La batalla que enfrenta a SQM y a los pueblos originarios en el Salar de Atacama

Todas las semanas, Gonzalo Guerrero, director de SQM, toma un avión rumbo al salar de Atacama, recorre las instalaciones y conversa con las comunidades originarias de la zona. El representante de Kowa en la mesa de la compañía, lidera el equipo de ejecutivos que viaja constantemente a la zona con la misión de mostrar en terreno la nueva estrategia de la minera no metálica, la que ahora reconoce abiertamente que no puede crecer de espaldas a las comunidades y sin respeto al medioambiente. El cambio de visión interno se dio el 2019, año en que SQM dio por cerrado el capítulo Corfo y también la polémica por las platas políticas . Según fuentes vinculadas a ella, ahora la compañía destina su tiempo a hacer crecer su negocio.

La mirada más "verde" también la pusieron en la mesa los tres directores representantes de la china Tianqi, para quienes el tema de la sustentabilidad lidera la tabla de intereses. Por eso, fue la propia mesa la que designó a Guerrero para apoyar el trabajo en terreno.

"Tanto para el actual directorio, como para la actual administración de SQM, es una tarea fundamental promover el diálogo y trabajo constantes con las comunidades aledañas a sus operaciones", confirman en la compañía.

La preocupación por el medioambiente también la pusieron de manifiesto los potenciales clientes de SQM. Esta semana se conoció que Volkswagen y Daimler iniciaron un estudio para fomentar una extracción más sostenible de litio en Chile, de la mano del rol del mineral blanco en la electromovilidad. De hecho, las firmas representadas por la Fundación Chile y la agencia alemana de desarrollo GIZ, se reunieron a inicios de enero con el superintendente del Medio Ambiente (SMA), Cristóbal de La Maza, para presentar formalmente el estudio.

Pero junto con ello, la propia Volkswagen visitó, a inicios de año, el salar, señalan fuentes conocedoras del encuentro, y en la cita, añaden los consultados, los ejecutivos de SQM les presentaron, entre otras cosas, el millonario Plan de Cumplimiento que la minera no metálica pactó con la SMA a inicios de 2019, pero que en diciembre pasado fue rechazado por el Tribunal Ambiental de Antofagasta y por las comunidades de Camar, Peine y del Consejo de Pueblos Atacameños. Estas últimas, de hecho, están solicitando a la SMA que aplique las sanciones y se revoque la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). El punto no es menor, porque el acuerdo firmado con Corfo en enero de 2018 y que puso término a un conflicto que se extendió por cinco años, tiene una cláusula desconocida que indica abiertamente que el organismo estatal puede poner término al contrato, "sin derecho a indemnización o compensación alguna para las sociedades", si a la firma se le aplica cualquier sanción en un procedimiento sancionatorio ambiental, "incluyéndose el ejercicio de todo recurso judicial que proceda en su contra, relevante y que sea por causa de daño ambiental grave acreditado y que no pueda ser mitigado".

La firma está analizando los pasos a seguir, cuentan fuentes cercanas a la minera. Oficialmente, Javier Silva, gerente de Administración del Contrato Salar de SQM, indica que "hoy la compañía sigue actuando bajo los compromisos adquiridos y está disponible para seguir efectuando mejoras en su gestión ambiental". Añade que la empresa "reafirma su compromiso con el medioambiente y con el resguardo del salar de Atacama, junto con el respeto para las comunidades vecinas a sus operaciones".

Junto con eso, explica que la minera "espera continuar su permanente colaboración con las autoridades ambientales para incorporar las mejoras que sean pertinentes para seguir robusteciendo su gestión ambiental".

Y es con esas comunidades con las que dialoga Gonzalo Guerrero, con quienes la firma está cerrando nuevos convenios relacionados con los "planes de vida" de los pueblos originarios, los que van más allá de lo pactado con Corfo en el contrato de arrendamiento de las pertenencias mineras que les permiten operar el salar hasta el año 2030.

"El directorio ha designado a un director de la compañía, Gonzalo Guerrero Yamamoto, para que apoye el trabajo del equipo y se puedan celebrar convenios y establecer las mejores relaciones en forma directa con las comunidades. Eso, independientemente de los montos ya acordados en el contrato con Corfo", confirma Javier Silva.

