Las isapres tienen una única visión respecto de lo que implica el plan que tiene el gobierno y la Superintendencia de Salud para poner en marcha el fallo de la Corte Suprema sobre la tabla de factores. Todas coinciden en que ello significa la caída del sistema. Por eso mismo, en la reunión que realizaron los directores de la Asociación de Isapres el miércoles por la tarde, definieron que emitirían una declaración que no dejara ninguna duda al respecto. La industria decidió subir el tono.

Así, después de casi dos días de silencio, este jueves llegó la declaración oficial del gremio frente a la ley corta que ingresó el Ejecutivo al Parlamento. “El proyecto que ha ingresado al Congreso es un engaño: no tiene factibilidad alguna y conduce por la fuerza a un monopolio estatal, dañando el acceso a la salud de todos los chilenos”, partió diciendo la asociación.

Continuaron mencionando que “la propuesta denota una indolencia absoluta con los usuarios del sistema de salud, los beneficiarios de isapre y en particular con los enfermos. Promete rebajas de precio y devoluciones falaces, que jamás llegarían a concretarse, pues su mera aplicación hace imposible cumplir con los contratos, dejando a casi tres millones de personas en la indefensión”.

Es más, señalaron que “la iniciativa disfraza un cierre por secretaría del sistema isapre y el traslado obligado de las personas al Fonasa, que no da abasto para atenderlas. Creemos que las posturas ideológicas no pueden ser impuestas a expensas de los afiliados y del acceso a la salud. Los pacientes no son herramientas políticas”.

Finalmente, afirmaron: “Hemos sobrevivido una cruenta pandemia, combinando los esfuerzos públicos y privados. Esperamos que el Congreso evite una nueva y mayor emergencia sanitaria, y el desmantelamiento del sistema privado de salud”.

El martes, cuando ingresó el proyecto, toda la primera plana ejecutiva de las isapres se volcó a leer la iniciativa. En ese momento, algunos estimaban que faltaba información para saber si el sistema sería viable o no. Otros, en cambio, concluyeron de inmediato que no podrían seguir funcionando bajo esas reglas.

Entre los que tenían esta última postura, la principal preocupación radicaba en la baja de ingresos que les significaría el hecho de tener que reducir el valor de los 600 mil contratos que calculó el regulador para la totalidad de la industria. Eso, según estimaciones que anteriormente ha hecho públicas la Asociación de Isapres, implica una caída de ingresos, proyectada a diez años, equivalente a casi 100 años de utilidades. Sólo por este tema, advierten desde tres isapres, el sistema no podría seguir funcionando.

Las cifras que dio a conocer más tarde el superintendente de Salud revelan que la baja de ingresos sería de un 6% promedio, ya que va desde la disminución de 1% en los ingresos mensuales que pronostica para isapre Esencial, hasta el 10% que proyectó el regulador para Vida Tres. Todo eso, calculado según las cotizaciones mensuales que se dejarían de percibir como porcentaje de las cotizaciones totales de diciembre de 2022. En todo caso, desde la industria calculan que la baja de ingresos corresponde a 10%, considerando la reducción que tendrían que hacer en estos 600 mil planes y el no cobro a los menores de 2 años.

Desde la industria consideran que esa disminución de ingresos es incluso más relevante que las devoluciones, las cuales, de todas maneras, aseguran que no hay forma de pagar. ¿Y por qué la reducción de ingresos es más importante? Porque se produciría antes de que tengan que hacer las devoluciones, y sólo por ese hecho toda la industria caería, sin necesidad de tener que devolver nada.

Durante el miércoles los ejecutivos siguieron analizando el proyecto, se contactaron con sus controladores para reportarles las conclusiones preliminares y agendaron una reunión en el gremio para las 17:00 horas. Pero antes de que pudieran concretar esa cita, a las 15:00 horas los senadores de la Comisión de Salud dieron inicio a la sesión donde la ministra del ramo, Ximena Aguilera, y el superintendente de Salud, Víctor Torres, confirmaron, a su juicio, todos los temores de la industria: el plan que tiene en mente la autoridad no hace viable la continuidad de las isapres.

Así lo concluyeron desde las distintas compañías tras conocer que efectivamente el regulador calcula que deberán devolver US$1.400 millones a sus afiliados. Una vez que tuvieron esa información, los ejecutivos de las isapres nuevamente tomaron sus teléfonos para contactar a los controladores y revelar las malas nuevas.

Uno de esos ejecutivos comentó que su controlador entiende que este es un proceso legislativo y que los planes pueden cambiar durante la tramitación del proyecto, por lo que tienen claro que hay que esperar para ver cómo termina todo. Pero también dice que a nivel internacional evalúan que las señales que se están entregando son confusas, y ven al gobierno con desconfianza. De igual forma, revela que se han reactivado los trabajos de un eventual proceso ante el Ciadi.

En la reunión que realizaron los directores de la Asociación de Isapres durante la tarde de este miércoles los ánimos no fueron buenos. Fuentes que están al tanto de los temas que se trataron en la cita señalan que, además del fondo del asunto, se habló respecto a los calificativos que usó el gobierno sobre las isapres. En especial, en relación a la minuta del Ejecutivo que asegura que “la situación actual no es responsabilidad del gobierno ni del Congreso, sino de las propias isapres, que siempre se han opuesto a los cambios, y que han hecho del abuso una manera habitual de actuar, sea por alzas de precios, negativa o restricciones de cobertura o términos de contratos”.

Desde la industria estiman que, lo que siempre dijo el gobierno respecto de que estaban buscando la viabilidad del sistema, no era cierto. Y advierten que el anuncio de este miércoles así lo confirma.

En el Ejecutivo en tanto, fue el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien se refirió este jueves a la ley corta de isapres, y dijo que con el proyecto el gobierno busca dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema y que no genere el fin de la industria. “Se trata de generar una situación donde sea abordable efectuar estas devoluciones, sin colapsar el sistema. Ese es fundamentalmente el propósito del gobierno”, aseguró.

Respecto a las críticas contra el proyecto que apuntan a que se está empujando a los afiliados del sistema privado al público, Marcel sostuvo en T13 Radio a que “la migración de afiliados desde isapres a Fonasa se ha venido produciendo gradualmente en el tiempo. No es algo que se busque inducir. Lo fundamental es que hay un fallo muy trascendental de la Corte Suprema que hay que cumplir”.

De esta forma, el secretario de Estado descartó que la migración entre sistema privado y público de salud sea algo que el gobierno quiera inducir, y señaló que el efecto que pueda tener el cumplimiento del fallo “en cuanto a las decisiones que van a tomar las personas respecto a qué sistema tienen que estar afiliados, es simplemente una consecuencia”.

“Ese fallo tiene una serie de efectos secundarios y el proyecto se hace cargo de esos efectos. Pero el origen de todo esto es el fallo”, agregó.