Javiera Martínez: “Para que los cambios sean permanentes en el tiempo tiene que haber sostenibilidad fiscal”

Javiera Martínez (35) estuvo desde un comienzo en la candidatura de Gabriel Boric. Lideró el equipo programático para enfrentar la primaria presidencial. Luego siguió adelante en ese rol para la primera vuelta, destacando en labores de coordinación y a cargo de los temas tributarios y fiscales, rol que mantuvo para realizar los ajustes e incorporar los cambios propuestos por los equipos de Yasna Provoste y Marco Enríquez-Ominami de cara a la segunda vuelta presidencial.

Martínez, ingeniera industrial en Minas de la Universidad Católica, con un magíster en Economía Política de la Universidad de Nueva York, es desde el 11 de marzo la directora de Presupuestos del nuevo gobierno.

“La Dirección de Presupuestos (Dipres) es un lujo dentro del servicio público”, parte diciendo su mandamás. Comenta que el proceso de instalación ha sido “relativamente rápido”, debido a que mantuvo gran parte del equipo y a que las personas que se sumaron ya tenían un paso por este servicio. Martínez cuenta que otra de las razones que le han ayudado a que este aterrizaje en la Dipres sea expedito, es que desde la campaña trabajó en los temas programáticos. “Conozco bien los compromisos que existen. Estuve en el equipo de plan de gobierno y sabía cuáles eran las prioridades”, afirma.

Consultada sobre cómo ha sido trabajar con el ministro de Hacienda Mario Marcel, responde que “ha sido bueno. Se aprende constantemente”. Destaca de él su capacidad para trabajar en equipo y confiar en su gente. “Tiene buena recepción de lo que opina el resto. Escucha harto e integra a sus equipos. Es innovador y creativo”, resalta.

En su primera entrevista en el cargo, analiza el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre publicado esta semana, donde se ajustaron a la baja las perspectivas de crecimiento del PIB para el año a 1,5% y se delineó el compromiso fiscal de esta administración.

En la presentación del IFP se resaltó que se está volviendo a la realidad. ¿Qué tan desajustado estaba el último informe del gobierno anterior?

-Los dos cambios más relevantes que se hicieron fue la proyección de Producto Interno Bruto (PIB) (1,5%) y de demanda interna (-1%) para este año. Cuando se presentó el informe del cuarto trimestre, el Consejo Fiscal Autónomo alertó que podría ser muy optimista y no estaba en línea con las proyecciones del Banco Central ni del mercado. Ahora nos ajustamos a lo que esperaba el mercado.

¿Cuál es la mirada macro-fiscal que quisieron transmitir en el informe?

-Hoy día estamos en una posición que nos permite normalizar las finanzas públicas en el tiempo. Eso es muy positivo para llevar a cabo el programa de gobierno, porque se necesita una estabilidad macroeconómica y fiscal para hacerlo. Reconociendo la estrechez fiscal que existe, la ruta que planteamos permite ir avanzando en el programa y siempre considerando que se debe agregar la reforma tributaria.

¿Este cuadro fiscal que delinearon es compatible con llevar a cabo su programa de gobierno o se podría desajustar por las mayores necesidades de gasto que pueden surgir?

-Hay dos cosas importantes. Debemos ir avanzando en financiar gastos permanentes con ingresos permanentes. Esa es una primera definición y la reforma tributaria tendrá ingresos a futuro. Lo segundo, tenemos que tener una política fiscal que permita pasar de una economía sobrecalentada a una economía más sana, en el sentido de que pueda crecer a base de generación de empleo, de inversión, productividad, y que los ingresos de la nación vayan creciendo de la mano de una política fiscal que se pone a disposición de ese crecimiento.

La trayectoria que fijaron de reducción del déficit fiscal estructural, de 0,75% por año, fue valorada por los economistas y a la vez calificada como exigente, ¿qué tan factible o realista es cumplir con esa meta propuesta?