Añade que para eso, la empresa cuenta con un "robusto equipo" que trabaja en la zona "para entender y apoyar las diferentes culturas y así poder aportar con las necesidades de cada localidad".

La medida, indican fuentes de la minera, viene a paliar el retraso por parte de Corfo de designar a un tercero para la entrega de los recursos provenientes de las ventas de SQM a las comunidades atacameñas, las que ya van a cumplir dos años sin obtener este beneficio, que fluctúa entre los US$ 10 millones y US$ 15 millones por año. Es decir, el pozo ya suma del orden de US$ 30 millones entre ambos ejercicios.

El tema ha sido más complejo de lo programado, explica Pablo Terrazas, vicepresidente ejecutivo de Corfo, pues si bien el organismo ya designó a una organización para repartir los recursos, es la propia comunidad la que aún no entrega una respuesta.

"Todavía está pendiente la entrega de los recursos provenientes de un porcentaje de las ventas de SQM a las comunidades atacameñas. Hoy dependemos de la voluntad de los pueblos originarios para recibir los aportes, pero tanto desde la Corfo como desde la empresa tenemos toda la disposición a concretar esto lo antes posible", indica Terrazas a Pulso Domingo.

Añade que el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) reúne a 18 comunidades cercanas al salar, lo que hace que se le considere un órgano de representación válido. Terrazas detalla que desde que asumió el cargo en la Corfo, en agosto del año pasado, se iniciaron las conversaciones con el CPA para distribuirles los recursos pactados. "Desde ahí en adelante el contacto ha sido fluido", destaca.

Agrega que en octubre fueron a la región y conversaron con la organización, y ellos quedaron en dar una respuesta respecto de su decisión. "El 14 de noviembre recibimos una carta de parte del CPA solicitándonos una extensión de plazo hasta el 31 de enero de 2020 para darnos a conocer su decisión, y manifesté mi conformidad con lo requerido a través de una conversación telefónica. Dado que aún no hemos recibido respuesta, volvimos a enviarles una carta a principios de este mes para reiterarles el término del plazo y el interés de contar con una respuesta formal para ver la entrega de recursos y la forma de distribuirlos. Estamos a la espera de su respuesta, y si no, buscaremos otra manera de entregar los recursos", sostiene Terrazas.

Pero el problema de fondo es que al interior de la CPA hay visiones distintas respecto al rol que quieren que Corfo adopte en este proceso. De hecho, hay comunidades que integran el Consejo de Pueblos Atacameños que creen que hay una incongruencia entre la posición que están adoptando contra SQM en el tema ambiental y, por otra parte, estar conversando con la entidad estatal para recibir el beneficio pactado en el contrato con la minera, cuentan fuentes cercanas a las comunidades. En ese sentido, han salido voces internas que han recomendado esperar y tomar una decisión cuando se resuelva el conflicto ambiental.

Paralelo a eso, la Corfo ya ha iniciado conversaciones con distintas comunidades que forman parte de la CPA, adelanta Pablo Terrazas, quien indica que ellas "se nos han acercado y han mostrado un gran interés en la obtención de estos recursos", revela el vicepresidente del organismo.

En SQM siguen de cerca este proceso. Enfatizan que es la entidad pública la encargada de buscar a la organización que reciba y redistribuya los recursos, montos que, destaca la minera, ya "están disponibles y provisionados".

Pero no todo han sido complicaciones para la Corfo. El organismo se quedó con cerca del 50% del margen del negocio que SQM desarrolla en el salar. En 2019, la minera no metálica pagó al Estado cerca de US$ 312 millones. "Si tomamos en cuenta que SQM exportó cerca de US$ 637 millones en ventas, el Estado recaudó cerca del 49% de ese monto anual", indica Terrazas. Y las expectativas para 2020 son positivas, pues el organismo estatal tiene presupuestado que la privada aporte con US$ 357 millones, "según las estimaciones realizadas por Corfo en base a proyecciones de precio entregadas por consultoras especializadas", recalca el vicepresidente ejecutivo de Corfo.