Juan Sutil, presidente de la CPC: “El gobierno debería haber ido en forma más ágil con la ayuda a las personas que la requerían”
Frente a la aprobación del retiro del 10% de las AFP, el líder de los empresarios reconoce que se llegó tarde. No sólo la ayuda estatal no tuvo la premura necesaria, sino que las modificaciones en torno al sistema previsional debieron haberse hecho bastante antes.
La semana de Juan Sutil fue, por decirlo menos, intensa. Además de las múltiples actividades que el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) lidera, siguió de cerca el debate por el retiro del 10% de los fondos previsionales. Mostró su rechazo a la iniciativa en las oportunidades que tuvo. Y hoy, ya con la votación concluida y la ley ad portas, hace su análisis. Reitera que es una mala política pública, pero reconoce que se cometieron errores, que se debió haber avanzado antes, que hubo reformas que debieron haberse impulsado y que, al final del día, el país se estancó, poniendo en pausa la red de protección social. Hoy respalda el proyecto constitucional como única salida para alcanzar un acuerdo común y tiene claro que el retraso en el actuar del gobierno fue un catalizador de la discusión del 10%. Es jueves pasada las 20:00 horas, y Juan Sutil comienza su evaluación.
¿Por qué, a su juicio, llegamos a este punto?
-Es bien amplia la pregunta. Creo que políticamente no hemos hecho la evolución adecuada para lograr ciertos acuerdos nacionales. La presidenta Bachelet, por ejemplo, presentó un acuerdo constitucional y en algún minuto no lo miramos; pienso que podríamos haber logrado un buen acuerdo en la reforma de pensiones y tampoco fuimos capaces, como país, de cambiar la cotización e irla aumentando, ni tampoco de ponernos de acuerdo en una reforma que nos pudiera haber abrazado a la sociedad en su conjunto. Y hoy estamos frente a una situación mucho más polarizada que hace más difíciles los puntos de concordancia. Además, la política se ha desconectado del rigor técnico para tomar buenas decisiones de políticas públicas y eso se va transformando en posiciones más polarizadas y muchas veces más populares.
¿Mirándolo en retrospectiva, fue un error del sector empresarial no haber respaldado la reforma constitucional de Michelle Bachelet y la previsional de Rodrigo Valdés?
-Creo que es anterior a eso. Hay un error como sociedad primero, en no haber abarcado estos puntos, y digo como sociedad, porque la sociedad elige a las autoridades, y esas autoridades no fueron lo suficientemente capaces de procesar las diferencias, independientemente de lo que nosotros pudiésemos pensar como sector representativo de la empresa y del sector productivo.
Que también se oponían a un sinfín de aspectos de esas reformas constitucional y previsional… ¿No era mejor haber encauzado esas reformas, entendiendo que el sistema ya venía sumamente erosionado?
-Hubiera sido, sin duda, mejor haber construido los acuerdos con anticipación. En estas materias no hemos logrado construir buenos acuerdos. Tú tienes etapa primaria de desarrollo, etapa secundaria y etapa terciaria. La etapa primaria fue la lucha por derrotar la pobreza y Chile fue exitoso; se creó una clase media importante, ciertamente bastante frágil, pero junto con eso empezamos a transitar a la etapa secundaria y ahí es donde nos fuimos quedando atrás en la mejora de la red de protección social, lo que se logra mejorando la salud, las pensiones y la educación. Y después viene la terciaria, que sí ocurrió en sociedades más desarrolladas como en Europa, que lograron avanzar, generar más equidad e igualdad a través de una mejor protección social y hoy son países desarrollados. En esa transición nos fuimos quedando cortos. Y eso es lo que hay que cambiar.
Usted plantea que la política se alejó de la técnica, ¿pero hasta qué nivel los técnicos han podido dar respuesta a lo que las personas necesitan? Porque hoy nos encontramos con un sistema previsional que no satisface.
-Cuando miras la técnica en los países desarrollados, la contribución de los cotizantes es entre el 16% y 18%, y cuando miras los informes de los organismos internacionales dicen que con el 10% era imposible que hubiese en Chile buenas pensiones. Y después tienes la comisión Marcel, que es del año 2006, y luego viene la corrección en la comisión Bravo, que dice que hay que perfeccionar los sistemas. Si nosotros hubiésemos hecho estos cambios paulatinamente en el tiempo, probablemente el nivel de la pensión hoy día sería muchísimo mejor, pero al final el país de alguna forma se fue atrincherando y hoy lo que está pasando es reflejo de eso.
