,5 millones pagan impuesto a la renta, apenas un 15% de la población, en contraste con el 50% o 60% de países desarrollados. Sin embargo, al agregar a las parejas, hijos y, cuando sea el caso, padres o parientes extendidos, seguramente nos acercamos al 50% de las familias.

Cambiar el impuesto a las familias también es relevante por su efecto en el margen, por los incentivos que establece. Conocidos son los costos sociales de los divorcios, por ello, resulta conveniente mejorar las condiciones para que las familias se mantengan unidas, no solo por sus eficiencias habitacionales, sino también en el cuidado de los hijos y la familia extendida.

Muchos de los contribuyentes son profesionales jóvenes. Vale recordar que dos de cada tres estudiantes de educación superior han sido los primeros en su familia en acceder a ella. Muchos podrían albergar a padres con magras jubilaciones, pero sale cuesta arriba, especialmente cuando están formando sus propias familias. Una rebaja en sus impuestos puede ser la ayuda necesaria para aliviar esa generosa decisión. Lo mismo se aplica a quienes asumen el cuidado de hijos o parientes enfermos o discapacitados.

Un cambio como este no está exento de dificultades. Sin embargo, implementarlo podría ser menos complejo de lo que parece. No se necesita al burocrático Registro Social de Hogares, pues mentir al Servicio de Impuesto Internos es difícil. No solo por sus multas, también por la cantidad de información que maneja. Especialmente si todas las personas deben declarar su grupo familiar. Cada RUT cuenta solo una vez. Se necesitaría mucha coordinación para engañar a un sistema tan bien informado.

Lo demás, los antecedentes declarados al SII, podrían ser utilizados para la asignación de otras políticas sociales que hoy dependen de mediciones menos precisas, como la Ficha de Protección Social o la simple declaración de ingreso familiar de becas y créditos universitarios, ambas proclives a frecuentes abusos debido a la parcialidad de su medición.

Por último, tal cambio en el impuesto a las personas mejoraría la justicia y equidad, manteniendo la recaudación. También podría prestarse para un rebalance entre el impuesto a la renta de las personas y el IVA, mejorando aún más la progresividad del sistema.

Puede que esta pasada no dé para implementar un cambio de este tipo, pero podría sentar las bases para un próximo ajuste tributario. Los tiempos en política cambian rápidamente y, quién sabe, en una de esas el escenario se despeja para el gobierno y se abre una opción para una modernización más profunda del sistema durante el segundo tiempo de su mandato.