Isapres y AFP: el plan B de las dos industrias bajo amenaza

Las isapres y las AFP son dos industrias que han vivido por años con el fantasma de cambios al modelo. Ambos sectores asumen que, probablemente, dejarán de existir tal como se conocen hoy. Así también se desprende de los programas de gobierno de los candidatos presidenciales. Eso, sin considerar el debate de la nueva Constitución, que también podría traer modificaciones para ambos sectores, resultado que ven aún más incierto.

En isapres es algo más claro el panorama, ya que de una u otra manera todos los candidatos proponen establecer un plan de salud único de acceso universal y con un fondo único de financiamiento para todas las personas, es decir, que el 7% se destine a ese fondo público. Esto obligará a la industria a reinventarse.

Para las AFP, el escenario es más incierto, aunque por eso mismo tienen algo más de esperanza que las isapres, ya que las propuestas son más variadas: desde terminar definitivamente con el sistema de AFP -como el candidato del PC, Daniel Jadue- al establecimiento de fórmulas mixtas para la administración de los fondos, la creación de una AFP estatal, introducir más competencia, entre otros.

Sea como sea, en ambos sectores se espera mayor participación del Estado. ¿Cómo ve cada industria que será el modelo a futuro? ¿Qué planes tienen hacia adelante y de qué forma podrían reinventarse?

Las isapres hace tiempo piden una reforma del sistema. Y no es de extrañar. A mediados de 1990 había 34 isapres. Hoy existen seis isapres abiertas (Colmena, Nueva Masvida, Banmédica, Consalud, Vida Tres y Cruz Blanca) y tres cerradas. De las abiertas, dos pertenecen al mismo controlador (Banmédica y Vida Tres), mientras otras dos podrían pasar a tener el mismo dueño, ya que Nueva Masvida anunció la compra de Colmena, operación que aún está bajo análisis de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

“Un factor que explica esta concentración es que varias isapres han debido abandonar el mercado por problemas de rentabilidad y dificultades financieras”, señala la notificación que hicieron en abril Nexus y Colmena a la FNE por el proceso de compra.

El presidente del directorio de Colmena, Jaime García, declaró en mayo ante la FNE: “La incertidumbre jurídica que ha vivido la industria de las isapres en los últimos años es la razón por la cual no hay nuevas isapres; no porque haya barreras reales de entrada en términos de tamaño, en términos de posibilidad o del nicho. Aquí estamos viviendo una incertidumbre jurídica verdadera, profunda y muy compleja para el sector”.

Lo cierto es que la industria pasa por un momento difícil y desde hace algunos años ya lo vienen anunciando. “El sistema de las isapres está en jaque. Los resultados que se vienen viendo apretados desde 2019 no se deben a una cosa puntual del año, sino que estructuralmente hay cosas que están presionando al sistema. Por ejemplo, la falta de una reforma de salud, la judicialización de las alzas de los planes y la cantidad de regulación que ha habido”, comentó en una entrevista el gerente general de Cruz Blanca, Paul Uriarte, a inicios de 2020.

En el primer trimestre de este año, tres isapres terminaron con pérdidas y otras tres lograron ganancias. Sumando y restando, la industria perdió $ 7.126 millones en total. De hecho, es el mismo sector el que ha llamado a hacer un cambio al sistema. “La reforma para el sistema isapres es necesaria y urgente”, dijo Uriarte hace un año y medio.

En la notificación que enviaron Colmena y Nexus se señala que “actualmente existen al menos 34 proyectos de ley en tramitación que dicen relación con el mercado de las isapres abiertas en Chile o con el sistema de aseguramiento de salud en general”.

Y desde la industria ven que no va a pasar mucho tiempo más sin que haya un cambio, ya sea por el próximo gobierno o la nueva Constitución. Y algo así reconocen Nexus y Colmena en el expediente de la FNE: “El sistema de salud chileno probablemente experimente fuertes cambios en el corto plazo”.

Es por todo lo anterior que a la industria no le sorprende el futuro escenario de cambios. Eso es justamente lo que quieren y varias empresas están preparándose hace años. Una preocupación eso sí, es la transición, y que la reforma se realice con números y un análisis de fondo, cosa que hoy no ven en la mayoría de las propuestas de los candidatos. En lo inmediato, sin embargo, su mayor inquietud es mejorar una situación financiera que se ha visto agravada por la pandemia.

