Jorge Rodríguez, CFA: “Si se debe ayudar a ciertos grupos específicos, se debe hacer dentro del marco del Presupuesto 2022”

La situación fiscal para este año es compleja y con los márgenes muy ajustados para retomar una senda sostenible en el tiempo. Ese fue uno de los principales mensajes que entregó a mediados de la semana pasada el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) en su exposición ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

El encargado de hacer la presentación ante los legisladores fue el vicepresidente de la entidad, Jorge Rodríguez, quien detalla en conversación con Pulso los principales riesgos que enfrenta el país en materia de recursos públicos y lo que debe hacerse, según el CFA, para caminar hacia la convergencia fiscal.

¿Cuál es la situación fiscal del país hoy en día?

-Estamos saliendo de una situación fiscal súper extraordinaria. La economía ha estado sometida a presiones fuertes. Tanto porque ha sido afectada por la crisis, pero también porque ha actuado con planes muy importantes de apoyo a la ciudadanía. Es una combinación de ambas cosas. Los ingresos cayeron mucho por toda la crisis, pero además se hicieron planes muy activos y es importante destacarlo, porque se pudieron hacer debido a que tuvimos un comportamiento responsable antes. Teníamos una deuda baja y habíamos ahorrado recursos para hacer frente a alguna crisis. El llamado que hace el Consejo Fiscal Autónomo es que la crisis ya se está atenuando y debemos empezar a normalizar la situación fiscal.

Por eso mismo, ¿el llamado que hicieron en la Comisión Mixta Especial de Presupuestos fue a que las nuevas ayudas del gobierno sean focalizadas?

-Hay que distinguir entre las necesidades permanentes que puede tener la ciudadanía, de las transitorias provocadas por la pandemia. Para las necesidades permanentes, que son muchas, se necesitan fuentes de ingresos permanentes y esa es otra discusión. Debemos separar muy bien esa línea. Distinguir, por ejemplo, una discusión de la reforma previsional, que requiere una fuente de financiamiento permanente, con definir quiénes siguen afectados por la crisis y a ese grupo entregarle una ayuda transitoria.

¿Cualquier nueva ayuda fiscal se debe mantener dentro del marco presupuestario?

-El llamado es a empezar a normalizar la política fiscal e iniciar un plan de convergencia hacia algo más cercano a las metas originales de balance estructural que teníamos. Para eso, es muy importante que se cumpla el gasto público estipulado en la Ley de Presupuestos 2022, que considera un ajuste importante. Si se debe ayudar a ciertos grupos específicos, se debe hacer dentro de ese marco.

¿Cuánto espacio le queda al Ejecutivo para otras medidas de apoyo respetando el Presupuesto 2022?

-El plan de recuperación Chile Apoya destacamos que cumple con financiarse dentro del marco aprobado, por lo tanto, hace uso de la flexibilidad presupuestaria que existe y del fondo de libre disposición. Se está cumpliendo el no salirse del marco. Por la magnitud del plan anunciado, se puede decir que están haciendo uso de gran parte de esa flexibilidad. No obstante, los gobiernos pueden hacer un esfuerzo extra de reasignar. Si es que surgen nuevas necesidades de emergencia, la idea es que el gobierno haga reasignaciones.

¿Qué pasaría si se sale del marco presupuestario?

-El gobierno todavía no ha anunciado su meta de política fiscal, pero el ministro de Hacienda ha dicho que quiere avanzar hacia una convergencia. En las modelaciones de sostenibilidad fiscal que hemos hecho en el CFA, es muy importante que el primer año, que es este 2022, haya un ajuste importante, para después ir ajustando de manera un poco más suave. Si no hacemos el ajuste fiscal fuerte en 2022, vamos a tener que hacer esfuerzos muy fuertes en una seguidilla de años, y eso para la economía es mucho más complejo.

Si es que no se cumple este ajuste fiscal, ¿las clasificadoras de riesgos podrían volver a rebajar la nota del país?

-Las clasificadoras de riesgos miran un conjunto de variables. El tema fiscal es uno, pero también es importante el potencial de crecimiento de la economía. Tampoco se nos tiene que olvidar cómo volvemos a recuperar el crecimiento de largo plazo. Para eso debemos pensar en cómo mejorar la productividad, inversión pública y privada. Hay que ir dejando atrás los hechos extraordinarios de la pandemia e ir pensando en el crecimiento de largo plazo de la economía. Las clasificadoras van a mirar eso también. En términos de la política fiscal, lo que analizan es cuán creíble es el compromiso de ordenar las finanzas públicas. Por eso es tan importante el decreto que anunciará el ministro de Hacienda, pero también cómo eso se va materializando día a día. Un anuncio de convergencia fiscal lo puede hacer cualquiera, pero ir dando los pasos que lo vayan reafirmando es lo más complejo.

