Isapres alertan que el sistema caería antes de hacer cualquier devolución

Mucho se ha hablado de los US$1.400 millones que el gobierno calcula que tendrán que devolver las isapres por el fallo de la Corte Suprema. Y si bien las isapres han asegurado que esa es una cifra impagable, que haría caer al sistema, lo cierto es que desde las compañías ven que, tal como está la ley corta que ingresó el gobierno al Congreso, el sistema caería incluso antes de que llegue la fecha en que tienen que eventualmente presentar el plan para pagar dicho monto.

Así las cosas, aseguran que aunque tuvieran los US$1.400 millones para poder desembolsar, no llegarían con vida a ese día. Y la razón es una: el proyecto que ingresó el gobierno al Congreso propone que dos meses después de publicada la ley, las isapres tienen que rebajar el precio de los planes que correspondan tras aplicar la tabla única de factores, lo cual aplicaría sobre unos 600 mil contratos. Además, también tendrán la obligación de suspender el cobro por los no natos y menores de dos años de edad.

Sumando ambas cosas, las isapres calculan una caída de ingresos cercana al 10%. Esto contrasta con las cifras que dio a conocer el superintendente de Salud, Víctor Torres, en el Congreso, donde enseñó a los parlamentarios que se produciría una baja de 6% en los ingresos de las isapres. Pero ahí la cifra que se mostró para Cruz Blanca es errónea, ya que el regulador calculó ingresos totales para dicha isapre ($150.832 millones) que duplican los que realmente tiene y los de cualquier otra aseguradora. Esto debería mover al alza la caída porcentual de los ingresos. Aunque en el total, el monto se debería mantener en una baja de ingresos de $31.381 millones, según los números que proyectó el regulador.

De cualquier manera, las isapres advierten que esa caída de los ingresos de $31 mil millones basta y sobra como para que el sistema no pueda seguir funcionando. Estiman que, con una baja de ingresos de ese nivel, incumplirían los indicadores que exige en regulador para que pueda funcionar una isapre.

Sin ir más lejos, el estándar mínimo de liquidez que deben cumplir es de 0,8 veces. A diciembre del año pasado la industria cumplía con ese indicador, ya que estaba en 0,9 veces. Ahí la holgura de liquidez que tenían era de casi $60 mil millones, pero si desde la aprobación del proyecto en adelante empiezan a tener $31 mil millones de menores ingresos todos los meses, significa que entrarían en incumplimiento tres meses después de la rebaja de los planes, lo que implicaría que terminarían siendo intervenidas si es que no realizan un aumento de capital.

Y si bien hasta ahora los controladores de las isapres han hecho aumentos de capital cada vez que ha sido necesario para no incumplir dichos indicadores, esta vez revelan que no estarían dispuestos a hacerlo, ya que la caída de ingresos que acá se propone sería permanente, por lo que aseguran que no estarían disponibles para inyectar dinero todos los meses para sostener la operación de una compañía que no se puede autofinanciar en ningún punto del tiempo. Y todo eso, agregan, es sin considerar que, además, tendrían que desembolsar US$1.400 millones que, según insisten, no tienen cómo pagar.

Bajo este escenario, las isapres estiman que ni siquiera llegarían con vida a la fecha que fijó el gobierno en la ley corta para que presenten el plan de pago de los US$1.400 millones, ya que la iniciativa establece un plazo de seis meses desde la publicación de la ley para que las isapres presenten el plan, y luego de eso, la Superintendencia lo evaluaría junto con el Consejo Asesor técnico y consultivo que crea el proyecto. Pero aseguran que no llegarían al sexto mes con vida. Por eso mismo, estiman que el gobierno está generando una expectativa de devoluciones en la gente que será imposible de cumplir.

Todo lo anterior no tiene que ver con las devoluciones, sino más bien con que la Corte Suprema estableció que las isapres deben aplicar la tabla única de factores a la totalidad de su cartera, y al hacerlo, en caso de que a las personas se les genere un alza en el precio del plan, las isapres no pueden efectuar dicho incremento; pero en caso de producirse una baja en el precio del plan, las isapres efectivamente deben rebajarlo. Eso, según dicen desde la industria, rompió con la lógica que tienen los seguros de mutualización del riesgo.

Bajo este escenario, las isapres aseguran que están muy lejos de poder hacer las devoluciones de la envergadura de la que se ha hablado, en momentos en que además llevan dos años de pérdidas (perdieron $148.464 millones en 2021, y $138.117 millones en 2022), y donde a todo eso hay que sumar que la propuesta del gobierno implica que las isapres dejen de recibir ingresos por $31 mil millones todos los meses por la rebaja de los planes, lo que se traduce en $376.572 millones anuales menos. Esta última cifra es casi cuatro veces mayor que las ganancias de $103 mil millones que tuvo el sistema en 2011, el mejor año de su historia.

Las isapres creen que el problema inicial y de fondo radica en el fallo de la Corte Suprema, pero estiman que el gobierno pudo haber buscado alguna fórmula que les permitiera seguir funcionando y al mismo tiempo cumplir con el fallo del máximo tribunal.

De hecho, recuerdan que la ministra de Salud, Ximena Aguilera, intentó impulsar una fórmula que sí hacía viable el sistema, ya que en vez de generar devoluciones por US$1.400 millones para 725.878 contratos, significaba una devolución de US$140 millones para 70 mil personas.

¿En qué consistía esa fórmula? Actualmente la tabla de factores se usa en dos ocasiones. La primera, es cuando una persona contrata un plan. Ahí se utiliza la tabla de factores para calcular el precio que le corresponde pagar a cada uno. La segunda ocasión, es cuando entra una carga a un plan que ya ha sido contratado.

Así las cosas, la fórmula que se evaluó contemplaba que, en vez de pagar retroactivamente a más de 700 mil personas la diferencia que hay entre el precio del plan al aplicar la tabla de factores antigua versus la nueva, en realidad se vea retroactivamente, desde 2020 a la fecha, cuántas personas tuvieron movimiento de cargas, y a ellos calcularles cuánto significa de diferencia entre la tabla de factores antigua y la nueva.

La idea era dar un plazo de dos o tres años para hacer esas devoluciones, y cumplido ese plazo, una vez que se haya devuelto todo ese dinero, se aplicaría la tabla de factores única para toda la cartera. De esta manera, las isapres tendrían tiempo para eficientar costos y procesos que les permitieran enfrentar la baja de ingresos que les iba a significar la rebaja de los planes. Sin embargo, al interior del gobierno no hubo acuerdo en dicha fórmula y nada de eso prosperó.

Hay otra fórmula que gusta más a las isapres, y que se la propusieron al gobierno desde un inicio. También fue la primera propuesta oficial que hicieron senadores del partido en formación Demócratas, Ximena Rincón y Matías Walker, junto a los senadores de Chile Vamos, Rodrigo Galilea (RN), Francisco Chahuán (RN) y Javier Macaya (UDI), quienes presentaron un proyecto de reforma constitucional para cumplir con el fallo de la Suprema, pero que al mismo tiempo no signifique terminar con el sistema.

¿En qué consiste? Básicamente el precio de los planes de salud está compuesto por dos ítems: el precio base de cada plan, y lo que se determine según la tabla de factores. Lo que ordenó la Suprema fue ajustar sólo la tabla de factores, pero desde las isapres han planteado en reserva a las autoridades una idea que consiste en que se les permita adecuar el precio base de los planes donde tengan que ajustar la tabla de factores, para que así haya una devolución a los afiliados que sería bastante menor o inexistente dependiendo del caso.