Investigación por apagón queda en manos de la SEC, pero sin plazos para definir eventuales multas

Tras la entrega del Estudio de Análisis de Falla correspondiente al blackout del 25 de febrero, por parte del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), comenzó oficialmente la investigación por parte del organismo fiscalizador, que es la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

Si bien el informe, que consta de casi 400 páginas y más de 1.000 archivos, reúne principales antecedentes aportados por las empresas coordinadas, el documento constituye un insumo clave para la investigación en curso. Pero no se trata del único antecedente que tendrá a la vista el organismo fiscalizador. De hecho, a partir de este miércoles las empresas coordinadas disponen de 10 días hábiles para presentar sus observaciones ante la SEC.

Sin embargo, la SEC puede solicitar antecedentes adicionales a todas las partes. Por ejemplo, fuentes cercanas al Coordinador señalan que, por su parte, entregarán los antecedentes que levante el instituto estadounidense Electric Power Research Institute (EPRI) al momento de revisar y evaluar los resultados del EAF. Además aportarán análisis encargados a un grupo de destacados académicos de universidades chilenas que verificarán las causas de la propagación de la falla. A todo lo anterior se agregarán los resultados de las auditorías encargadas por el consejo administrativo del SEC a ISA Interchile y Transelec, las que aún se encuentran en etapa de seleccionar al adjudicatario.

Con todo, el organismo fiscalizador señaló que llevará a cabo un “análisis exhaustivo” a la hora de establecer las eventuales responsabilidades, donde además de las empresas debe investigar potenciales infracciones cometidas por el CEN. Al respecto, en todo caso, no hay un plazo establecido para definir las eventuales multas que correspondan en este caso.

En esa línea, la superintendenta de la SEC, Marta Cabeza, explicó que la investigación “tiene como foco principal esclarecer el origen de la falla que provocó la interrupción del suministro, analizar cómo se propagó dentro del sistema eléctrico, evaluar la ejecución del plan de recuperación del servicio y la efectividad de las acciones implementadas, así como revisar la coordinación realizada por el CEN para restablecer el suministro a los usuarios en el menor tiempo posible”.

La titular del organismo fiscalizador añadió que en paralelo a esta investigación, la SEC lleva adelante una revisión especial respecto a la actuación de las empresas distribuidoras en la atención de pacientes electrodependientes, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los protocolos establecidos para garantizar su seguridad ante interrupciones del suministro eléctrico.

A su turno, el ministro de Energía, Diego Pardow, recordó que “desde el principio fuimos muy claros en que los estándares con los que había funcionado el sistema eléctrico durante el 25 de febrero no eran aceptables, tanto en lo que tiene que ver con la propagación de la falla como en el tiempo de recuperación del servicio”, por lo que, remarcó que “las responsabilidades se iban a hacer valer en el cauce institucional que tenemos para ello”.

La autoridad agregó que el EAF “es el primer paso dentro de este proceso institucional”, destacando que las empresas pueden hacer sus descargos en los siguientes 10 días hábiles. “Sobre la base de esos antecedentes la Superintendencia de Electricidad y Combustibles va a determinar los cargos correspondientes”, subrayó.

Eso sí, Pardow recordó que en paralelo al avance de la investigación, “se realizará la estimación de la energía no suministrada durante las horas del apagón, que permita a la SEC determinar las compensaciones a clientes”.

Javier Tapia, director ejecutivo de la Asociación de Transmisoras de Chile, resumió la posición de las empresas. “Desde un principio hemos reconocido la gravedad del apagón del 25 de febrero y la cuota de responsabilidad que cabe en él a algunos de nuestros asociados”, indicó, junto con remarcar que “el apagón del 25 de febrero no fue el resultado de un error puntual, sino de una falla sistémica”.

Así, afirmó que el EAF “se refiere a algunas debilidades relevantes —actuaciones o decisiones que podrían haber influido en la propagación del evento y en la demora de la recuperación del servicio eléctrico—, pero también pueden existir otras que se presentaron al momento de la falla y no son abordadas en él”, remarcando que el documento “es solo un insumo para el inicio de la investigación”.

“Esta investigación será la que determine las responsabilidades y establecerá las multas y compensaciones que procedan, las cuales están suficientemente descritas en nuestro marco normativo. Lo relevante para nosotros es enfocarnos en sacar las lecciones, para que, ojalá, en un futuro cercano no vuelvan a ocurrir este tipo de eventos”, concluyó Tapia.