Isapres rompen diálogo con el gobierno tras prioridad del Ejecutivo para fortalecer Fonasa

Las isapres están a la espera de conocer las instrucciones mediante las cuales se aplicará el fallo que dictó el 30 de noviembre la Corte Suprema, el que ordena aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso, y cuya implementación le corresponde a la Superintendencia de Salud, para lo cual deben revisar 42 mil planes que tienen 995 tablas vigentes.

En paralelo, desde la industria se habían estado reuniendo en una mesa de trabajo con la ministra de Salud (Minsal), Ximena Aguilera, el director de Fonasa, Camilo Cid, además de otras autoridades ligadas al sector, como la Superintendencia de Salud.

Para las isapres, el objetivo de esa instancia en estos últimos dos meses era ver de qué manera se implementaría el fallo y qué medidas podría tomar el gobierno para evitar una crisis del sistema. Sin embargo, luego de la cita realizada este jueves, todo se tensó: la industria golpeó el tablero y decidió congelar el diálogo con la administración del Presidente Gabriel Boric.

Ello responde, comentan fuentes conocedoras, a que las isapres ven que la decisión que tomó el gobierno es que, en caso de que las instrucciones que dicte el regulador sobre el fallo de la Suprema impliquen la caída de una o más isapres, no se hará nada para evitarlo. Y un claro indicio de esto, aseguran, es que el Ejecutivo está preparando un proyecto de ley que presentará en marzo al Congreso con el objetivo de fortalecer Fonasa. Bajo tal escenario, ven que la decisión que tomó el Ejecutivo es dejar caer el sistema.

“A casi dos meses del fallo de la Corte Suprema y tras una nueva reunión de la mesa de trabajo convocada por el Ministerio de Salud, constatamos con alerta y preocupación que el gobierno no tiene a la fecha medidas concretas ni propuesta alguna para abordar la crisis de las isapres, por lo que hemos decidido congelar nuestra participación en dicha instancia”, señaló la Asociación de Isapres mediante un comunicado.

Agregaron que “restan 120 días, conforme al plazo que entregó la Corte Suprema, para definir un mecanismo que evite el colapso de las isapres, afectando a la red de salud completa. Pero la única propuesta que ha esbozado el Ejecutivo apunta a un paquete de reformas al Fonasa”.

Continuaron diciendo que “dicha iniciativa, no evitaría la quiebra de las isapres, sino que traspasa a los afiliados al Fonasa, una vez que se haya desencadenado la caída del sector. Tampoco previene el término de las coberturas de más de 3 millones de afiliados, sino que reacciona tardíamente. Por ello, se debe aclarar si la intención del gobierno es dejar caer el sistema privado de salud, lo cual creemos que es un profundo error del que no queremos ser parte, pues pone en riesgo la vida de personas y genera un daño inestimable a la red de prestadores de salud”.

Desde el Minsal lamentaron “que la Asociación de Isapres abandone el camino de entendimiento y de diálogo propuesto por el gobierno, actitud que solo conlleva a propiciar incertidumbre no fundada en la población”.

Además, criticaron que “la decisión adoptada nunca se comunicó de manera formal al Ministerio de Salud. Habríamos esperado que ello se hubiera dado en el marco de la mesa de trabajo que hemos mantenido (...) cuya reunión de continuidad se dio en el día de ayer (jueves), pero no hubo comentario alguno ni antes ni después del encuentro, sino que el mensaje que se nos entregó fue el interés de seguir desarrollando un trabajo colaborativo”.

En las isapres no cayó nada de bien esa declaración, puesto que argumentan que previo a la declaración pública hubo llamados a las autoridades informando la decisión, así como una comunicación formal enviada por correo electrónico y una carta.

Desde el Minsal también señalaron que siguen abiertos al diálogo, y que continuará “trabajando y explorando todas las medidas administrativas que permiten dar estabilidad al sistema de isapres y sus afiliados, así como puedan dar cumplimiento al fallo emitido por la Corte Suprema. El espíritu del gobierno es que exista colaboración público-privada”.

Y finalizaron diciendo que “seguiremos trabajando para resguardar los derechos de los afiliados de las isapres; que no se sientan desprotegidos, ese es nuestro objetivo central”.

