Isapres a la espera de decisivo fallo de la Suprema: recursos de protección ingresados en abril se disparan 1.214% en Cortes de Apelaciones por alza de planes

Desde hace varios años la judicialización contra las isapres por el alza de precios en los planes de salud es un dolor de cabeza tanto para la industria como para el Poder Judicial, pues ve ingresar una avalancha de recursos de protección para frenar los incrementos.

Eso parecía haberse terminado luego de que hace casi un año el Congreso aprobó de forma unánime la Ley 21.350, la cual establece que la Superintendencia de Salud será la que defina cuánto es el tope máximo que las isapres podrán subir los precios, cuestión que antes zanjaban las mismas aseguradoras.

A fines de febrero de este año la Superintendencia de Salud estableció que el aumento máximo que podrán aplicar las isapres al precio base de los planes era de un 7,6% para el proceso de adecuación que se inició en junio y termina en julio de 2023. Fue la primera vez que el regulador calculó la variación de costos en el sistema y construyó un indicador, denominado Índice de Costos de la Salud (ICSA), que es referencial y vinculante para las aseguradoras.

Durante marzo, las isapres comunicaron a 2.496.487 usuarios, de un universo de 3.410.405 afiliados, a cuánto correspondía su porcentaje de adecuación, el primer incremento luego de dos años en que no aplicaron alzas de precios y en medio de una compleja situación financiera en la industria, que anotó perdidas por más de $ 137 mil millones en 2021. Según cifras de la Superintendencia de Salud, 1.396.201 personas experimentaron alzas sobre el 6,2%.

Pese a esta nueva ley, nuevamente vino una avalancha de recursos de protección que ingresaron a las Cortes de Apelaciones del país, intentando frenar el incremento.

Casi iniciando junio el superintendente de Salud, Víctor Torres, acudió a la comisión de Salud del Senado, donde comentó que solo en abril habían ingresado un total de 160.742 recursos de protección a las Cortes de Apelaciones del país. Su presentación decía así: “Las estadísticas del Poder Judicial muestran que en abril de 2022 se registraron 148.511 recursos de protección más que en abril 2021, lo que equivale a un incremento de 1.214%”.

Ahí también se señalaba que “razonablemente se puede suponer atribuir este incremento a los recursos ingresados en contra de las isapres a causa del alza del precio base de los planes de salud”. El superintendente puntualizó que el incremento “podría ser explicado claramente por el alza de precio base, porque el año pasado no hubo alza, por lo tanto, no hubo prácticamente reclamos, y hoy habiendo alza de precio base, la cantidad de recursos podrían llegar eventualmente a ser esas. Decimos ´podría ser´, porque no manejamos las cifras del Poder Judicial, son ellos los que podrían eventualmente precisarlo, pero es el razonamiento al que nosotros hemos llegado”.

De hecho, las cifras oficiales que mostró Torres apuntan a que solo hasta el 26 de mayo de este año ya se había superado con creces el número de reclamos por alza de precios base que ingresaron a la Superintendencia de Salud durante todo 2019, o todo 2020. Esto, considerando que al 26 de mayo pasado el regulador había recibido 29.050 reclamos por este motivo. Ello se compara con los 25.673 reclamos que llegaron al regulador durante todo 2019, o los 23.067 reclamos recibidos entre enero y diciembre de 2020, o los 22.353 de 2021.

“Es superior a los años anteriores, incluso que en 2019, siendo que antes teníamos reclamos de alza de precios base durante todo el año, ahora el alza de precio base se concentra hasta el día 31 de mayo (sic), y ha sido bastante superior, así que al menos desde la perspectiva de la Superintendencia no ha habido disminución de los reclamos”, dijo Torres a los senadores el 31 de mayo.

Lo cierto es que esta vez los recursos de protección y los reclamos ante la Superintendencia se han concentrado principalmente entre marzo y lo que va de junio, con su peak en abril, debido a que ahora la adecuación de los precios de los planes de salud se anuncia en el mismo mes para todos los afiliados, a diferencia de antes, cuando el ajuste se concretaba cuando el contrato de cada persona cumplía un año. De esta manera, los casos que ya ingresaron a las Cortes probablemente representarán el grueso de juicios que habrá por esta causa durante todo el año.

