Uno de los escenarios más temidos, pero también más probables en la actual coyuntura, es que la tasa de desempleo alcance los dos dígitos y supere holgadamente el 10%. En ese contexto, el debate que se está produciendo entre los expertos es cómo contener el alza de la desocupación con la pesada mochila que supone la contracción económica.

Anticipándose al debate, el economista de la Universidad de Chile y miembro de la Comisión Nacional de la Productividad (CNP), Joseph Ramos, cree que la tasa de desempleo podría rozar el 12% en 2020. Y por lo mismo, opina que no sería descabellado pensar en un tercer paquete de estimulo, -aunque acotado dado el espacio fiscal-, para amortiguar el mayor impacto en el mercado laboral, que, además del Covid-19 ya estaba siendo afectado por el estallido social del pasado 18 de octubre.

En conversación con Pulso TV, si bien valoró los alcances del mecanismo de suspensión de la jornada laboral contenido en la Ley de Protección al Empleo, el académico puso sobre la mesa varios elementos a considerar para un eventual tercer paquete. “Este va tener que aumentar el monto de recursos que se reciba o extender el plazo en que son otorgados”.

Añade en esta línea, que deberían aplicarse otros mecanismos para continuar apoyando a la gente que resulte cesante, y profundizarse en las medidas de liquidez a la pequeña y mediana empresa. “Se tendrían que ampliar los beneficios”.

Ahora, y adelantándose al contexto inmediatamente después de la crisis, Ramos es de la hipótesis de que “hay que aplicar otras medidas que involucren gasto fiscal y que incentiven a la actividad", apuntando a la inversión de obras públicas.

En adelante, y respecto a la prolongación de todas estas medidas de contingencia para mitigar el efecto de la crisis (“que será profunda, pero transitoria” según el ministro Briones), el economista de la Universidad de Chile aseguró que el poco espacio fiscal que se tiene hoy día, no permitirá que se repitan situaciones que se vivieron en el pasado, en las que determinados programas que eran originalmente transitorios, finalmente terminaron siendo permanentes.

“Una de las presiones para evitarlo, será el costo fiscal. El déficit fiscal para este año será elevadísimo y cercano al 8% del PIB. Felizmente las cuentas fiscales de Chile, y gracias a los años anteriores, permiten esto. Pero no es una situación que pueda continuar”, dijo.

Esto último se vuelve especialmente relevante, si se considera el debate que se ha abierto desde octubre pasado cuando el país empezó a usar sus recursos para mitigar el estallido y que dejó abierta la interrogante sobre cuan preparado podría estar Chile si es que se presentara un tercer shock en la economía.