Jorratt arremete contra informe del CEP de evasión: “No es grato que personas que nunca se han dedicado a estos temas hagan un análisis simplista”

La tasa de evasión y elusión que hay en Chile y, en especial, la del impuesto de primera categoría que es el que pagan las empresas, ha generado debate.

Todo comenzó luego que el Servicio de Impuestos Internos (SII) publicara un informe sobre los niveles de incumplimiento tributario del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto de Primera Categoría o corporativo. De acuerdo a ese análisis -liderado por Michel Jorratt por encargo del SII-, la tasa de incumplimiento tributario del IVA fue del 18,4% promedio entre 2018 y 2020, lo que equivale a una brecha promedio del 1,8% del PIB. En el caso del impuesto corporativo, la brecha ascendería a un 4,7% del PIB, producto de una evasión del 51,4% promedio en igual período. Esas cifras, y principalmente la relacionada con el tributo a las empresas, generó y sigue generando discusión en el mundo privado.

En dicho contexto, los investigadores del Centro de Estudios Públicos (CEP) Fernando Bastidas, Gabriel Ugarte y Rodrigo Vergara realizaron un estudio donde aplicaron otra metodología y los resultados fueron distintos. En total, obtuvieron tasas de evasión que son 8 y 10 puntos porcentuales menores a las informadas por el SII para los años 2018 y 2019, respectivamente. Para 2018, el SII estimó una tasa de incumplimiento tributario de 50,1%, y para 2019 de 48,3%. En cambio, la tasa de evasión del impuesto a las empresas según el análisis del CEP sería de 42,1% y 38,3%, para cada uno de esos años.

Entre los cuestionamientos que el CEP detectó en el informe del SII se incluyen problemas con la incorporación de la economía informal, la exclusión de algunos conceptos tributarios relevantes que generan gasto tributario para las empresas (leasings) y dudas con respecto de cómo se captura a las pymes en la metodología y la no exclusión de las corporaciones financieras en el análisis, tal como lo recomienda el FMI, y posibles omisiones en el cálculo de la tasa promedio ponderada.

Ante este informe que rebate las cifras del análisis del SII, Michel Jorratt salió a responder y enumera paso a paso los errores que a su juicio contiene ese trabajo.

Lo primero que menciona es que “el CEP no hizo una estimación de evasión. Lo que hicieron fue tomar nuestro estudio, adivinar qué errores se cometieron sin preguntarnos y aplicar ajustes que supuestamente corrigen los supuestos errores, usando la metodología del ‘supongamos que’”.

Sin embargo, el exdirector del SII y hoy asesor de esa institución sostiene que el análisis del CEP lo deja “contento, pues no hace más que confirmar que los resultados obtenidos por el SII son razonables. De hecho, reconocen que la metodología usada está validada por el FMI, y se olvidan de la mayor parte de las críticas iniciales, que no tenían ningún fundamento. Sin duda que es un análisis algo más serio que los que se habían visto hasta ahora, pero no por ello exento de errores”.

En su descargo, Jorratt dice que “después de concentrarse sólo en aquellos aspectos que, a juicio de los autores, podrían significar una sobreestimación del incumplimiento, concluyen que la evasión no es 50% sino 40%. Es decir, desde el punto de vista de los recursos que es posible recaudar con mayores facultades y recursos para la administración tributaria, no hay una gran diferencia”.

No obstante, puntualiza que “yo les pediría que ahora hicieran el ejercicio al revés: concentrarse en aquellos aspectos que podrían significar una subestimación de la evasión y que corrigieran al alza. Probablemente llegarían a una tasa de evasión mayor a la estimada por el SII”. Con ese cálculo, menciona que “hay varios elementos que podrían considerar que subestiman la evasión, por ejemplo: la no incorporación de las ganancias de capital; los costos indirectos de producción, que tributariamente se llevan a gasto y financieramente se activan; o la evasión que se omite medir al considerar valores declarados, y no teóricos, en la corrección monetaria, depreciación, deducción de utilidades reinvertidas, donaciones y pérdidas”.

Para Jorratt, en el SII se hizo un trabajo serio. “Estudiamos a fondo la metodología de Cuentas Nacionales para entender qué ajustes había que realizar, consideramos todos los detalles de la legislación, analizamos con cuidado cada tema para llegar a la mejor estimación posible, evitando sub o sobreestimar. Entonces, no es grato que personas que nunca se han dedicado a estos temas hagan un análisis simplista, con la metodología del ‘supongamos que’, y pretendan desacreditar un trabajo profesional”.

Uno de los cambios que consideró el informe del CEP fue la tasa promedio ponderada. Según Jorratt, “los autores señalan que al usar la tasa corporativa promedio ponderada en base a las declaraciones, se estaría sobreestimando la evasión, pues si se considera que las pymes evaden más que las empresas grandes, y dado que las primeras tienen una tasa más baja que las segundas, la tasa promedio ponderada teórica debería ser menor que la efectiva. Los autores parecen olvidar que la tasa que paga la empresa depende del nivel de ventas, y el nivel de ventas, a su vez, depende del nivel de evasión”, apunta.

Asimismo, indica que “al usar la tasa corporativa promedio ponderada se asume exactamente que la evasión es inversamente proporcional al tamaño de las empresas, pero si la evasión fuera proporcional para todos los tamaños de empresas, la tasa promedio ponderada teórica debería ser mayor que la efectiva, pues al no haber evasión muchas empresas que tributaron con la tasa más baja del régimen pyme debieron haberlo hecho con la tasa más alta del régimen semiintegrado, lo que habría afectado tanto a la utilidad declarada como a la evadida. Los autores se equivocan al pensar que la pertenencia a un régimen es estática, cuando en realidad depende del nivel de actividad declarado”.

Respecto al factor de la informalidad, Jorratt menciona que “los autores sugieren que se nos olvidó hacer ajustes por informalidad. Hicimos un estudio específico de informalidad, basado en la Encuesta Suplementaria de Ingresos. Ellos estiman que para 2017 los ingresos informales fueron $4,3 billones y lo proyectan a 2018 por IPC y suponen que el 35% serían servicios a honorarios. Yo les puedo decir, en base a un estudio riguroso, que en 2018 los ingresos informales fueron $5,2 billones y que sólo un 17% debió haber dado boletas de honorarios”.

Argumenta que, “curiosamente, los autores critican que estamos suponiendo que los informales no usarían, en caso de ser formales, la rebaja del 50% de las utilidades retenidas. La verdad es que el ingreso promedio de los informales es de $340.000 mensuales. ¿Alguien cree que es posible retener utilidades con ese ingreso? Y aunque lo hicieran, la tasa de evasión cambiaría en el segundo decimal”.

Sobre el leasing, la crítica del informe, según Jorratt, se basa en la explicación metodológica contenida en el propio informe del SII. “Lo que dice nuestro informe es que el efecto de menor recaudación del leasing se produce por la pérdida de capital que reconoce el banco al traspasar el bien, pero que como no tenemos información para estimar las ganancias de capital que se generan en todas las demás transacciones de la economía, no parece razonable descontar estas pérdidas de capital particulares. A mí me parece un criterio razonable. En todo caso, el efecto de descontar estas pérdidas es marginal, de acuerdo a la estimación de los autores”.