José Miguel Benavente hoy está a cargo de liderar una de las tareas estratégicas y de largo plazo más relevantes para el gobierno de Gabriel Boric. El vicepresidente ejecutivo de Corfo, quien goza de una amplia y transversal red de contactos a nivel político y es para muchos el experto chileno más importante en materia de innovación, ha intentado instalar en seis meses los primeros cimientos de lo que será una nueva política industrial para Chile de manera de aprovechar las ventajas comparativas nacionales, enfrentar las transformaciones derivadas del cambio climático y generar un mayor aporte al crecimiento.

“El objetivo de la nueva política industrial no es picking the winners (elegir ganadores), ni apoyar empresas en particular”, afirma tajante el economista frente a las dudas de algunos sectores sobre cuáles serán los efectos de la decisión estratégica del gobierno.

Enfático, asegura que las ventajas comparativas del Chile en materia de hidrógeno verde implicarán en algún momento tocar los intereses de muchas economías desarrolladas que han cimentado su desarrollo económico en combustibles fósiles los últimos 50 años.

“Cuando vayamos afuera a competir, vamos a pisar en los callos a mucha gente y nos van a buscar en muchos lugares para generarnos problemas. Tenemos que estar preparados para eso. Vamos a tocarle la oreja a algunos”, afirma.

¿Cuál es su evaluación a seis meses de haber llegado a liderar Corfo?

Como ya he dicho, encontré a esta institución un poco alicaída a mi llegada respecto de su foco, de su interés. Lo que hemos tratado de hacer en estos seis meses es tratar de entregar lineamientos hacia dónde queremos empujarla. Pero esto no es borrón y cuenta nueva, sino que construir con que lo que ya se ha hecho históricamente y potenciarlo. También agregar elementos nuevos que están en el programa de gobierno. Me siento muy cómodo en lo que estoy haciendo.

El gobierno ha puesto como objetivo central promover una política industrial como factor de desarrollo. ¿Qué es lo que está haciendo Corfo en este sentido?

Quiero hacer un énfasis en lo “nuevo” de la política industrial, porque la vieja política industrial era aquella que estaba asociada a la selección de sectores, a la selección de tecnología, utilizar barreras comerciales para proteger sectores. No estamos en eso.

Lo que nos orienta en el desarrollo de la política industrial es algo que ha promovido (la economista) Mariana Mazzucato de esta idea de las ‘misiones’, que se traduce en la resolución de un problema que en general está asociado a una crisis de un país, región o el planeta, como es el cambio climático, en que el beneficio de resolverla se vea reflejado en los ciudadanos. A estas misiones se le pone un plazo, en este caso el año 2050, y una métrica. Por ejemplo, entendemos el hidrógeno verde como un instrumento para lograr la descarbonización de Chile. Para hacer hidrógeno verde también se necesitan muchas cosas como aprovechar las ventajas que tenemos en la producción de energías limpias a un costo muy barato, buscar encadenamientos productivos en la producción de, por ejemplo, piezas y aerogeneradores, y apoyar el desarrollo de proveedores para la transformación de sectores tradicionales como la minería, agroindustria y transporte.

Entonces, esta nueva política industrial se basa en esta idea de misiones. Esto tiene un despliegue territorial muy importante y hay que incorporar todas las comunidades, el territorio, los intereses de la sociedad civil y la protección de muchos elementos que tienen que ver con recursos naturales de manera que sea una situación ganadora para todos.

Hay temor en algunos sectores sobre el riesgo de replicar la política industrial de los años 50 en Chile, donde se elegían los sectores ganadores y perdedores de la economía. ¿Qué responde a esos temores?

La característica que ha tenido la política industrial de los años 50 a los 60 estaba basada en dos conceptos: el apoyo específico a empresas y un mecanismo de apoyo a través de la protección comercial vía aranceles e impuestos a las importaciones. Esto, que se denominó el argumento de la industria naciente, funcionó en varios países como Estados Unidos, Europa continental, Corea y otros, porque el mercado doméstico era suficientemente grande para bancarse los tamaños de planta necesarios para desarrollar esa industria. ¿Por qué no funcionó en países como los nuestros? Porque nuestro mercado era muy pequeño, había costos marginales muy altos y no era competitivo.