La directora de ejecutiva de la Fundación Politopedia, Victoria Beaumont, comenta que por eso mismo se esperaba que hubiera un alza importante de recursos de protección durante abril, ya que las cartas de adecuación por primera vez llegaron a todos los afiliados al mismo tiempo “y eso significaba que íbamos a tener un brote importante de judicialización”.

Además, dice, aporta a este fuerte incremento de causas, que es la primera alza que hacen las isapres después de dos años de congelamiento de precios. Y también, porque el aumento de los planes fue mayor en comparación a otras veces, ya que refleja el alza en el gasto de salud acumulado en tres años, y en un periodo que para las personas puede ser económicamente difícil.

Y las Cortes de Apelaciones del país nuevamente están fallando a favor de las personas y en contra de las isapres, por lo que los casos han ido escalando a la Corte Suprema, entidad que deberá zanjar quién tiene la razón.

Estos fallos sorprendieron a la industria, considerando que el mismo Poder Judicial había pensado que con la ley que se dictó el año pasado, la judicialización se daba por terminada. Así al menos lo dio a entender el 1 de marzo el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, en la cuenta pública que anualmente da inicio oficial al año judicial, en este caso, para 2022.

“Me quiero referir a la ya antigua problemática de los recursos de protección de isapres. Durante el 2021 ingresaron más de 146 mil (146.651) recursos de protección sobre la materia a las Cortes de Apelaciones, en comparación a los 208 mil (208.574) de 2020, lo que representa una disminución de casi un 30% (29,69%). Un parecido comportamiento se experimentó en la Corte Suprema, en que de un poco más de 81 mil recursos de protección ingresados (81.271), algo más de 74 mil (74.808) correspondieron a acciones contra isapres: mucho menos que los 138 mil (138.351) ingresos de esta naturaleza identificados para la cuenta pública del año anterior”, comentó Fuentes.

Y agregó que “en reiteradas ocasiones nuestra institución hizo presente la necesidad de solución legal a esta problemática. Pues bien, en virtud de la Ley N° 21.350, publicada en junio del año pasado, no sólo se congelaron los precios de los planes ofrecidos por las isapres –lo que de paso explicaría las disminuciones de los ingresos de estas causas-, sino también se estableció un sistema de reajustabilidad de tales planes, cuyos montos máximos serán fijados anualmente por la Superintendencia de Salud. Cabe reconocer al legislador haber adoptado una medida orientada a enfrentar este problema”.

Se espera que en los próximos días la Suprema emita el primer fallo en la materia, lo que podría ser decisivo de aquí en adelante para la judicialización de las isapres. Ese es, por estos días, uno de los temas que más preocupa a la industria, ya que señalan que sería “gravísimo” si el fallo termina siendo adverso para las isapres, pues consideran que no valdría de nada la ley que aprobó el Congreso hace casi un año, de forma unánime, sin abstenciones, donde incluso le dieron el visto bueno Gabriel Boric, algunos actuales ministros y el superintendente de Salud.

La gravedad, creen algunos, es que no habría un marco jurídico. Y si la Suprema lo acoge señalan que “es hacerle la desconocida” a una ley que aprobó por unanimidad el Congreso. Además, advierten que la Superintendencia de Salud tampoco ha respondido los reclamos, por lo que no saben qué criterio adoptará, pese a que indican que fue el mismo regulador el que fijó el porcentaje máximo de adecuación. Sin embargo, fuentes de la Superintendencia puntualizan que el proceso de recibir reclamos terminó recién el 31 de mayo, y ahora la intendencia de fondos está en la fase de revisión de ellos. Así, esta semana deberían empezar a salir los fallos, precisan.

Beaumont afirma que el espíritu de la Ley 21.350 “fue precisamente otorgar una certeza jurídica de claridad en la regulación del alza del precio base”, por lo que se le da la potestad a la Superintendencia para fijar el techo del reajuste según algunos indicadores y ponderando el promedio de alzas junto a otras variables. En esa línea, plantea que con este reajuste de 7,6%, la Superintendencia ponderó moderando el alza que debería haberse hecho efectivamente. “Pienso que si eso es bien comunicado, la Corte debería ponderar que el legislativo se hizo cargo de manejar de alguna forma este tema, y la Superintendencia, además, a través de su facultad administrativa, moderó aún más el criterio”.