Tanto la nueva Constitución como el programa de gobierno de Gabriel Boric proponen cambiar el sistema de salud por uno donde no existan las isapres. Pero lo cierto es que tal vez no sea necesaria una ley para que eso ocurra, ni que se apruebe la nueva Carta Magna.

Diversos actores del sector aseguran que tan pronto como este año podría caer una o más isapres si no se hace nada para evitarlo. Eso implicaría que muchas personas terminarían en Fonasa, sin poder reingresar a otra aseguradora, y por tanto, quedando cautivos en el sistema público, al no haber una una ley que defina una transición entre uno y otro sistema. Además, advierten que podría generar un efecto en cadena con otras isapres, o las mismas clínicas.

Las isapres también le han transmitido su preocupación al superintendente de Salud, Víctor Torres. Según Ley del Lobby, en junio se juntaron con el regulador altos ejecutivos de Banmédica, Consalud, Colmena, Cruz Blanca, y Nueva Masvida, todos en distintas reuniones.

“Efectivamente sí podría caer una isapre”, comenta el director del Instituto de Salud Pública de la UNAB, Héctor Sánchez. “Sin duda que la situación del sistema de isapres es muy, muy complejo, lo que puede significar la caída de alguna o algunas isapres”, señala, a su vez, el exsuperintendente de Salud, Patricio Fernández. Y la Asociación de Isapres dice que “todas están en un riesgo tal, que alguna podría ser forzada a terminar operaciones en los próximos meses”.

Esta decisión de subir el tono al interior del gremio, no fue algo al azar. Desde hace varios años las isapres vienen alertando sobre las dificultades que tienen para operar de forma adecuada en el sistema. Pero recién ahora ven que la situación se ha vuelto insostenible, porque a todos los problemas que arrastran desde hace tiempo, se han sumado otros en el último mes, que les han hecho pensar que esto ya no tiene vuelta atrás. Y en eso, culpan en gran parte a la actual Superintendencia de Salud.

Desde la Asociación de Isapres plantean que el sector, “como cualquier otro, necesita reglas claras para operar. Se requiere la certidumbre básica de que las normas que rigen no van a ser desconocidas por el regulador, como ocurrió recientemente con la Superintendencia de Salud y la Ley 21.350, donde vimos que el superintendente desconoció el mecanismo de cálculo que ellos mismos trabajaron, conforme a una ley votada en forma unánime para terminar con la judicialización (del alza de planes)”.

Agregan que “el gobierno ha propuesto abiertamente que quiere transitar a un sistema de salud estatal, pero eso es distinto a lo que las isapres están enfrentando ahora y que son acciones impulsadas por la Superintendencia de Salud que terminan aceleradamente con el sector y fuerzan una crisis que, en cosa de meses, puede afectar a tres millones de personas que están en isapres y a las 15 millones de personas que pertenecen a Fonasa, porque un colapso en el sector necesariamente va a impactar a todo el sistema”.

El año pasado todas las isapres cerraron con pérdidas. En total las mermas fueron por $150 mil millones. A marzo de este año de nuevo anotaron pérdidas que superaron los $21 mil millones, encadenando cinco trimestres consecutivos, y proyectan que seguirán así todo 2022. En este contexto, han tenido que bajar costos y hacer aumentos de capital para poder cumplir con los indicadores mínimos que les exige el regulador. De no hacerlo, implica que la isapre cae y la Superintendencia designa un interventor.

El año pasado Inversiones La Construcción (ILC), holding que controla a isapre Consalud, realizó ocho aumentos de capital para la isapre por un total de $90 mil millones, cifra que es superior a todas las utilidades que consiguió ILC en 2021, cuando reportó un resultado de $88.419 millones. En 2022 ha continuado y en total van $26 mil millones. Por ahora son los controladores los que, en su mayoría, están sosteniendo la operación, pero la pregunta es hasta cuándo. El acceso a créditos también cada vez es más restrictivo.

Fuentes de la banca aseguran que, en general, la estrategia es no aumentar posiciones en el sector y en lo posible garantizar lo actual. De todas formas, las líneas entregadas con anterioridad se seguirían cursando.

No hay una única razón que explique la compleja situación financiera que hoy viven las isapres. Son varios factores. Uno de los que les ha pegado de manera más permanente en el último tiempo es el alza del gasto en licencias médicas. En 2018 subió 18% respecto al año anterior, hasta los $517.172 millones. En 2019 el incremento anual fue de 15%. En 2020 aumentó 27% y en 2021 creció 25%, hasta los $ 944.735 millones. Este año proyectan que las tasas de crecimiento no menguarán.

A esto hay que sumar el aumento del costo de la salud, que según cifras de la Asociación de Isapres, el año pasado fue de 56%, a $2.117.217 millones. Héctor Sánchez cree que “la situación de las isapres es muy crítica financieramente por diferentes razones: la más importante es que no han podido controlar el alza de costos por sus modelos de atención de libre elección de especialista y pago por acto médico; lo que se ha complicado aún más con la pandemia, al dispararse el uso de licencias médicas en el país (Fonasa e isapres) y concentrarse en 2021 y 2022 las prestaciones postergadas en 2019-2020″.

Bajo este escenario, si hasta 2020 la siniestralidad era cercana al 85%, es decir, del total de ingresos que recibieron las isapres, el equivalente a eso se fue a entregar prestaciones y beneficios, en 2021 eso cambió, y el 96,9% del total de ingresos fueron a pagar beneficios, por lo que sumando los gastos de administración, se superó el 100% y, por consiguiente, registraron pérdidas. En el primer trimestre de 2022 estuvo en 94,1%.