¿Cuál es el ánimo del empresariado después del 10%?
-El retiro del 10% lo miramos con cierta preocupación desde el punto de vista del detrimento que va a significar eso en las futuras pensiones y lo que hemos dicho es que eran mejores otras soluciones a que las propias personas tengan que sacrificar parte de sus ahorros previsionales para resolver sus problemas inmediatos. Entonces, creo que ahí también falta discusión y ponernos de acuerdo. Quizás nos hubiésemos podido poner de acuerdo, de hecho hubo un grupo de 16 economistas, donde estaba todo el espectro político, que planteó una solución transitoria y eso tampoco se está implementando.
¿Cuál es la responsabilidad del gobierno en lo que pasó con el 10%?¿ Llegó demasiado tarde con sus medidas para la clase media?
-Creo que, efectivamente, el gobierno debería haber ido en forma más ágil con la ayuda a las personas que lo requerían. En ese sentido, lo que yo echo de menos es haber actuado con ayudas más amplias, confiando quizás en las personas y, por último, quien vulnera el sistema puede ser castigado por aquello, y quizás no hubiéramos llegado a esta suerte de solución que, en mi opinión, es una mala decisión mirado desde las pensiones futuras.
Y no sólo medidas tardías desde el punto de vista social, sino que también hay medidas como el Fogape Plus, que todavía no está anunciado ni operando, y eso afecta a la mediana empresa especialmente. Hay otro programa que se llama Fogain, que es justamente para este período, que está ahí estancado; medidas que han tenido retraso y que de alguna forma han llevado a la discusión de estas otras medidas como son promover el retiro de fondos de pensiones, impactando las pensiones futuras, porque llevamos más de una década discutiendo la importancia de aumentar el aporte de las cotizaciones para las futuras mejores pensiones...
Pero no se avanzó lo suficiente en diez años. En ese sentido, ¿la centroderecha y el sector empresarial tienen también una cuota de responsabilidad?
-Por eso mismo parto diciendo que la sociedad en su conjunto no fue capaz de ponerse de acuerdo y ahí obviamente somos todos responsables, y no solamente el sector empresarial, que es sólo un actor. Ahora, lo que tenemos que hacer es mirar modelos exitosos, y los más exitosos están basados en la democracia, en la libertad, en la protección social y eso se logra ver muy bien en Europa o en Australia.
¿En qué pie queda el gobierno para seguir liderando este proceso?
-Este es un proceso que es más bien de la sociedad en su conjunto, especialmente de la sociedad civil. La sociedad civil nos tenemos que poner de acuerdo, porque hoy día al mundo político le está costando ponerse de acuerdo.
Es muy complejo para el Poder Ejecutivo, ya sea de este gobierno o cualquier otro, si es que no tiene el apoyo de su coalición o apoyo en el Congreso, porque, al final, si las mayorías permiten hacer propuestas distintas a la conducción que plantea el gobierno, simplemente el gobierno no tiene la posibilidad de imponer sus políticas si no las concuerda con el Poder Legislativo, y hasta aquí hay que reconocer que al gobierno no le ha ido bien en eso. Y esa realidad no es de hoy día, es la realidad desde que este gobierno asumió.
Pero ahora se ve de manera más dramática, porque su propia coalición se dio vuelta en este debate…
-Quizás fue en este debate del 10% producto de la pandemia, de querer empatizar con el sufrimiento de muchas personas. Ahora, yo no sé si en otras cosas que son fundamentales van a tener la misma posición o no, eso lo tenemos que ir viendo en el camino. En lo personal, creo que es evidente que las decisiones políticas hoy están tomándose más con el corazón, con la emoción, que con la técnica.
¿Y en qué pie queda el empresariado después de esto? Ustedes mandaron una carta y fue mal evaluada por un sector de la opinión pública. Los acusaron de cuidar sus intereses. ¿Se equivocaron?
-No, creo que la carta es muy clara, es una propuesta donde estaban representados todos los gremios. Posteriormente incluso Conapyme, que no la firmó, emitió una declaración que es mucho más robusta, que me sorprende positivamente. Como también me sorprende el caso de la Multigremial, de Juan Pablo Swett, que se haya retractado, no lo comprendo, pero cuando uno lee la carta es una contribución a la discusión. Lo que pasa es que hoy día hay mucha intolerancia en el terreno de las ideas, de las propuestas, entonces si nosotros vamos a ir por la intolerancia o por la descalificación, creo que el país va mal. Lo que hicimos fue hacer un planteamiento que es absolutamente razonable. Ahora, pueden no estar de acuerdo, pero eso no significa hacer una caricatura o una descalificación.
