Isapres advierten que metodología del gobierno para cumplir fallo “es inviable” y que “equivale a casi 100 años de utilidades”

El gobierno aún no define una fecha para presentar la ley corta de las isapres, a poco más de un mes de que se cumpla el plazo estipulado en el fallo de la Corte Suprema. La ministra de Salud, Ximena Aguilera, dijo que la iniciativa está en revisión, y que la entregará lo antes posible. En medio de este escenario, desde la asociación de isapres expresaron su preocupación y advirtieron que la metodología que impulsa el gobierno equivale a casi un siglo de utilidades del sector y que es inviable.

“Quedando solo semanas para cumplir el fallo de la Corte Suprema, que ordenó uniformar el sector Isapre bajo una única tabla de factores, hemos conocido la decisión del gobierno de implementar la sentencia de una forma que conduce al colapso de gran parte del sistema privado de salud, perjudicando no solo a los afiliados, sino al sector salud completo”, dijo el gremio en su declaración.

Y agregó que “estimados los costos hacia el futuro, la metodología que pretende impulsar el Ejecutivo equivale a casi 100 años de utilidades. Es inviable, e incumple la promesa del gobierno de proteger las coberturas de los beneficiarios, pues dichos montos son 10 veces el patrimonio de las isapres y no pueden generarse, independiente de los plazos que se proyecten”.

Aguilera indicó ante la Comisión de Salud del Senado, que no se descarta pedir una ampliación del plazo para cumplir el fallo sobre aplicación de tablas de factores a la Corte Suprema. Desde el gremio asegurador indicaron que la propuesta que prepara el gobierno desbarata el sistema de salud privado.

“La propia Corte Suprema, tras fijar este nuevo criterio de operación, ha enfatizado que las soluciones no deben desbaratar el sistema privado. Pero la propuesta del Ejecutivo causa eso y más: restringirá el derecho constitucional de elección entre un sistema privado y uno público, empujando hacia un monopolio estatal de salud, de facto, muy lejos del ordenamiento requerido en la sentencia, para la cual existen interpretaciones factibles que no fuerzan un cierre administrativo y que el gobierno conoce”, señaló el gremio.

Agregó que “las isapres hemos informado reiteradamente al gobierno sobre los alcances y efectos irreversibles que tendría el persistir en esta propuesta. Contrario a la experiencia en materia de salud, el proyecto que iniciará su debate no tiene lógica sanitaria ni persigue mejoramiento alguno. No comprendemos, más allá de la captura política que ha marcado su definición, por qué se impulsa, aún a riesgo de menoscabar el acceso a la salud de todos los chilenos, haciendo partícipe al Congreso y pretendiendo endosarle responsabilidad en una eventual crisis sanitaria”.

Por último, piden que la propuesta del gobierno en la materia permita cumplir el fallo, manteniendo al sector privado de salud.

“Como responsables de las coberturas de casi tres millones de afiliados, creemos que el fallo no puede ser transformado en un perjuicio para afiliados y pacientes, con la fórmula propuesta todos pierden. La salud debe pesar sobre cualquier consideración ideológica, y eso pasa por buscar un mecanismo que permita cumplir el fallo, manteniendo el funcionamiento del sector privado de salud”, puntualizó.

Si de acuerdo con los cálculos preliminares -en el peor de los escenarios- las aseguradoras deberían devolver US$1.400 millones, la proyección que Aguilera presentó la semana pasada al oficialismo bajaba este monto a US$140 millones, lo que implicaba una rebaja de 90%. Pero, esta primera propuesta de Aguilera a La Moneda, recibió un portazo sin dobles lecturas.

Además, esta fórmula que se trabaja para hacer frente a la crisis de las isapres, reveló las diferencias que existen entre la secretaria de Estado y el superintendente de Salud, Víctor Torres, respecto de su contenido.