"No tuve participación alguna en el proceso de privatización de Soquimich, toda vez que fui nombrado el año 1987 como director de Soquimich con los votos de American Express".
Con esas palabras, expresidente y uno de los principales accionistas de SQM, Julio Ponce Lerou, descartó haber participado del proceso de privatización de la minera no metálica en la década de los 80, en el marco del denominado programa de "capitalismo popular", mediante el cual el régimen militar buscó el apoyo de los trabajadores de firmas estatales, incentivándolos a adquirir paquetes de acciones de las compañías a las que pertenecían.
Los dichos de Ponce fueron realizados el pasado 5 de marzo, mediante una declaración ante el 34 Juzgado del Crimen de Santiago, entregada en el marco de la querella que hace casi tres años interpusieron cientos de ex trabajadores de la minera no metálica, que lo acusan a él y a su hermano, Eugenio, de estafa y apropiación indebida.
¿El motivo? En dicha demanda, los ex trabajadores aseguran haber sido engañados en los inicios de la conformación de las llamadas sociedades cascadas. Esto, dado que entregaron las acciones que poseían en SQM -que habían adquirido a través de un proceso de negociación y cuyo fin era un fondo de indemnización- a la creación de la Sociedad Pampa Calichera, con la promesa de recibir más tarde más acciones de la minera, en un plan denominado Cachucho 7.
Con esos movimientos, Pampa Calichera, se convirtió en el accionista mayoritario de SQM, con casi el 20% de la propiedad. Sin embargo, el problema vino cuando las acciones fueron prendadas a cambio de préstamos con bancos para obtener más papeles de la minera no metálica, siendo el compromiso, según los demandantes, el que una vez pagados los créditos bancarios para adquirir las acciones de SQM, se procedería a disolver Pampa Calichera, entregándoles a los trabajadores 3,8 acciones SQM por cada acción de SQM aportada al negocio, cosa que según la querella nunca ocurrió, generándoles perjuicios por unos US$78 millones. Los abogados que representan a los extrabajadores son Luis Carmona y Cynthia Molina.
Las declaraciones
En su declaración, Julio Ponce también aseveró que en la querella se le imputan ciertos hechos en el período que va de 1985 a 1986, en el que según plantea, no tuvo ninguna relación con la empresa.
"Fui director de Soquimich entre los años 1981 y 1983, en ese período Soquimich era una empresa 100% estatal (...). El año 1983 renuncié a la Corfo y a todos los cargos que tenían como funcionario Corfo y entre ellos al directorio de Soquimich.
Entre 1983 y 1987 no tuve ninguna relación ni directa ni indirecta ni con la Corfo ni con Soquimich, me dediqué a un negocio particular en el sur de Chile", aseguró, añadiendo que en abril del 87 regresó a SQM como director no estatal, y que luego de tres años alcanzó la presidencia en el directorio, cargo que ocupó hasta 2015.
Días antes, su hermano y actual asesor de SQM, Eugenio Ponce, también realizó sus declaraciones, asegurando que en esa época ocupaba el cargo de gerente comercial.
Sin embargo, aseveró que si bien no participó del proceso de negociación colectiva, como trabajador de la empresa, sí recibió papeles de SQM, entregándolas más tarde a Pampa Calichera.
"No participé en ninguna negociación de convenio colectivo porque ese no era mi rol dentro de la empresa. En particular a ese convenio colectivo del año 1987, aparte de no haber participado en él, no recuerdo que haya existido", aseveró.
