Jardines Infantiles: El débil eslabón de la recuperación del empleo

Reabrir los jardines infantiles y salas cunas se ha transformado en un eslabón esencial para el plan de recuperación del empleo que el domingo pasado presentó el Presidente Sebastián Piñera. El punto fue destacado por el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, varias veces en la semana, donde planteó la urgencia de su reapertura -con resguardos-, ante la necesidad de los padres y madres de retomar sus puestos de trabajo en forma presencial, pero que muchos no pueden hacer porque no tienen con quien dejar a sus hijos. Lo mismo corre para salir a buscar una nueva ocupación.

Pero la apertura no es una medida fácil de ejecutar, cuenta la presidenta de la Asociación de Jardines Infantiles y Salas Cunas Particulares, Marcela Olivares. Su gremio se formó a raíz de la pandemia, para conocer cuántos establecimientos estaban pasando por problemas económicos y aunar fuerzas para pedir apoyo estatal. Señala que comenzaron con 20 establecimientos y hoy representan a 570 jardines y salas cunas particulares. El universo total, a nivel nacional, llega a 2.400 establecimientos y producto de la crisis sanitaria hoy unos 1.300 de ellos han cerrado sus puertas de manera permanente, afirma.

Olivares indica que el Ministerio de Educación aún no ha entregado ninguna autorización formal de reapertura. “Nosotras no estamos cerradas por capricho. Nos obligaron a cerrar. Por eso nos parece extraño que sea el ministro de Hacienda y no los de Educación o Salud los que hablen de las reaperturas. Nosotras tenemos los protocolos armados y se han presentado las solicitudes al ministerio, pero no hay autorizaciones. Como asociación incluso hemos buscado conocer la experiencia internacional, como el Aula Burbuja de Nueva Zelandia, que habla de operar al 50% de la capacidad de los establecimientos. Pero tenemos conflictos con los requisitos sanitarios que puso la autoridad. Por ejemplo, ellos hablan de una sola persona en aula, pero nuestra acreditación nos exige no trabajar solas, si lo hacemos, estaríamos contraviniendo los acuerdos que tenemos y los reconocimientos que nos han otorgado para operar”, relata.

En Las Condes, por ejemplo, una sostenedora cuenta que para reabrir tuvieron que ir a la municipalidad y sacar patente de guardería y no de jardín infantil como operaban normalmente. Con eso, mañana podrán reabrir sus puertas, con un aforo menor -un adulto por cada cuatro niños- y con todos los protocolos y estándares sanitarios solicitados. Así, cada niño tiene su material de trabajo individual en una caja, cerrada y sanitizada. “Los ministerios de Educación y de Salud no están entregando autorizaciones para abrir, por eso nosotros hicimos ese trámite en la municipalidad y estamos listos para volver a operar como jardín infantil cuando se den las condiciones”, afirma la sostenedora.

De acuerdo con el gobierno, hoy en la Región Metropolitana existen 29 solicitudes de apertura que debe revisar el Ministerio de Salud. A nivel nacional, las solicitudes cursadas llegan a 123, según cuenta la subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro. “Durante septiembre, debido a las mejoras en las condiciones sanitarias, hemos visto un aumento en el interés por reabrir establecimientos de educación parvularia”, señala Castro. Añade que “estamos frente a un proceso dinámico, donde veremos jardines abiertos y otros suspendidos. Tendremos que aprender a vivir en modo pandemia”.

La autoridad ha sido el nexo entre el gobierno y las sostenedoras, con quienes ha abierto una mesa de trabajo, a solicitud de los diputados, detalla Marcela Olivares, quien en estos meses se ha dedicado a ir al Congreso para dar a conocer el crítico estado financiero de los establecimientos que representa, los que son dirigidos en su mayoría por mujeres y que hoy están perdiendo presencia en el mercado laboral.

“Si desaparecemos, las mujeres serán las más perjudicadas. Vamos a retroceder en 10 años en cuanto a la presencia de la mujer en el mercado laboral”, advierte Macarena Alegría, sostenedora del jardín infantil Hansel y Gretel, con sedes en Valdivia y Puerto Montt. El jueves pasado, Alegría tuvo que cerrar el establecimiento de Puerto Montt y por ahora solo se quedará con un jardín.

“Aguanté lo que más pude, pero es difícil. Este negocio tiene costos muy altos, los arriendos son caros, las inversiones para poder adecuar las casas también son relevantes. Yo invertí $ 70 millones en uno de mis jardines y a pesar de que pedí un crédito Fogape, me dieron $ 7 millones. No pude seguir. Es una pena”, relata al teléfono desde el sur del país.

En promedio, un jardín infantil requiere de $ 4 millones mensuales para operar, monto que se distribuye en el pago del arriendo del inmueble y dividendo si la casa es comprada, cotizaciones y servicios básicos. Si se consideran los finiquitos, los gastos suben, pues en promedio se necesita de entre $ 20 millones a $ 30 millones para despedir al personal, recursos que algunos jardines han logrado juntar luego de la venta de mobiliario, por ejemplo.