Victoria Beaumont, directora ejecutiva de la Fundación Politopedia, dice que “el análisis de los programas (de los candidatos) recoge el consenso de la necesidad de universalidad del acceso a la salud. Desde el discurso político se utiliza el fin de las isapres como una promesa popular y de fácil cumplimiento. Es importante destacar que cualquier candidato que proponga que las isapres sean seguros de segundo piso (ofrecer seguros complementarios de salud) está proponiendo el fin de las isapres, pues en la actualidad son empresas de giro exclusivo”.

La verdad es que las isapres se han venido preparando desde hace tiempo y la mayoría cuenta con su propia compañía de seguros complementarios. Ese es el caso de Bupa Chile, que es propietaria de Cruz Blanca y de Bupa Seguros. Colmena Holding tiene a Colmena Seguros. El grupo de Empresas Banmédica el año pasado anunció la compra de HDI Seguros de Vida. Y en el caso de Inversiones La Construcción (ILC) –al que pertenece Consalud–, es propietaria de Vida Cámara.

Desde la industria estiman que si se cumple lo que proponen algunos candidatos, las isapres en la práctica pasarían a ser compañías de seguros de vida y podrían ofrecer seguros complementarios para quienes quieran pagar un diferencial, por ejemplo, para poder tener preferencia en alguna clínica puntual en prestaciones particulares.

Para el usuario, más allá de tener que pagar un adicional por este servicio, la diferencia con las isapres sería que los planes no necesariamente serán de por vida. Todo eso, sin considerar los reparos que muestran desde el sector respecto del poco análisis que se ha hecho al presentar estas propuestas y lo que significaría para el sistema público de salud y las personas que hoy están en isapres, que no supera el 20% de la población.

Beaumont dice que “es valioso definir que el acceso universal es un derecho garantizado para todos, pero no mermando o en desmedro de un grupo de chilenos por sobre otros. Esto significa que, para respetar los derechos adquiridos en acceso, oportunidad y calidad de atención de los cotizantes que hoy están en isapre, el seguro único debe partir de la protección que hoy tienen esos cotizantes para todos, y no de la base actual de protección de Fonasa”.

Y agrega que “antes que la viabilidad de las empresas está el respeto a los derechos de los cotizantes de isapre. Si el nuevo modelo de salud se construye desde ahí, es indiferente quién preste el servicio. Y ojo, libertad de elección es un derecho básico que los chilenos siempre hemos tenido en salud”.

Gonzalo Simon, presidente de la Asociación de Isapres, dice que “el sector de las isapres atiende a 3,3 millones de personas y entiende que la salud es uno de los temas que más preocupa a los chilenos y que hay muchos desafíos a los que hacer frente. En esa línea, estamos conscientes que tenemos un rol que jugar en la seguridad social y queremos seguir aportando para que el sistema de salud mejore, entregando la cobertura que requieren los afiliados, ampliando el acceso a una salud oportuna y de calidad”.

Rafael Caviedes, expresidente de la Asociación de Isapres, dice que “las isapres, en mi opinión, deberían colaborar en la seguridad social en salud y en los beneficios complementarios. Deben ser sustitutivas, no complementarias, pues de lo contrario obliga a la gran clase media afiliada a isapre a pagar dos veces: al sistema estatal -que no utilizarán- con su 7%, y de su bolsillo el plan privado. Es lo que pasa en muchísimos países. Sería una verdadera carga financiera para los trabajadores de Chile, que hoy no tienen, pero que sí pagan sus impuestos con los que solidarizan y se financia dos tercios del sistema público de salud”.

Caviedes agrega que “eso hay que transparentarlo, porque la gente cree que un sistema único de salud, como proponen algunos, no les costará nada. Por cierto que se deben hacer cambios. Un plan base garantizado, comparable, ayudará a dar transparencia al mercado y mejorar la competitividad. Un fondo de compensación de riesgo contribuirá a que las personas puedan moverse con mayor libertad entre sistemas. En mi opinión, las propuestas de los candidatos –centradas en los seguros y no en la provisión de servicios médicos- está equivocada. No se saca nada garantizando beneficios en salud, si el motor del sistema, que es la red de los prestadores de salud, no funciona bien”.

Hace cinco años, a las calles salieron miles de personas con el lema “No+AFP”, una multitud que las isapres no han logrado convocar, salvo en tribunales con la judicialización. Pese a ello, las administradoras estiman que en salud el cambio podría ser más profundo que en las AFP. Y la razón es una: los retiros del 10% generaron una mayor conciencia de que los fondos son de propiedad de los afiliados, que la plata existe y ha estado a buen resguardo. Sirvió para derribar mitos. Pero tienen claro que habrá modificaciones. Entre los expertos no hay duda en que habrá cambios en la industria y probablemente el sector privado ya no tenga un rol tan protagónico como hasta ahora.

