Justicia declara admisible demanda en contra de empresas de gas tras informe de la FNE

Fiscalía Nacional Económica recomienda prohibir que Gasco, Abastible y Lipigas participen en la distribución de gas licuado a los consumidores

Este martes a las 15:00 horas está prevista la reunión de la comisión investigadora para evaluar y votar el informe.


La Justicia declaró admisible la demanda colectiva interpuesta por la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) en contra de Gasco, Abastible y Lipigas. Esto luego de que en octubre pasado la Fiscalía Nacional Económica liberó un informe que reveló prácticas que atentaban contra la libre competencia. La demanda data del pasado 11 de noviembre y fue declarada admisible el viernes pasado.

La solicitud fue presentada en representación de todos los usuarios de gas licuado del país. Esto es cerca de 7 millones de consumidores y sus familias. Cabe destacar que las compañías son de propiedad de grandes grupos económicos: Gasco pertenece al Grupo Pérez Cruz, Abastible al Grupo Angelini y Lipigas al Grupo Yaconi-Santa Cruz.

Por otro lado, el organismo presentó una segunda demanda colectiva, el pasado 7 de noviembre, en contra de Metrogas y su compañía relacionada Agesa. Esto ante el 25° Juzgado Civil y a nombre de los consumidores de gas natural de la Región Metropolitana y de O’Higgins.

De acuerdo al documento presentado por Conadecus los consumidores “han sido víctimas, desde 2014 y hasta la fecha, de un aprovechamiento económico de proporciones escandalosas por esas empresas, quienes han usufructuado indebidamente de la baja sostenida en los costos de ese insumo, ocultándola a los consumidores y, por el contrario, han llevado adelante una práctica sistemática de alza de sus precios de venta al público”.

El presidente de Conadecus, Hernán Calderón, dijo en Mega que “todas las empresas del gas han abusado de forma indolente, el gas es un bien de primera necesidad e insustituible, es muy buena la iniciativa de los municipios de vender el gas a un precio justo”

Los cobros indebidos serían de cerca de US$ 181 millones anuales, es decir, aproximadamente US$ 1.267 millones durante todo el periodo. Además, este martes a partir de las 15:00 horas se reunirá la Comisión investigadora -conformada el 1 de julio de este año- para discutir el informe y votar las conclusiones y propuestas presentadas.

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