Por eso la hemos denominado “nueva política industrial”, ya que no apoya a empresas específicas, no apoya a un sector específico o de tecnología específica, y menos lo hace con una política comercial, con proteccionismo. No es que vamos a subir los aranceles. Es completamente distinto. El objetivo de esta nueva política industrial no es picking the winners (elegir ganadores), ni apoyar empresas en particular.

No es elegir ganadores…

No es elegir ganadores. Lo que estamos eligiendo, y que ya se eligió de facto, es elegir la misión, y que es descarbonizar Chile al 2050. La idea es que el ciudadano se vea beneficiado con esto. ¿Vamos a crear industria nueva como consecuencia de esto? Sí. ¿Vamos a ser competitivos a nivel mundial con alguna de ellas? Probablemente, porque tenemos ventajas en temas de generación energética y, además, hay una demanda creciente en el mundo por esto.

¿Es decir, no es incompatible con la apertura comercial chilena que se ha implementado durante las últimas décadas con éxito en Chile?

No. Lo que se está haciendo es buscar mecanismos que no nos impidan en los acuerdos comerciales desarrollar esto, pero no vía impuestos o aranceles. El punto es que vamos a desarrollar hidrógeno verde y le vamos a empezar a generar problemas a muchos países que tienen al tema energético como claves en su desarrollo.

¿Por qué?

Porque la mitad del crecimiento de la riqueza del mundo está basada en carbón. Entonces, imagina que un país pequeño como Chile les va a ir a tocar la oreja a ciertos países que han basado toda su economía y riqueza los últimos 50 años en combustibles fósiles. Por eso es muy importante el rol que tiene Cancillería en esto. Tenemos que estar preparados, ya que vamos a tener una “guerra” de muchos países que nos van a poner palitos, porque les vamos a pisar ciertos intereses.

Por lo tanto, tenemos que preocuparnos de que no vayan a utilizar herramientas o artilugios para tratar de combatirlo en este proceso de tratar, por ejemplo, de exportar bienes basados en hidrógeno verde. Eso es lo que está haciendo (en materia de tratados de comerciales) el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada. Vamos a ir a meternos a las patas de jugadores grandes. Cuando vayamos afuera a competir, vamos a pisar en los callos a mucha gente y nos van a buscar en muchos lugares para generarnos problemas. Tenemos que estar preparados para eso. Vamos a tocarle la oreja a algunos.

Entonces, el gobierno no está planteando restricciones a la apertura comercial ni que el crecimiento de Chile pase por construir baterías de litio en el futuro…

No, para nada. No hay ninguna política que busque restricciones al comercio por vía arancelarias o proteccionismo y volver a la vieja usanza de los años 50 y 60. Al revés. Lo que se está haciendo (por ejemplo, con las side letters del TPP11) es buscar evitar los espacios de conflicto que potencialmente van a ocurrir cuando empecemos a desarrollar estos sectores nuevos. Esto no tiene nada que ver con barreras arancelarias y volver a la autarquía. Está lejísimos de eso.

La creación de la Banca Nacional del Desarrollo, donde Corfo es clave, va muy asociada a esta política industrial…

Es importante explicar las razones detrás de esta institución. Hay un conjunto de proyectos en Chile cuyas etapas de maduración han transitado por distintos hitos de desarrollo tecnológico y que atienden problemas relativos al cambio climático. Por ejemplo, soluciones en la minería de desarrollar capacidades de fundición carbono neutral o temas de tratamientos de relaves. Esa tecnología se está desarrollando en Chile por chilenos.

También estamos desarrollando otros sectores productivos acuícolas con Fundación Chile (como la corvina y otras especies). El proyecto está en una etapa en que se necesita ponerlo a una escala de producción de tamaño real y para eso se necesita financiamiento importante de unos US$ 20 millones a US$ 50 millones. Sin embargo, están muy “verdes” y aún no venden nada. En ese espacio no hay soluciones de mercado que puedan solucionar y escalar estos proyectos. En ninguna parte del mundo hay bancos tradicionales o comerciales que entren tan temprano a financiar estos proyectos. El capital de riesgo, que es otro mecanismo, no entra tan temprano y, además, no ingresa con recursos importantes. Entonces la solución que existe en el mundo desarrollado es una banca nacional de desarrollo.

El gobierno ha dicho que Corfo hará un piloto de Banca Nacional de Desarrollo en 2023. ¿Cómo se aterriza ese mandato?

