El miércoles, la Dirección de Presupuestos (Dipres) junto al Ministerio de Hacienda presentaron el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre de este año ante la Comisión de Hacienda del Senado. En ese documento detallaron el escenario fiscal y macroeconómico que prevén para 2023.

En lo concreto elevaron la previsión del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) desde un -0,7% estimado en el reporte del cuarto trimestre del año pasado, a un alza de 0,3%, junto con esperar una menor caída de la demanda interna. “El desempeño de la actividad durante los primeros meses del año muestra que si bien hubo un ajuste en el consumo, no arrastró a otros sectores de la economía como los servicios, que tuvieron un buen desempeño”, explica la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, como una de las razones que los llevó a mejorar las perspectivas para este año.

En el documento, además, entregaron la metodología que se utilizará para calcular los ingresos estructurales del litio. Según se informó, para 2023 se ocupará un umbral basado en los 4 años anteriores a 2023, mientras que para el período 2024-2025, el umbral estará basado en los cinco años anteriores a 2023. Se aclaró también que en el cálculo estructural de los ingresos provenientes del litio se consideran las rentas de la propiedad y no se incluye lo que las firmas paguen por impuestos a la renta, principalmente por el secreto tributario que opera en los casos en que hay pocas empresas en el mercado. “Hoy día no sabemos hasta cuándo vamos a tener un aporte significativo de ingresos por litio”, puntualiza Martínez, quien plantea que ese aporte no es suficiente para financiar gastos permanentes como la Pensión Garantizada Universal (PGU) y que por ello se necesita avanzar en una reforma tributaria.

En el Informe de Finanzas Públicas que se presentó esta semana se elevó la proyección de crecimiento para este año a 0,3%. ¿Qué está detrás de esa mejora? ¿Qué ven ustedes que quienes aún ven una baja no comparten?

-Hay dos fenómenos que estamos mirando. Uno es más bien metodológico, que es la diferencia de la base entre el informe del cuarto trimestre de 2022 y el primero de 2023. Lo segundo es el desempeño de la actividad de los primeros meses del año, que muestra que si bien hubo un ajuste en el consumo, no arrastró a otros sectores de la economía como los servicios, que tuvieron un buen desempeño. Lo mismo sucedió con el sector manufacturero. Además, la creación de empleo en términos desestacionalizados ha estado teniendo un buen comportamiento, luego de estar estancando buena parte de 2022.

¿Cómo puede presionar las finanzas públicas el hecho de que la reforma tributaria esté retrasada? ¿Qué pasa con el avance del programa de gobierno?

-Hoy día el gobierno sigue comprometido con tener una reforma tributaria, justamente para financiar gastos permanentes. Se necesitan ingresos permanentes, y estamos hablando de ingresos para financiar seguridad social, por lo que tiene un impacto importante. Después de la Pensión Garantizada Universal (PGU), se ha ido disminuyendo el espacio fiscal para ir financiando gastos permanentes dentro del espacio fiscal que existe. Por ello, hoy hay una necesidad, por nuestras finanzas públicas, de aumentar la carga tributaria.

¿Las políticas sociales no podrán seguir avanzando si es que no hay un aumento de los ingresos permanentes?

-Nuestro espíritu justamente es seguir apuntando a financiar de manera sostenible y responsable en el tiempo los derechos sociales.

Los parlamentarios de oposición afirman que se debe buscar una reforma más acotada, con una recaudación de 2% del PIB, ¿eso afecta el programa?

-Lo importante, y siempre se ha planteado así, es la dirección hacia donde se avanza. La gradualidad siempre se puede ir conversando. Entonces, habrá temas que se materializarán antes que otros, pero lo veo más bien como un tema de gradualidad, de que a medida que se vayan abriendo nuevos contenidos de ingresos se pueden ir concretando las políticas.

¿No van a descuidar la estabilidad fiscal por cumplir el programa de gobierno?

-Para la política fiscal del gobierno, y esto es algo positivo, existe un decreto donde cada administración señala una ruta, que en nuestro caso no sólo es de balance, sino que de deuda, entonces ese es lo que guía nuestra política fiscal. ¿Y cuál es la gracia de hacerlo así? Es que se va entregando cierta certeza a la economía de cómo se irá moviendo durante el año. Esa es la línea que tenemos predefinida.

¿Los mayores recursos estructurales del litio no son suficientes para financiar, por ejemplo, la PGU, como lo señalaron hace un tiempo algunos parlamentarios de oposición?

-Los ingresos del litio recién los estamos conociendo e integrando a las finanzas públicas. Con las proyecciones oficiales de ingreso que hace Corfo (y con la metodología que se usó para el cálculo de los ingresos estructurales del litio) para 2024 tenemos 0,61% del PIB como ingreso; en 2025 0,60% del PIB y después cae a 0,48% y 0,41% del PIB, por lo que todavía hay cierta incertidumbre de cuánto será realmente el peso que tenga este ingreso. Por eso, la regla de ajuste prudencial que estamos proponiendo es una regla que considera estos ingresos como un shock, y lo que hace el ajuste prudencial es tomar esos ingresos y repartirlos como gasto en el tiempo. Lo hace de manera simétrica, es decir, tomando los ingresos efectivos y no con las proyecciones (de precios). Eso lo diferencia del cobre, porque el litio tiene distintos valores de productos, tiene que ver con la estructura de los contratos, no se transan los precios del litio.

Entonces, ¿no alcanza para financiar la PGU?

-Lo primero, es que hoy día no sabemos hasta cuándo vamos a tener un aporte significativo de ingresos por litio. Y por ello, cuando se piensa en ingresos para financiar la PGU se debe pensar que tienen que ser por 50 años, independiente de que hoy en día el gobierno está comprometido por tener una política nacional del litio que permita mayores ingresos en el futuro por este mineral. Lo otro que también creo relevante, es que la literatura muestra que cuando los países tienen fuentes de riqueza que vienen de los recursos naturales y lo hacen de alguna manera más dependiente de esos recursos naturales, las rentas extraídas de esos recursos debiesen invertirse en innovación, desarrollo y diversificación de la economía. Se debe aprovechar esas rentas para poder en el futuro ser menos dependiente y no más dependiente. Entonces, también la mirada que tenemos es que efectivamente hay una parte de la reforma tributaria que es para financiar lo social, y otra parte, que es con estos ingresos del litio o incluso el royalty, para financiar desarrollo e innovación, de manera que son ingresos que se invierten para provocar o gatillar más ingresos.

¿Por qué en el cálculo de los ingresos estructurales del litio se consideró sólo los ingresos de la renta de la propiedad que entran por Corfo y no el total, como lo hizo el Consejo Fiscal Autónomo (CFA)?

-Hay dos fuentes de ingresos con respecto al litio. Uno son las rentas de la propiedad que son ingresos fiscales que entran a Corfo producto de los contratos (con las empresas), y el segundo es la parte tributaria. No podemos tener el detalle de cuánto pago una empresa por este concepto en materia de renta, porque al ser dos empresas, no podemos públicamente dar a conocer esa información porque es parte del secreto tributario.

¿Y el realizar el cálculo considerando sólo los ingresos por rentas de la propiedad puede cambiar con la consulta pública?

-Hasta el momento, el ajuste está hecho sólo por esos ingresos, porque además una de las recomendaciones que hizo el CFA es que esto permite trazabilidad, es más transparente y por ahora lo tenemos considerado así, pero obviamente viene un proceso de consulta pública y son de los temas que podría esperar que salgan, porque es un tema que es atendible. Los otros recursos se contabilizan como ingresos tributarios.