Ello implica que sube todos los años el gasto en licencias médicas, los costos de salud, y últimamente la siniestralidad, y sin embargo, durante dos años no pudieron reajustar los planes de salud para compensar al menos una parte de estos mayores costos. Eso se suponía que iba a cambiar este año, luego de que en junio de 2021 se publicó la Ley 21.350 que regula el procedimiento para modificar el precio base de los planes de salud de las isapres. Pero acá es cuando se empieza a formar la tormenta perfecta.

Con esta ley se pensó que acabaría la judicialización contra la industria y que podrían adecuar los planes, ya que ahí se establece que la Superintendencia de Salud será la que defina cuánto es el tope máximo en que las isapres podrán subir los precios, cuestión que antes zanjaban las mismas aseguradoras. Pese a ello, han ingresado miles de recursos de protección a las Cortes de Apelaciones con el objetivo de frenar la adecuación de precios, las cuales nuevamente están fallando a favor de las personas y en contra de las isapres, por lo que los casos han ido escalando a la Corte Suprema.

En este tiempo también han ingresado miles de reclamaciones de los afiliados ante la Superintendencia de Salud. El mes pasado el regulador empezó a emitir los fallos de primera instancia con un resultado desfavorable para las isapres y en línea con lo que han solicitado las personas. El superintendente de Salud tendrá que pronunciarse, como juez de segunda instancia.

Las isapres han acusado que esto abre una incerteza jurídica para la industria. Aseguran que los controladores extranjeros no entienden que no se cumpla la ley. El controlador de Banmédica, UnitedHealth Group (UHG), ya pidió una reunión al embajador de Chile en EEUU, Juan Gabriel Valdés, para transmitir sus inquietudes por este tema.

En marzo, antes del reciente fallo de la Super de Salud, el controlador de Cruz Blanca, Bupa, hizo su conference call con inversionistas sobre el ejercicio 2021. “El desempeño del negocio de isapre se vio afectado por mayores siniestros regulatorios, intervenciones que impactaron a todo el sector, que incluyeron impedir ajustes de primas y exigir extensiones significativas a cubrir durante la pandemia. Para mitigar la impacto de estos cambios regulatorios, reestructuramos nuestro negocio y redujimos costos (...) Permanecemos enfocados en este negocio en 2022 mientras el entorno normativo y político en curso continúa siendo desafiante”, dijo el CFO del grupo, James Lenton.

Sánchez señala que, “dependiendo cómo los tribunales resuelvan la situación se podría agravar aún mucho más la situación actual. Hasta ahora el problema lo han resuelto los dueños con sucesivos aportes de capital, pero esta situación tiene un límite que es diferente de una empresa a otra, por lo tanto, efectivamente sí podría caer una isapre, más aún si el regulador aporta inestabilidad al dar señales de que no está dispuesto a respetar la ley que la propia Superintendencia impulsó ante el Parlamento”.

Fernández dice que “el tema de las licencias médicas, más la decisión que puede eventualmente adoptar la Corte Suprema y el superintendente de ratificar el congelamiento de las alzas, también unido a un posible congelamiento del reajuste del precio GES, pone a las isapres en una situación compleja, y la estructura que tiene la Superintendencia de Salud es absolutamente insuficiente para, eventualmente, hacerse cargo de una liquidación de isapres”.

Desde la Asociación de Isapres afirman que “si la intención de la Superintendencia es terminar administrativamente con el sector isapre, sería bueno transparentarlo para que esto se haga de manera ordenada, sin poner en riesgo a los cientos de miles de personas mayores y pacientes que se verán afectados”. El gremio añade que “sin reglas claras no es posible seguir funcionando y así lo entienden, además, los grupos internacionales que, incluso, fueron parte de las reuniones donde el Presidente Gabriel Boric, encontrándose de gira en Estados Unidos, aseguró que Chile es un país seguro para invertir. La verdad es que, en la práctica, eso no está ocurriendo en este sector”.

Y la historia no termina ahí: esta semana la Super de Salud publicó una circular que según acusan desde la industria, aceleraría aún más los problemas que tienen, y provocaría que el próximo año no puedan hacer ninguna adecuación de planes. La ley 21.350 que se publicó el año pasado establece que para que las isapres puedan subir los planes, deben haber cumplido ciertas metas el año anterior. Ahí hay metas sobre medicina preventiva, donde la Superintendencia puede fijar algunos parámetros. Había una circular vigente para las metas de este año, pero ahora el regulador cambió los requisitos de tal manera que desde la industria dicen que son imposibles de cumplir, y que incluso según lo interpretan, se aplicaría de manera retroactiva, ya que según señalan, la ley estableció metas anuales, y no semestrales. Fernández dice que “tal como está la circular, es altamente improbable que cumplan las metas”.

Sin embargo, según fuentes de la Super de Salud, estarían preparando un anexo que viene de la mano de esta circular que entró en vigencia este viernes, que amortiguaría los efectos que la industria hasta ahora visualizaba. También argumentan desde el regulador que la ley establece que el examen de medicina preventivo debe ser gratuito y en este sentido la circular señala que para efectos del cumplimento de las metas solo se contabilizarán aquellos exámenes de medicina preventiva que sean gratuitos para las personas. Es decir, sean otorgados con copago cero o reembolsando en un 100% .