Hacienda anunció que se incorporará un límite de deuda pública a la meta fiscal y que en base a eso se estimará el balance estructural que sea consistente con dicho nivel sostenible de deuda. ¿Qué le parece tal cambio?

-El CFA lo recomendó en un informe que hizo a principios del año pasado. Como país tenemos una regla de balance estructural desde 2001, pero no tiene como meta una deuda bruta. Eso era razonable cuando teníamos un nivel de deuda bastante bajo, pero ahora que la deuda lleva creciendo varios años, es relevante monitorear ese factor.

¿Esta fórmula ayudará a que se cumpla la regla fiscal?

-Tener una regla dual hace ser más estricto, porque se tienen que monitorear dos variables al mismo tiempo. Ahora, si se cumple o no, dependerá de la voluntad política de todos los actores. El mundo está lleno de países que establecen reglas, pero no la cumplen.

¿Cuál es el techo de deuda prudente para la economía chilena?

-En un informe anterior hicimos un análisis de sostenibilidad que lo presentamos como preliminar. Ahora, en la presentación ante los parlamentarios, lo volvieron a preguntar, y fuimos bien enfáticos en decir que era preliminar. De todas formas, presentamos ese número y estimamos que un nivel de deuda bruta prudente para Chile está en torno a 43% del PIB. Esa es una estimación preliminar. El año pasado terminamos con una deuda bruta de 36% del PIB, por lo que nos hemos acercado bastante a este nivel.

En la comisión ustedes afirmaron que las nuevas proyecciones que deberá hacer el gobierno la próxima semana tienen que ser realistas. ¿Las que presentó el gobierno anterior no lo fueron?

-Cuando se publicó el último Informe de Finanzas Públicas, nosotros como consejo dijimos que tenían que mirarse con precaución esas cifras, porque estaban considerando un escenario económico con un crecimiento del PIB bastante más alto que otras instituciones que hacen proyecciones, en particular las del Banco Central y el mercado en general. Hay una vinculación entre el crecimiento económico y los ingresos fiscales. Si se proyecta un escenario muy optimista de crecimiento económico, habrá un escenario más optimista de ingresos fiscales y, por lo tanto, el resultado fiscal aparecerá mejor de lo que puede ser. Además, desde que ocurrió esa proyección hasta ahora, han sucedido más noticias en el mundo en términos económicos, siendo la más significativa de ellas la invasión de Rusia a Ucrania.

En otro ámbito, la Convención Constitucional aprobó el principio de responsabilidad fiscal, ¿es un buen resguardo?

-Nosotros enviamos dos informes a la Convención Constitucional sobre estas materias. Teníamos una serie de propuestas y una de ellas era que se incluyeran los principios de responsabilidad y sostenibilidad fiscal en la Constitución. Eso fue aprobado recientemente y lo valoramos. En esa misma propuesta dijimos que ese principio necesita hacerse operativo en una serie de otras normas. Algunas pueden ser con rango constitucional y otras no.

Un aspecto que preocupa a algunos expertos es cómo se llegarán a financiar todos los derechos sociales que se están aprobando. ¿Cómo debe conversar la aprobación de estos derechos con la responsabilidad fiscal?

-Los derechos sociales tienen que financiarse de alguna forma. En la experiencia internacional hay algunas constituciones que tienen derechos sociales ampliamente definidos, pero que en los hechos no se cumplen por la falta de financiamiento. Seria frustrante para la ciudadanía que la Constitución tenga muchos derechos sociales, pero que por insostenibilidad fiscal luego no se puedan implementar. Entonces, es importante hacer esa conversación.

¿Cómo se resguarda que se respete la responsabilidad fiscal?

-El hecho que el principio de sostenibilidad fiscal tenga rango constitucional, al igual que un derecho social, significa que está en igualdad de condiciones. Conceptualmente tienen que conversar y, por ello, cuando se aterrice en una política pública deben estar equilibrados, porque los dos tienen rango constitucional. Esa es la gracia de haber puesto el principio de responsabilidad fiscal en la Constitución, ya que mandata al legislador o al gobierno a tener ambas cosas como objetivo deseable al mismo tiempo.