Justicia de EE.UU. da luz verde a reorganización financiera de Latam y accede a sus peticiones

Este jueves Latam Airlines tuvo su primer cara a cara con la justicia estadounidense, por el proceso de bancarrota que se inició el martes.

La aerolínea ligada a la familia Cueto presentó su caso ante el juez James L. Garrity, del Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, lo que puso en marcha el proceso de reestructuración de deuda bajo la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

En la instancia se escucharon las peticiones y solicitudes de la compañía que fue representada por su CFO, Ramiro Alfonsín. Según comunicó la compañía una vez concluida la audiencia, todas las mociones presentadas en la audiencia fueron aprobadas por el juez Garrity.

Las mociones aprobadas por la Corte permiten que Latam mantenga la continuidad de su negocio a lo largo de la reorganización y siga cumpliendo sus obligaciones con empleados, clientes, proveedores, socios comerciales y las comunidades locales.

De esta forma, Latam podrá continuar operando vuelos de pasajeros y de carga, aunque sujeto a la demanda y a las restricciones de viaje. También se le permitió mantener los programas de clientes, para todos los pasajes actuales y futuros, así como los vouchers de viaje, millas y beneficios de viajero frecuente y políticas de flexibilidad (ver nota relacionada).

El juez Garrity además aprobó permitir el pago a empleados y respetar los programas de beneficios existentes, así como también mantener relaciones y acuerdos existentes con agencias de viajes, y otros socios comerciales, sin disrupciones.

Por otra parte, Latam podrá continuar pagándole a los proveedores por todos los bienes y servicios entregados desde el 26 de mayo de 2020 en adelante y a lo largo de este proceso, y a la vez podrá mantener compromisos previos a ese día con los proveedores definidos que entreguen servicios críticos.

La Corte también confirmó la activación de la figura de “suspensión automática” que permite el Capítulo 11 de la Ley de Bancarrota, instancia que protege a Latam de cualquier reclamo de acreedores u otras partes interesadas respecto a deudas relacionadas al periodo anterior a la solicitud, y a la vez permite la continuidad de las operaciones del grupo en relación con sus principales activos, proveedores, partes interesadas financieras, reguladores y empleados durante el proceso de reorganización.

“Esta audiencia es el primer paso de un proceso legal que permitirá a Latam y sus filiales en Chile, Perú, Colombia, Ecuador y los Estados Unidos asegurar su futuro a largo plazo, al reorganizar sus balances financieros y transformar sus operaciones para adaptarlas a una nueva forma de volar”, dijo la compañía.

Adicionalmente, el juez Garrity ordenó la realización de una segunda reunión el día 23 de junio a las 11 de la mañana, para analizar aspectos de la administración del caso y de la compañía, “que puede incluir, entre otros, temas como la retención de profesionales, la creación de un comité para revisar las solicitudes de presupuesto y honorarios, el uso de resolución alternativa de disputas, el calendario y la programación de casos adicionales”, señala uno de los documentos emanados del tribunal tras la vista del caso ayer.

Una de las decisiones pendientes del caso es la solicitud hecha por Latam de congelar 19 contratos de arrendamiento de aeronaves, debido a su plan para reducir el tamaño de su operación, ante la baja en la demanda por pasajes. El juez puede acceder a esta petición, rechazarla o modificarla en el número.

Golpeada por la pandemia del Covid-19, que la forzó a reducir sus vuelos al 4% de su operación regular y con deudas que suman más de US$10 mil millones, la empresa decidió someterse a este proceso. En paralelo, la compañía también están sosteniendo conversaciones con los gobiernos respectivos de Chile, Brasil, Colombia y Perú para buscar apoyo para acceder a financiamiento adicional.