¿A qué atribuye lo de Juan Pablo Swett?
-Probablemente a veces la gente o se equivoca, o puede ser inconsistente y, en este caso, no sé la razón, porque yo entiendo que dentro de su propio gremio tampoco consideran positivo que Juan Pablo se haya bajado.
Ahora entramos a la discusión del llamado impuesto a los ‘súper ricos’. ¿Cómo está viendo ese debate?
-En esa materia, no es un impuesto que resuelva los problemas. En un montón de países lo retiraron, porque el capital al final es el que va generando la actividad, entonces si tú lo vas apretando y apretando, es más difícil que pueda mostrar lo mejor; ahora, obviamente que puede ser muy popular decir ‘ok, voy a poner el impuesto a los mayores patrimonios’, pero no sé si sea una buena idea.
Pero verlo como una medida de emergencia en medio de la actual crisis, donde las personas que tengan más altos patrimonios hagan ese aporte...
-En general, las personas que más tienen son las que más pagan y pagan tasas altísimas. Ahora, si me dices ‘poner un impuesto permanente al patrimonio’, yo creo que no es una buena idea.
¿Y por una sola vez, como dice el proyecto que ingresó al Congreso?
-Hoy la economía chilena y la de la gran mayoría de los países está fuertemente azotada por la crisis económica. Más que nunca, necesitamos reactivar las inversiones y la actividad productiva para poder generar más empleo y, con ello, oportunidades y bienestar para las familias. Para lograr esto, ningún país ha optado por reformas tributarias que impliquen alzas de impuestos, sino que por el contrario, buscan mecanismos para atraer más inversiones e incentivar la contratación. Esto es lo que las chilenas y chilenos necesitan hoy urgentemente.
Dadas todas estas iniciativas y el deterioro que han acusado de las reglas del juego y del Estado de Derecho, ¿hay empresarios pensando en irse de Chile o llevarse sus inversiones?
-Hay inquietud respecto de que esto no se encauce políticamente bien, pero que yo sepa de cosas que sean inmediatas o masivas, no. El empresario en general siempre está dispuesto y comprometido con el país, con el desarrollo y con los proyectos, porque además los recursos de las empresas y los empresarios están invertidos en fierro, en tierra, en fábricas, por ende, no hay liquidez para sacar recursos, eso no aplica. Los recursos importantes están en el capital real que son las empresas que están en los diferentes rubros, entonces esa caricatura de que los empresarios van a sacar la plata, no existe.
Durante las últimas reformas laborales y tributarias, los dirigentes empresariales han advertido sobre el desplome del modelo. ¿Ha habido un exceso de dramatismo?
-No, lo que sí creo es que cuando teníamos un 10% de endeudamiento del PIB, quizás deberíamos haber discutido como sociedad que era mejor resolver problemas, en vez de tener un chanchito afuera como llegamos a tenerlo con los bonos soberanos; podríamos haber mejorado el pilar solidario y no estaríamos en este momento con las demandas sociales de octubre; podríamos haber hecho una mejora sustancial de recursos y eficiencia en la salud, y resulta que no se hizo, y mira las consecuencias. Entonces, yo digo, cuál es el camino: seguirnos polarizando o volver a reencontrarnos. Tenemos que volver a ponernos de acuerdo.
¿Y la empresa qué está dispuesta a aportar en eso?
-Como empresa tenemos que redoblar nuestros esfuerzos en retomar la actividad para que haya más y mejores empleos, esa es nuestra principal obligación hoy día. También es muy importante que haya una política con ciertas bases de acuerdo y el camino fundamental para eso es el proceso constitucional, no hay otro, independientemente del camino que se tome. Al final, hay que volver a construir un acuerdo social.
A su juicio entonces, ¿el proceso constituyente es la mejor forma de lograr este acuerdo social?
-Sí, porque hoy día independientemente de que el país puede funcionar igual con esta Constitución, tiene legitimidad para unos y para otros no. Entonces, tenemos que volver a ponernos de acuerdo para tener bases sólidas para poder construir el futuro.
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