A primera hora de ayer se dio a conocer uno de los fallos más esperados en la industria minera: el Tercer Tribunal Ambiental, con sede en Valdivia, decidió anular la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Tronaduras de Mina Invierno, faena de extracción de carbón ubicada en la región de Magallanes, y que está ligada a las familias Von Appen y Angelini.
En opinión del tribunal -en fallo dividido, de dos votos contra uno- durante el proceso de tramitación ambiental del proyecto Tronaduras se omitió información esencial para la correcta evaluación del mismo. Las actividades de tronadura, no obstante, estaban paralizadas desde fines del año pasado por una medida cautelar impuesta por el mismo tribunal, que fuera ratificada en junio de este año. El proceso se inició con un requerimiento ingresado por la organización Alerta Isla Riesco, dirigido contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que fue el que aprobó las tronaduras.
El SEA señaló que recurrirá a la Corte Suprema a través de un recurso de casación. "El Servicio de Evaluación Ambiental tiene la convicción que la evaluación de impacto ambiental del proyecto Incorporación de Tronadura como Método Complementario en la Extracción Mecánica de Material Estéril en Mina Invierno, así como la resolución del recurso de reclamación, se ajustaron a derecho y se pudo comprobar con modelos predictivos y con los informes de los organismos públicos competentes que no habrá afectación significativa al componente paleobotánico, tal y como lo señaló de manera categórica el voto disidente de la sentencia", señaló el organismo.
En paralelo, el gerente general de Mina Invierno, Sebastián Gil, dijo que el fallo del tribunal pone a la compañía en una situación extremadamente compleja y en la práctica significa la paralización de las actividades en la mina, lo que está programado para el mes de noviembre. "Nos parece un tremendo contrasentido que los fundamentos del fallo tengan que ver con la posible afectación de los fósiles vegetales, materia en la cual nosotros venimos trabajando, estudiando y monitoreando desde el inicio de la operación minera. Nos parece incomprensible que estemos llegando a una situación como esta", dijo el ejecutivo.
Desde la empresa enviaron una declaración, donde señalaron que "dos ministros de este tribunal han decidido invalidar el trabajo y conocimiento especializado de decenas de profesionales chilenos y extranjeros. Cabe recordar que, en reiteradas oportunidades, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y el Consejo de Monumentos Nacionales descartaron que el uso de tronaduras generara efectos adversos en el rescate de los fósiles vegetales", se señaló.
La compañía agregó que hará uso de todas las herramientas legales para revertir la decisión del tribunal valdiviano.
Opositores
En tanto, el abogado representante de la organización ciudadana Alerta Isla Riesco, Diego Lillo, valoró el fallo. "Estamos muy satisfechos con el fallo del Tribunal Ambiental, puesto que da cuenta de una práctica que no es excepcional al proyecto de Tronaduras de Mina Invierno, que es que los proyectos son aprobados sin la información suficiente que permiten, ya sea predecir o descartar, los impactos que tienen, y la práctica habitual también del SEA, de postergar toda la generación de información para la etapa de seguimiento de los proyectos, lo cual no tiene ninguna relación con la lógica preventiva del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental", dijo.
El Presidente de la República, Sebastián Piñera, se reunió con el ministro de Minería, Baldo Prokurica, para abordar el tema en La Moneda durante la tarde de ayer (ver entrevista relacionada).
La Sociedad Nacional de Minería (Sonami) también se refirió a la decisión judicial, y acusó al Tribunal Ambiental de Valdivia de tener una actitud "antiminería" y actuar con falta de fundamento jurídico y técnico tras anular los permisos de tronaduras en Mina Invierno.
El presidente de Sonami, Diego Hernández, vio la resolución del organismo como una "muy mala noticia, porque en la práctica significa volver a cero la tramitación ambiental de este proyecto, afectando la certeza jurídica en nuestro país".