El gobierno está preparando un proyecto sobre la “nueva modalidad de cobertura adicional y modernización de Fonasa”.

Esta es una propuesta que venían trabajando desde hace tiempo en el Ejecutivo y que estaba contemplada para la reforma de salud, según comentan fuentes conocedoras, pero que ahora decidieron enviar por separado, en un proyecto que ingresará en marzo, según dijo este lunes la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo.

Actualmente, Fonasa se divide en dos modalidades. Una es la modalidad de atención institucional, donde obligatoriamente se atiende el tramo A, el cual contempla a las personas carentes de recursos; tiene Copago Cero, y se puede acudir a centros de salud, consultorios, postas y hospitales públicos. Esta modalidad es financiada íntegramente con recursos fiscales.

En tanto, quienes pertenecen a los tramos B, C y D, aportan su 7% del salario y pueden comprar bonos para atenderse en la modalidad de libre elección en prestadores en convenio con Fonasa. En este caso, el valor de bono depende del médico o centro médico donde se atienda cada persona. Esta modalidad se financia con un subsidio del Estado.

Lo que se buscará ahora, señalan quienes conocen la propuesta, es crear una tercera modalidad, que es la llamada “nueva modalidad de cobertura adicional”. La idea es incorporar una cobertura financiera para determinados prestadores privados. En esa línea, el objetivo es que aquellas personas que quieran acceder a esta modalidad, deben recurrir a Fonasa con su 7%, y el Fondo Nacional de Salud les entregará un plan al que se ajusta su prima, incorporando una red de prestadores y un nivel de cobertura, tal como ocurre hoy cuando una persona accede a un plan de isapre, pero en este caso es Fonasa el que ofrece un plan estandarizado.

Si el afiliado quiere acceder a prestadores distintos o a una mayor cobertura, tiene la libertad para hacerlo, pero deberá aportar una cotización adicional. En ese caso, con esa cotización adicional, Fonasa hará una licitación donde las compañías de seguros de vida podrán participar y quedarse con un paquete de afiliados.

En ese sentido, Fonasa hará distintos paquetes a ser licitados dependiendo del aporte adicional de cada persona, por lo que allí se podrán incorporar personas con preexistencias inclusive. La idea es que la prima que pague cada afiliado sea plana, y que tenga una cobertura financiera determinada.

Los planes serán estandarizados, a diferencia de lo que ocurre hoy con las isapres donde existe un sinnúmero de planes de salud. Y el gobierno espera que la cobertura que tienen los afiliados sea similar a la que tienen actualmente en isapres.

La idea es que del total de la cuenta que tenga un afiliado, Fonasa pague el equivalente a la cobertura por el 7% de cotización, y la aseguradora desembolse lo que corresponda según el aporte adicional de cada persona. Después de eso viene el gasto de bolsillo del afiliado, tal como ocurre actualmente en las isapres.

El comunicado que enviaron este viernes las isapres también advertía otras cosas. Por ejemplo, señalaron que la Corte Suprema “ratificó” este jueves que “la Superintendencia de Salud debe cumplir el fallo, sin desbaratar el sistema privado de salud ni ponerlo en jaque, identificando el mecanismo más eficiente. Pero las acciones del gobierno no solo han sido extemporáneas, también han dilatado la respuesta que se requiere para mantener las operaciones y responder a la incertidumbre que hoy afecta a los afiliados, prestadores, proveedores y trabajadores del área”.

Así las cosas, comentaron que ven “con preocupación que los plazos corren y que cada día nos aproximamos a una debacle, cuyos alcances han sido alertados por médicos, prestadores, parlamentarios, expertos y organizaciones de pacientes. Sin embargo, el diagnóstico, la gravedad y sus consecuencias parecen ser aún ajenas para las autoridades”

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Clínicas de Chile, Javier Fuenzalida, dijo que ven “con preocupación el término de la instancia de diálogo que se había establecido entre el gobierno y las isapres. Esto nos inquieta especialmente por los efectos que esto puede generar en la atención de millones de pacientes. Es urgente generar mecanismos que den certeza y sostenibilidad al funcionamiento del sistema de salud. Por esto, esperamos que todos los actores y la autoridad puedan encontrar soluciones y decretar medidas, teniendo en el centro de su preocupación la salud de las personas que se atienden en el sistema privado”.