-Es más cumplible que la meta que dejó la administración pasada, de una reducción del 1% por año. Esa meta era muy exigente y poco realista. Nosotros estamos por debajo de esa cifra, es del 0,75% por año. Requiere una buena gestión presupuestaria por parte de los servicios, de la capacidad de saber ocupar bien los recursos. Es exigente, pero realista.

Se mencionó en el IFP y sus mensajes que para cumplir esa meta lo clave es partir con un 3,3% de déficit fiscal estructural este año, ¿es lograble?

-Los esfuerzos que está haciendo el gobierno es para que eso se cumpla.

Al respecto, ¿cuándo se publicará el decreto fiscal y en él, junto con mencionar la ruta fiscal y la reducción del déficit del 0,75% por año, se establecerá una meta de deuda referencial?

-Legalmente, lo que corresponde es que en ese decreto esté la meta de balance estructural. Pero nuestra innovación y el mayor valor es que efectivamente incorporemos la trayectoria de la deuda pública. Con este decreto estamos adelantando lo quedará establecido luego por ley. Nos interesa fijar un límite de deuda, porque a medida que se va acumulando más déficit efectivo y más deuda, los intereses de la deuda empiezan a subir y eso genera menos holgura fiscal. El alza de la deuda no es gratis, a medida que más sube, genera más gasto fiscal en intereses. Por eso es tan importante hacer la normalización fiscal.

¿Esa meta de deuda pública será el 43,9% estimado en el IFP para 2025, o el 45% del PIB?

-El nivel prudente para Chile es el 45% del PIB, pero nosotros nos estamos comprometiendo con 43,9% del PIB. Y en base a ese nivel hacemos la meta de 0,75% por año de reducción del déficit fiscal.

¿En el decreto que se presentará estarán, entonces, las metas de deuda y de déficit?

-Sí, tanto la meta de deuda y la de déficit estarán en el decreto.

En la presentación se indicó que esta trayectoria fiscal no incluye los mayores recursos que provendrán de la reforma tributaria. Cuando ellos se incorporen, junto a futuros mayores gastos, ¿esta meta de balance estructural se modificará?

-Debiese actualizarse. En el proyecto de ley de responsabilidad fiscal se establece cuándo los gobiernos debiesen actualizar ese decreto para que no quede obsoleto. Nuestra idea, y esto es importante, es que la ruta fiscal que nos hemos propuesto se mantenga, porque efectivamente habrá mayores ingresos y mayores gastos, pero la idea es que esta ruta fiscal del 0,75% por año se mantenga.

En su escenario base, ¿en qué año se tiene previsto incluir los recursos de la reforma tributaria?

-Vemos que con mayor fuerza se verán reflejados en 2024.

¿Han iniciado conversaciones con las clasificadoras de riesgo y creen que, con esta meta fiscal, Chile debería mantener la posición crediticia, o no necesariamente?

-Es gestión usual de las administraciones y sus autoridades económicas tener ese tipo de conversaciones. La posición crediticia depende de varios factores, el tamaño de la deuda es muy importante, pero también la disminución de las tensiones sociales del país. Desde la Dirección de Presupuestos la responsabilidad que nos toca es tener una buena programación presupuestaria para que ambos factores funcionen bien y, por ende, podamos tener la mejor posición crediticia posible.

Con este informe, ¿se refrenda el mensaje que entregaron durante la campaña de que la responsabilidad fiscal era una prioridad para el gobierno de Gabriel Boric?

-El mandato del Presidente es inequívoco: las transformaciones tienen que ser sostenibles en el tiempo. Lo peor que nos puede pasar es avanzar con los cambios y que después se tenga que retroceder. Para que los cambios sean sostenibles en el tiempo tiene que haber sostenibilidad fiscal. Por eso nos importa tanto normalizar la situación fiscal con respecto al año pasado. Eso nos dará la estabilidad fiscal necesaria para poder financiar los derechos sociales y poner la política fiscal al servicio de las personas.