Como Corfo vamos a desarrollar la musculatura y el conocimiento que se necesita para desarrollar una Banca Nacional del Desarrollo con, por ejemplo, organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID u otros bancos, y junto con fondos internacionales como el Green Climate Fund. En definitiva, vamos a hacer en 2023 unos pilotos de Banca Nacional de Desarrollo y la idea es que una vez que esas capacidades, conocimiento y musculaturas estén desarrolladas y esté lista la institucionalidad, esto sale de Corfo. La Corfo no va a ser una Banca de Desarrollo.

SQM lanzó un plan Salar Futuro, pero pidió renegociar el contrato con Corfo. ¿Está dispuesta Corfo a renegociar el contrato de 2018?

Este es un tema que va más allá de la Corfo. Veremos el tema del contrato en función de lo que represente mejor el interés del país y es un proceso que estamos discutiendo actualmente. El Estado chileno se ha beneficiado mucho a través del royalty que se cobra. Mucho está entrando el patrimonio de la Corfo que financia parte de las nuevas propuestas que estamos comenzando. Estamos conscientes de que el precio alto del litio no va a durar hasta el infinito y también entendemos que en el salar de Atacama no es la única fuente de producción de litio de Chile. Eso lo tenemos claro, pero estamos buscando. A lo que estamos apelando es que sea por el mejor interés de todos los chilenos.

¿Es decir, usted está disponible a renegociar ese contrato?

Más que renegociar, hay que ver bajo qué condiciones los contratos son lo más conveniente para Chile. Si eso significa renegociar los contratos, habrá que renegociarlo.

¿Han tenido contacto con SQM en último tiempo a propósito de esto?

Por Ley del Lobby los recibimos y ellos nos contaron lo que están haciendo, así como hemos recibido a Albemarle y a otros interesados como es Tianqi y otras empresas chinas que están interesadas en invertir en Chile porque les interesa el litio.

¿A cambio de qué estaría Corfo disponible para aumentar plazos o cuotas a SQM para renegociar esos contratos?

Estamos discutiendo eso. No es una información que le puedo dar ahora.

¿Estaría dispuesto a entrar a la propiedad de SQM?

Al revés. Hay una propuesta de crear una Empresa Nacional de Litio. La pregunta es si esa empresa Nacional del Litio puede ser o no con otros privados. Lo central aquí es cómo, a través de un recurso no renovable, podemos obtener la máxima renta posible para los chilenos. Esto es lo que se llama técnicamente rentas ricardianas. Una forma de hacerlo es a través de royalties que hoy se está haciendo. Pero hay otras formas. La Empresa Nacional del Litio es una forma adicional para capturar esa renta ricardiana. También tiene que ser de una forma que sea sustentable medioambientalmente. Hay comunidades que se ven afectadas por esto y tienen que no verse afectadas en el futuro y, además, (de ser) compensadas en algunas cosas que se hicieron en el pasado. También es importante que se genere valor público para Chile.

¿Le complica que Julio Ponce Lerou sea accionista de SQM para estas conversaciones?

Prefiero no responder esa pregunta.

¿Cuánto proyectan en ingresos para 2022 y el próximo año por los arriendos de pertenencias del litio?

Este año Corfo cerraría el año contractual 2022 con cerca de US$ 2.500 millones entre SQM y Albemarle. Para 2023 se espera recaudar entre US$ 1.400 millones y US$ 1.800 millones.

¿Albemarle les ha planteado algún cambio en materia de contratos de litio?

Teníamos una disputa con ellos que estamos cerrando ahora y, además, el contrato es hasta 2043.

¿La disputa que se está resolviendo es el arbitraje internacional que Corfo inició contra Albemarle por incumplimientos de contratos por el litio?

Sí, se está solucionando. Hay una buena voluntad de ambas partes de solucionar ese problema. Había diferencias de opinión con respecto a ciertos temas pero ya lo estamos solucionando.

¿Cuándo resuelve la adjudicación del Instituto de Tecnologías Limpias tras los dictámenes judiciales?

La Corte Suprema pidió que el tema volviera al Consejo de la Corfo. Esperamos un par de semanas más hacer las sesiones correspondientes para que zanje. En un mes más debería estar listo.

¿Pidieron algún informe en derecho?

Por supuesto que sí.

¿A quién se lo pidieron?

También es parte del proceso, que es confidencial, pero va a estar disponible en las actas del Consejo a su debido tiempo.