Valeria Maldonado, del jardín infantil Remolino de San Felipe, esta semana también finiquitó a sus trabajadoras, ocho personas que llevaban más de seis años trabajando en su establecimiento. Comenzó con 50 niños, pero en marzo pasado solo se matricularon 38. Cuenta que en abril aplicó una rebaja de 25% en el arancel, que para jornada completa asciende a $ 250 mil mensuales. “Hoy tenemos 16 apoderados y estamos haciendo clases por Zoom hasta diciembre. Durante estos meses tendré solo a dos tías y ya después de diciembre no seguiremos. No podía estirar más el chicle”, cuenta.

Maldonado recibió en junio el crédito Covid de $ 10 millones, con lo que pudo pagar imposiciones y amortiguar los gastos ocasionados por la pandemia. “El 31 de octubre le entregaré el finiquito a las tías y yo igual me quedaré con las deudas propias del jardín, de las inversiones que realizamos para ponerlo en marcha. Mi marido incluso me prestó plata para sobrevivir algunos meses”, manifiesta.

Marcela Olivares indica que la situación para las sostenedoras es sumamente dramática. “Tenemos alrededor de un 10% de nuestros apoderados que siguen pagando, entonces, francamente esto es insostenible, porque tenemos gastos asociados como arriendo, créditos hipotecarios, créditos de inversión, los gastos básicos de las propiedades, más las cotizaciones previsionales de los equipos de trabajo. Actualmente, un 80% de los trabajadores están acogidos a la Ley de Protección al Empleo”, señala.

Dentro de las tratativas que impulsó la Asociación de Jardines Infantiles y Salas Cunas Particulares, está un proyecto de Resolución que patrocinó el diputado Rodrigo González (PPD), que busca otorgar una subvención a estos establecimientos. De acuerdo con el documento, se solicita una subvención similar a la que el Estado entrega a los jardines y salas cunas de la Junji, es decir, $ 280.000 por alumno. “Este proyecto de Resolución fue aprobado en julio, con un 88% de apoyo de la Cámara Baja y llegó a manos del Presidente de la República el 6 de agosto. Lamentablemente, hasta la fecha el Presidente de la República no se ha pronunciado acerca de una ayuda para los jardines infantiles, a pesar de que se ha ayudado a múltiples otros emprendimientos, y la verdad es que la situación de la educación inicial ha sido absolutamente invisibilizada en nuestro país, así como también la situación que aqueja a las mujeres, porque estamos hablando de 34 mil mujeres que quedarían sin sus fuentes de ingreso entre profesionales y técnicos”, enfatiza Marcela Olivares.

Con ese mismo proyecto en mano, cuenta que hace tres semanas se reunieron con los asesores del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quienes les indicaron que estudiarían el tema. En la Subsecretaría de Educación Parvularia señalan que desde un principio el gobierno ha dispuesto medidas económicas amplias y que son “aplicables” a los jardines infantiles: Fogape, créditos Corfo, fondos Sercotec, subsidio al empleo, etc. “Adicionalmente, estamos trabajando para apoyarlos con los kits sanitarios”, indica María José Castro.

Pero Marcela Olivares ha seguido golpeando puertas y hoy está en conversaciones con varias diputadas de Evópoli para que la situación de los jardines infantiles y salas cunas sea vista como un problema del mercado laboral de la mujer. Actualmente estos establecimientos acogen a 34 mil mujeres, entre profesionales y auxiliares que pueden perder presencia en el mundo del trabajo. De hecho, mañana enviarán una propuesta formal a las diputadas.

Además Olivares envió también cartas a los ministerios de la Mujer y del Trabajo. Incluso mandaron una misiva a la Primera Dama, pero la respuesta ha sido la misma: “Que este tema lo tiene que ver el Ministerio de Educación”, puntualiza la dirigenta.

María José Castro reconoce la crítica realidad de este sector. “Durante la pandemia Covid-19, los jardines y salas cunas de administración privada se han visto severamente afectados en lo financiero. Una encuesta realizada por la Subsecretaría de Educación Parvularia estima en un 85% la reducción de sus ingresos”, señala.

Añade que, desde fines de marzo, cuando los establecimientos tuvieron que cerrar por disposición del Ministerio de Salud, “nos hemos reunido con distintas asociaciones de jardines infantiles y sostenedores. Hoy en día el tema se ha centrado en las solicitudes para volver a abrir sus establecimientos, orientaciones para elaborar protocolos y medidas que deben cumplir para ello”.

“Propiciamos la reapertura de los jardines infantiles, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan. No es improvisación, es parte de la responsabilidad que tenemos como ministerio. Tenemos un absoluto compromiso con los niños y niñas de nuestro país, quienes se han visto más perjudicados en sentido de su formación por la pandemia, ya que ha sido muy difícil para los padres y apoderados generar actividades y rutinas constantes para su desarrollo. Siempre pensando en el bien superior del niño”, sostiene Castro.