¿Qué tan intransable será para ustedes no salirse del marco presupuestario, y eso incluye resistir las presiones políticas que seguramente estarán presentes entre los parlamentarios por un mayor gasto?

-Es un compromiso que está bien adquirido y socializado en el gobierno y muchos ministerios son bien colaboradores en eso. Se requiere ocupar los espacios flexibles que existen, como lo son los recursos del Fondo de Emergencia Transitorio y la glosa republicana. La gestión presupuestaria hace que eso sea posible, entonces vamos por buen camino en ese sentido.

¿Es un intransable, entonces?

-Es una prioridad para la administración respetar el marco presupuestario.

¿Cuánto espacio fiscal le queda al gobierno para hacer frente a medidas de emergencia, sin salirse de ese marco presupuestario?

-Eso va variando día a día, dependiendo de la ejecución presupuestaria. Las administraciones van tomando esas decisiones a medida que va avanzando el año y el ritmo de ejecución, sobre todo este año que existen fondos como el Fondo de Emergencia Transitorio y la glosa republicana. Es parte de la buena gestión reconocer esos espacios y ponerlos a disposición de las necesidades de las personas. Lo que se va gastando y ejecutando va quedando consignado mes a mes en el informe de ejecución presupuestaria.

¿Se descarta cualquier tipo de ayuda que sea universal?

-En el plan Chile Ayuda tenemos un compromiso de que, en caso de confinamiento, tener un IFE. Vamos a modificar la institucionalidad fiscal para que estemos preparados para ese tipo de situaciones. Hoy día lo más importante es poder normalizar la economía y por eso estamos impulsado medidas que responden a los problemas que existen, como el aumento del costo de la vida.

¿El IFE estará incorporado en el proyecto de responsabilidad fiscal?

-Para esa iniciativa estamos viendo principalmente tres ejes: uno, establecer la regla dual para el balance estructural; lo segundo es tener una institucionalidad fiscal necesaria para afrontar momentos extraordinarios, como lo fue la pandemia. Eso incluye mejorar las reglas de aporte y retiro de los Fondos Soberanos, especialmente del Fondo de Estabilización Económica y Social, y ahí se incluyen los mecanismos de activación del IFE. Lo tercero tiene que ver con la crisis climática. Esto, porque parte de la sostenibilidad fiscal se juega por estar preparados para distintos eventos. Todo esto estará dentro del proyecto de institucionalidad fiscal.

¿Hay mucha grasa en el Estado hoy? ¿Qué tan cierta es esa afirmación?

-Hay distintos indicadores que se utilizan para dimensionar el tamaño del Estado. El nivel de nuestro país, bajo ningún parámetro es alto. A mí me choca cuando se habla de grasa del Estado. Ahora, sí concuerdo que existe una oferta programática muy poco articulada y bien fragmentada. Hoy día encontramos que hay 330 programas y el 47% de esa oferta presenta un gasto menor a $ 2.000 millones. El énfasis debe estar puesto ahí, en cómo articulamos y coordinamos mejor la oferta.

En el informe entregaron una proyección de expansión del PIB para el período de gobierno del 2% promedio, ¿tienen alguna meta de crecimiento?

-Es un poco artificioso ponerse metas de crecimiento cuando hay tantos factores exógenos. En lo que sí estamos comprometidos es en promover el crecimiento económico, generar empleo, apoyar los sectores rezagados.

Un aspecto que preocupa a algunos expertos es cómo se llegarán a financiar todos los derechos sociales que se están aprobando. ¿Cómo debe conversar la aprobación de estos derechos con la responsabilidad fiscal?

-La Convención Constitucional ha aprobado normas de expansión de derechos sociales y, a la vez, normas relativas a principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal en todas sus instituciones y en todos sus niveles. Por lo tanto, la nueva Constitución será un buen marco para que luego el legislador materialice esos derechos sociales bajo el principio de sostenibilidad de nuestras finanzas públicas.