Conocido es el caso de la subcontralora, Dorothy Pérez, quien a fines de agosto del año pasado presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del Contralor de la República, por su destitución de manera ilegal y arbitraria. En noviembre del mismo año, la Corte Suprema falló a favor de la funcionaria, teniendo que restituirla en el cargo.
Una acusación similar es la que deberá enfrentar ahora el director del Trabajo, Mauricio Peñaloza, ya que la exjefa de Unidad de Dictámenes e Informes en Derecho y Subjefa del Departamento Jurídico de la Dirección del Trabajo, Loreto Barrera, interpuso un recurso de protección en su contra por destitución "ilegal y arbitraria", solicitando su reincorporación inmediata.
Según se narra en el documento ingresado al tribunal de alzada, Peñaloza dejó sin efecto la asignación de funciones como Jefa de Unidad de Dictámenes e Informes en Derecho y Subjefa del Departamento Jurídico de la Dirección del Trabajo, a través de un término anticipado de dicha designación a contrata y consecuente designación a contrata en un grado inferior, hasta el 31 de diciembre de 2018.
"El director del Trabajo decidió de manera ilegal y arbitraria removerme de mis cargos; al dejar sin efecto mi designación, asimilándome en un grado inferior sin contar con una resolución que me asigne funciones que justifiquen dicho nivel remuneratorio, sin las correspondientes y debidas garantías e infringiendo la normativa nacional de carácter constitucional y legal, así como la internacional de protección de los derechos humanos", dice el escrito.
Y agrega que "los actos recurridos, además de ser ilegales, son arbitrarios, pues carecen de una debida motivación y justificación y se adoptaron actuando a través de una comisión especial y sin cumplir el debido procedimiento que establece la ley".
Barrera cuenta con 12 años de antigüedad en la Dirección del Trabajo, calificada durante todo ese tiempo en lista 1, es decir, con las mejores calificaciones dentro del sector público, y con vasta experiencia y trayectoria intachable en la institución, según se lee en el documento, donde desempeñó diversos cargos de jefatura desde el año 2011 a la fecha, por eso también las dudas respecto a la destitución de sus cargos.
Dado los antecedentes presentados, y tal como ocurrió en el caso de la subcontralora, Barrera pide dejar sin efecto todo acto administrativo posterior, que suponga la validez de los actos recurridos; restituirla en los cargos de Jefa de Unidad de Dictámenes e Informes en Derecho y Subjefa del Departamento Jurídico; ordenar las restitución de las diferencias de remuneraciones en el evento de verse estas disminuidas a consecuencia de los actos recurridos; dictar las demás medidas que se estimen pertinentes para restablecer el imperio del derecho y garantizar los derechos cuya protección se invoca y condenar al director del Trabajo al pago de las costas.
Desde la Dirección del Trabajo señalaron que "las actuaciones realizadas respecto al caso consultado han cumplido plenamente con todas las normas legales aplicables y así será acreditado en tribunales".
Las partes se encuentran a la espera de la admisibilidad de la causa, sin embargo, ya existe el precedente de la subcontralora, donde la Corte Suprema sentenció que "en las condiciones descritas, el acto impugnado es ilegal y vulnera la garantía constitucional establecida en el N°2 de nuestra Carta Fundamental, la igualdad ante la ley (...) derecho fundamental que fue desconocido a la recurrente".
