La agenda laboral de Boric incluye alza de $50 mil para el salario mínimo en 2022 y 40 horas entraría en vigencia al tercer año de gobierno

La prioridad que tendrá el gobierno del Presidente electo, Gabriel Boric, una vez que asuma será impulsar la reforma tributaria. No obstante, hay otra agenda importante que, si bien no se ha tenido la notoriedad suficiente, está lista para comenzar a discutirse a partir de marzo.

Se trata de la agenda laboral que tiene principalmente tres ejes: elevar el salario mínimo a $ 500 mil; reducir la jornada laboral a 40 horas e incorporar trabajadores a los directorios de las empresas.

Cada una se implementará en distintos períodos de tiempo para no generar un impacto en la actividad y porque también responden a las prioridades del nuevo gobierno, según ha definido su equipo.

En lo inmediato, la política de salario mínimo será la primera en ser abordada y se convertirá en uno de los primeros proyectos de ley en enviar al Parlamento, en abril, ya que el nuevo monto debe comenzar a regir a contar del 1 de mayo.

El objetivo del gobierno es llegar a $500 mil a fines del período, hacia 2025. Y el plan es hacerlo de manera gradual.

Fernando Carmona, coordinador laboral y uno de los encargados del plan de gobierno de Gabriel Boric, explica que la idea que en el primer año se pueda llegar a un piso de $400 mil.

En la ley vigente se fijó un reajuste automático eventual. En ese texto, junto con elevar el monto en $10.500, a $337 mil a partir de mayo de 2021, se incluyó la opción de subir a $345 mil o $350 mil en enero de 2022, dependiendo algunas condiciones de crecimiento económico. Y esas condiciones están permitiendo que el nuevo ingreso básico alcance los $ 350 mil brutos a partir de este mes. Así, el primer salto que espera dar la política de salario mínimo es de $ 50 mil lo que se traduce en un incremento alza de 14,3%.

Para los años siguientes, Carmona dice que la trayectoria para llegar a los $500 mil dependerá “de cómo esté la economía y sus distintas variables que puedan impactar”. En ese cóctel menciona la evolución de la variable ómicrom y la recuperación del empleo. “Se debe ir viendo el escenario económico para ajustar el salario. Será una política que se irá evaluando año a año, sin dejar amarrada ninguna cifra, sino que con cláusulas de escapes”, explica.

El pasar de $350 mil a $500 mil es un aumento de 42%, lo que podría generar algún desbarajuste en la economía y en las empresas. “El salto puede ser estresante, pasar de $350 mil a $500 mil y por eso lo queremos hacer de manera gradual”, acota Carmona.

Además, el economista especifica que a las pequeñas empresas se les dará un subsidio para que puedan ir ajustando sus planillas. Este aporte tendría un diseño similar al que se conoce como Ingreso Mínimo Garantizado, el que entrega una ayuda económica para los trabajadores dependientes con jornada ordinaria.

Carmona sostiene que cuando se logre el objetivo de llegar al umbral de los $500 mil, las nuevas alzas serían menos pronunciadas, probablemente en línea con la inflación. “Estos serán saltos más acotados porque lo que queremos hacer es corregir el salario mínimo que actualmente es muy bajo, pero luego de llegar a ese piso los incrementos tienen que ser menores”.

Esta semana, la directiva de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se reunió con el equipo de Gabrile Boric, donde se abordó la temática salarial. Juan Moreno, vicepresidente de la CUT, sostuvo “lo que nosotros planteamos es que la discusión no debería darse sólo con el gobierno, sino que con el empresariado”.

ese sentido, dice que “la relación entre trabajadores y empresarios va más allá del gobierno de turno y por ello, las empresas tienen que jugar su rol y estar sentados en la mesa de negociación tripartita entre gobierno, trabajadores y empresarios”. Moreno coincide con un salario mínimo de $500 mil, pero plantea que se debe contar con una “política de salario que nos permita avanzar de manera gradual, pero constante”.

El comercio es el sector con la mayor cantidad de trabajadores con ingresos mínimo, un 20% del total. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Ricardo Mewes, asevera que “si el alza es gradual, las empresas más grandes podrán ajustarse, pero las pymes nos preocupan porque tienen menos capacidad de asumirlo”. Mewes plantea que si es una buena medida el subsidio a las pymes, pero “la pregunta es hasta qué punto es viable que el Estado asuma ese subsidio. Es un apoyo, pero no puede ser para siempre, y eso es lo que me preocupa: ¿qué pasará a cuándo se acaben esos subsidios?”.

Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, comentó que “la mejor forma sería establecer un mecanismo que contemple parámetros técnicos como el crecimiento de la productividad laboral y la variación del IPC. Si los reajustes del salario mínimo están muy por sobre el crecimiento de la productividad laboral se pueden generar efectos perniciosos sobre la creación de empleo asalariado formal en el sector privado”. Para Bravo, “lo ideal sería perfeccionar el mecanismo del ingreso mínimo garantizado, mejorando su diseño a través de elevar el monto del subsidio y corregirlo por cargas familiares, de manera tal que ninguna persona que trabaja una jornada completa y los miembros de su núcleo familiar estén por debajo de la línea de pobreza”.

Mientras que el director del Centro de Estudios y Encuestas Longitudinales de la UC, David Bravo, plantea que “considerar incrementos del salario mínimo sin haber logrado el objetivo anterior, por ejemplo, afectará de manera directa el empleo de quienes, a su vez, más se han visto afectados por la crisis”.

Otra de las reformas que quiere impulsar el nuevo gobierno es la reducción de la jornada laboral pasando de las actuales 45 horas a 40 horas semanales. Fernando Carmona indica que si bien no se tiene claridad cuándo se ingresará “es probable que sea este año”.

No obstante, explica que, aunque ingrese este año, habrá un período para que se implemente. “La implementación será con un período de vacancia de al menos un año. Por ello es probable que, en los hechos, lo podamos ver implementado hacia el tercer año de gobierno”. Carmona añade que “es necesario estudiar bien los impactos. Hay bastante conversación pendiente todavía con la gran empresa. La empresa minera nos ha planteado problemas con los turnos y ellos nos proponen que sean 42 horas y no 40″.

La idea que se trabaja es que este proyecto pueda ingresar con algún grado de consenso entre los trabajadores y los empresarios, y para ellos planean iniciar conversaciones, porque de lo contrario, dice, si ingresa sin acuerdo es probable que no avance, dada la conformación del Congreso.

El tercer eje de la agenda tiene relación con la participación de los trabajadores en los directorios. “Mi opinión es que eso hay que verlo después de los resultados de la Convención Constitucional para no enredarnos. Lo vamos a hacer de todas maneras, pero no es algo que sea de manera inmediata”, acota Carmona.

Para los expertos es recomendable que el gobierno espere a que se recupere el empleo por completo antes de iniciar cualquier reforma de este tipo, puesto que la crisis que ha tenido el mercado laboral sigue presente, pese a que ya se ha recuperado el 90% de los empleos perdidos durante la pandemia, según cifras de la encuesta de empleo de la UC.