Las isapres tienen una única visión respecto de lo que implica el plan que tiene el gobierno y la Superintendencia de Salud para poner en marcha el fallo de la Corte Suprema sobre la tabla de factores. Todas coinciden en que ello significa la caída del sistema. Y este jueves hicieron la primera declaración pública, donde subieron el tono del discurso que venían dando antes.

“El proyecto que ha ingresado (el gobierno) al Congreso es un engaño: no tiene factibilidad alguna y conduce por la fuerza a un monopolio estatal, dañando el acceso a la salud de todos los chilenos”, dijo la Asociación de Isapres. Desde entonces, el presidente del gremio, Gonzalo Simon, se ha desplegado en medios de comunicación para explicar ese mensaje.

¿Por qué decidieron subir el tono?

-Me imagino que la palabra clave aquí es que nosotros dijimos que el proyecto es un engaño, es engañoso, porque el proyecto lo que dice es que esta es la solución para poner en práctica el fallo, manteniendo la cobertura de las personas, sin desbaratar el sistema privado de salud, por lo tanto, sin dañar al sistema de salud completo. Cuando uno ve los efectos del fallo, uno se da cuenta de que lo que se va a producir es todo lo contrario, en el sentido de que las isapres no van a poder seguir funcionando, porque no van a tener los recursos para poder cumplir con las coberturas, y el fin de las isapres es dar coberturas, por lo tanto, no van a poder seguir funcionando, y al no poder seguir funcionando no se va a poder cumplir con el fallo, y evidentemente el daño sobre el sistema privado que se va a generar es tremendo.

El ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, afirmó que las declaraciones de las aseguradoras privadas son “ofensivas e infundadas” y dijo que el actual escenario que enfrentan “no es un problema que haya generado el gobierno”.

-No me parece que sea lo relevante. Aquí hay un fallo que hay que cumplir, y está mandatada la Superintendencia de Salud, lo cual ahora se reafirmó, en el sentido que la Corte Suprema dio un nuevo plazo al superintendente. Y lo que hay que hacer es concentrarse en resolver el problema. Entrar en otros análisis no nos parece que sea oportuno hoy día. No queremos ofender a nadie, lo que queremos es informar.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que la ley corta no hace colapsar al sistema.

-Si el proyecto se aprueba tal como está presentado al día de hoy, no habrá vuelta atrás para el sistema de salud. El costo del proyecto equivale a dos pandemias anuales. Es como que el sistema tuviera que enfrentar dos pandemias anualmente. No se puede hacer. Ninguna industria puede sobrellevar un impacto de ingresos de esta magnitud.

¿El mayor problema es la caída de ingresos que genera la ley corta?

-Siempre se ha levantado el tema de las devoluciones. Las autoridades también se concentran en el tema de las devoluciones. Sin embargo, si miras el artículo dos del proyecto, dice que la adecuación para los nuevos valores se tiene que hacer al mes subsiguiente. El transitorio dice que la circular tiene que salir 30 días después de la ley. Eso quiere decir que se publica la ley, hay 30 días para sacar la circular, y al mes subsiguiente tiene que estar lista la adecuación, están hablando de tres meses, por lo tanto, en tres o cuatro meses se tiene que producir la baja. ¿Cuál baja? La baja que informó el superintendente en la Comisión de Salud del Senado, que son $31 mil millones al mes, esos son $360 mil millones al año. Eso no se puede enfrentar. Eso hace que el sistema quede inmediatamente sin los recursos para poder operar. Entonces, cuando hablan de que van a haber seis meses para que las isapres presenten un plan de devoluciones, yo creo que las isapres no van a llegar a los seis meses para entregar el plan de devoluciones.

¿Van a quebrar antes de eso?

-Claro.

¿Dejarían de cumplir con el indicador de liquidez y tendrían que ser intervenidas?

-Dejarían de cumplir con el contrato con las personas, porque no tendrían los recursos para cumplir con los beneficios. Eso es lo que sucedería. Estarían todos los meses gastando $100, pero recibiendo $90. No podrían cumplir con el contrato. El monto de los $360 mil millones equivale al gasto anual que deben hacer las isapres para enfrentar las intervenciones quirúrgicas y los medicamentos del cáncer.