La economista Paula Benavides lo plantea así: “La discusión de pensiones en lo que sigue tendrá dos dimensiones. Por un lado, el debate constituyente sobre cómo consagrar el derecho a la seguridad social y sus principios, donde seguramente se profundizará el rol del Estado como garante y actor central. Esto debiera ayudar a generar consensos mínimos que permitan orientar las políticas contenidas en la legislación. Por otro lado, estará la discusión de política pública, sobre el mejor diseño para que el sistema de pensiones alcance sus objetivos, como parte de la seguridad social”.

Benavides cree que “en ambos casos el rol del Estado debería reforzarse, considerando el nivel de privatización que tenemos y los problemas de ese diseño. En todo caso, esto no debiera impedir la participación de privados, no con las AFP como las conocemos hoy, pero sí como ocurre en muchos países, desde un rol de colaboración con el Estado en la gestión de portafolios u otras funciones, en el ahorro voluntario y en prestaciones complementarias”.

El exsuperintendente de Pensiones Guillermo Larraín comenta que “los estados de bienestar modernos tratan de mezclar, de una forma virtuosa, elementos públicos y privados. La pregunta es cómo se hace esa distinción, qué roles se le otorga a uno (...) Creo que en la gestión del ahorro es mejor que la hagan privados y que el Estado fije reglas y supervise. Lo que pasa es que las AFP hoy hacen mucho más que eso”.

Larraín agrega que “si las AFP hubieran sido más realistas, en el gobierno de Bachelet habrían aceptado que hubiese un rol del Estado más importante, pero como quisieron llevarse todo el negocio, en el largo plazo creo que van a quedar más lastimadas”.

El exsuperintendente de Pensiones Alejandro Ferreiro piensa que los privados pueden desempeñar bien el rol que la ley les asigna, lo que requiere de una correcta regulación y supervisión. “Lo que era exigible a las AFP, que era una correcta administración de los fondos, lo han hecho bien. Pedirle una AFP que garantice buenas pensiones es imposible, eso depende de otros factores”, explica.

Ferreiro también cree que una cosa es lo que se podría mejorar desde el punto de vista técnico, y otro tema es el clima político prevaleciente. “Ahí lo que uno percibe hoy día es más bien un ánimo adverso”, asegura. Y añade que “el pronóstico es que habrá menos espacio para el sector privado. ¿Es eso correcto? Tengo mis dudas. Creo que el Estado habría evitado estos problemas con una correcta regulación estatal”.

Al respecto, estima que una solución es establecer sistemas de pensiones paralelos, porque pese a que dice que “no es la mejor solución técnica”, podría dejar conformes a quienes quieren un sistema público y a aquellos que prefieren uno privado.

El escenario base de la industria es que las AFP no van a desaparecer, aunque también hay cierto grado de incertidumbre dependiendo de lo que ocurra con la nueva Constitución, o si resultan electos Jadue o Boric, en cuyo caso han planteado que solo se les permitirá administrar ahorro voluntario. Pero, pensar qué es lo que podría ocurrir en ambos casos es ciencia ficción, señalan.

Sin tener ninguna certeza de lo que pueda ocurrir, los escenarios que ven más probables son los siguientes: que entren más actores en competencia, o derechamente una AFP estatal, como propone Joaquín Lavín (UDI). También ven la posibilidad de que existan dos sistemas, uno público y otro privado, donde las personas puedan elegir, tal como ocurre en Perú o Colombia. Reconocen que en el ámbito de inversiones está su fortaleza, por lo que tampoco descartan que pueda haber una división de la industria donde sean meros gestores de fondos. Ven consenso en que habrá más solidaridad y una Pensión Básica Universal.

¿El plan B? No todos están de acuerdo, pero hay actores que creen que una forma de reinventarse es potenciar el área de ahorro voluntario, que en Chile pesa poco en comparación a otros países; y la posibilidad de ofrecer más productos en ese sentido, más allá de la Cuenta 2 y el APV, que hasta ahora solo pueden invertir en los multifondos.

También estiman que tendrán que eficientar cada vez más sus procesos y potenciar la educación previsional. Y un tema clave será impulsar mejoras en la regulación de las inversiones, considerando que en el mundo los retornos van a la baja y no pueden darse el lujo de perder su mayor fortaleza.