La casi imposible tarea de Enap por recuperar los US$ 2,4 millones del petróleo angoleño que llegó contaminado con agua en 2021

La firma ya va por el tercer exhorto buscando que al menos alguien le responda en África. Cabinda Gulf Oil Company Limited, una filial de Chevron que le vendió el crudo, desembarcado en Quinteros y San Vicente no ha podido ser notificada del problema. La carga era parte de un acuerdo firmado en 2014 por la entonces presidenta Michelle Bachelet y el extinto dictador angoleño José Dos Santos para conseguir petróleo más barato para Chile.
“Estamos aquí para conversar, para dialogar, para avanzar en una relación que beneficie a Angola y a Chile. Queremos abrir una gran corriente sur-sur no sólo entre Angola y Chile, sino también entre América Latina y África”, decía el 12 de agosto de 2014 en Luanda, la capital angoleña, con enorme optimismo la entonces presidenta Michelle Bachelet tras firmar un acuerdo con su par local, José Eduardo Dos Santos, para que ese país se convirtiera en proveedor de petróleo a buen precio para Chile. Pero unos años después, uno de los pocos cargamentos que logró arribar a Quinteros y San Vicente solo trajo problemas: el hidrocarburo venía contaminado con agua y hasta hoy, Enap busca que alguien se haga cargo de los US$ 2,45 millones en pérdidas.
La firma estatal ya decidió enviar un tercer exhorto y esta vez por mano, a ver si alguien le responde en África. Ha sido tal la imposibilidad de avanzar en el proceso de notificar a Cabinda Gulf Oil Company Limited, que a fines del año pasado, la Corte Suprema ofició al Ministerio de Relaciones Exteriores para que alguien de su staff vaya a Luanda y se apersone en búsqueda de alguna respuesta de la firma, controlada por la estadounidense Chevron y que es la dueña de los pozos petroleros de los que se extrajo el crudo que llegó contaminado con agua.
Otros dos exhortos enviados anteriormente por las vías judiciales tradicionales jamás recibieron respuesta. “Con el objetivo de notificar formalmente a dicha empresa, Enap se encuentra desarrollando un tercer exhorto que permita avanzar en el litigio. Los dos exhortos anteriores no han logrado su objetivo, debido de la dificultad de tramitarlos en ese país africano, ya que no existe embajada, ni consulado chileno. En esta ocasión, la Corte Suprema autorizó que este tercer exhorto se tramite por mano y por ello la acción judicial está en proceso de notificación con el apoyo de nuestros abogados en Chile y Angola”; respondió Enap a Pulso.
5.883 m3 de agua
Todo empezó el 10 de marzo de 2021, cuando Enap compró a Chevron USA Inc., la dueña de los pozos africanos, 950 mil barriles de crudo, que salieron desde el puerto de Malongo, en Angola a bordo del buque tanque Front Loki, que el 7 de mayo de ese año arribó a San Vicente, en Talcahuano y el 15 de mayo, a Quintero. En ambas ciudades, la estatal chilena posee terminales marítimos. Unos días después de la descarga del producto, Enap contabilizó una merma de crudo valorizada en US$2.449.000, producto de la detección de 5.883 metros cúbicos de agua.
En la industria, se considera “tolerable” que el petróleo pueda contener hasta un 1% de agua, pero lo que llegó desde África equivalía a casi un 4% del total, lo que implicaba mayores costos de refinación. Todo el supuesto ahorro del petróleo barato se lo terminó tragando el agua.
En febrero de 2023 Enap logró que el Juzgado de Letras y Garantía de Quintero oficiara a la Cancillería para que tramitara un primer exhorto y además citó a las partes a una audiencia de designación de un árbitro para la mañana del 19 de julio de 2023 en las oficinas de ese juzgado. Pero de nada sirvió.
El nombramiento de un árbitro es lo que corresponde en este tipo de casos como primera instancia, acorde las leyes del comercio marítimo internacional suscritas por Chile.
Nadie responde en África
Después el tribunal de Quintero fijó como fecha para la realización de la audiencia de designación de árbitro el 10 de abril de 2024, pero tampoco llegaron los representantes de los extranjeros. A esa altura ya había salido un segundo exhorto hacia Luanda, también sin ningún resultado.
“Lo anterior no ha ocurrido a causa de una falta de diligencia de esta parte, sino que por las complejas vías de comunicación que existen entre la República de Chile y la República de Angola”, sostuvo ante el tribunal el abogado de la petrolera estatal, Javier Fernández Carrera, especializado en derecho marítimo, seguros, arbitrajes y litigios.
Por si fuera poco, Chile no posee representación diplomática en el país africano por lo que los exhortos debían ser cursados a través de la embajada de Chile en Sudáfrica, hasta la Procuraduría General de Angola.
Ello, pese a que en 2014 la propia presidenta Bachelet en su visita a África anunció una “nueva era” en la relaciones entre ambos países, centrada en intensificar los intercambios comerciales con prioridad en “la comercialización de hidrocarburos”, acorde los archivos de prensa de la época.
Angola, entonces dirigida por el dictador comunista José Eduardo Dos Santos -quien gobernó 38 años y se apropió de las ganancias del petróleo para enriquecer a su familia- era el segundo productor de petróleo del África subsahariana, por detrás de Nigeria. El 13 de agosto de 2014, las petrolíferas estatales de Chile y Angola, Enap y Sonangol, respectivamente, firmaron un acuerdo de cooperación que implicaba la posibilidad de subir el suministro de 5 mil a 10 mil barriles de petróleo diarios. Optimistas declaraciones de las autoridades de la época estimaban que ese país podría llegar a suministrar cerca del 30% de la demanda de Chile. Pero eso nunca sucedió.
Según cifras de la dirección de estudios de la Subrei, el intercambio comercial entre Chile y Angola solo ha caído. En 2018 el comercio entre ambos países sumó apenas US$ 11,1 millones y en 2023 llegó a menos de US$ 500 mil. Mientras de allá llegan repuestos y partes de automóviles, desde Chile salen principalmente, jurel congelado y pollo.
“En relación con el incumplimiento comercial de la empresa Cabinda Gulf Oil Company, con sede en Luanda, capital de Angola, Enap ha seguido las vías judiciales disponibles en la legislación nacional e internacional. Sin perjuicio de lo anterior, Enap está realizando un seguimiento exhaustivo del caso y evaluando, de ser necesario, otras acciones legales para proteger sus intereses y derechos”, respondió la firma.
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