Cerca de las 11 de la mañana de este viernes llegaron a las oficinas de Sartor, en Nueva Las Condes, el director general de Supervisión de Conducta de Mercado de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Daniel García, algunos miembros de su equipo, y el funcionario Fernando Pérez Jiménez, quien había sido nombrado durante la mañana como interventor de la hoy gestora en liquidación.

Fueron ellos mismos quienes hicieron entrega de la resolución a los controladores de Sartor y a sus abogados, quienes informaron a los trabajadores presentes en las oficinas la decisión de regulador: revocar la autorización de existencia de Sartor Administradora General de Fondos (AGF), y nombrar un interventor que se hiciera cargo de la liquidación de la gestora.

“Quedamos en estado de shock. Y la forma es muy extraña, sin mucha información de las causas”, dice una de las personas presentes en ese momento.

Dividido en 10 fondos de inversión y 6 fondos mutuos, para el cierre del ejercicio pasado, la administradora controlada por Pedro Pablo Larraín Mery gestionaba $358.000 millones (US$400 millones al dólar de esa fecha), contaba con 5.727 clientes indirectos y 1.159 clientes directos, señala su memoria 2023.

Por ahora la CMF sólo nombró al liquidador de Sartor AGF, pero hacia adelante los aportantes de algunos de los fondos deberán tomar decisiones importantes. Y también el regulador, pues resta por definir el futuro de ciertos fondos.

Según el artículo 26 de la Ley Única de Fondos, una vez dictada la resolución de liquidación de la AGF, el Comité de Vigilancia de los fondos no rescatables, que por ley deben contar con asamblea de aportantes, debe convocar a esta instancia dentro de los 10 días siguientes de producida la disolución o dictada la resolución de liquidación.

“Dicha asamblea deberá escoger a otra administradora y encomendarle la administración del fondo, o bien encomendar su liquidación a la Superintendencia (hoy CMF), o a un tercero”, dice la ley. En esta categoría, están los fondos Oportunidad y Desarrollo Inmobiliario USA, Mid Mall, y Renta Comercial. Por otra parte, para los fondos que por ley no cuentan con asamblea de aportantes, el regulador será el encargado “de su liquidación, y podrá delegar esta función en un tercero, en las condiciones que determine”. En esta categoría de fondos rescatables se encuentran Táctico, Leasing, Proyección, Capital Efectivo, Táctico Internacional, Táctico Perú, Facturas USD.

Fernando Pérez es el liquidador encomendado por la CMF, quien además se hizo cargo del único proceso comparable con el que vive Sartor en la actualidad. En 2003, Pérez fue designado interventor de la empresa de seguros de vida Le Mans, perteneciente al consorcio Inverlink, según lo dispuso el exsuperintendente de la SVS de dicho año. Pérez es el jefe de la Dirección de Reclamaciones de Clientes Financieros de la CMF.

En su resolución -adoptada por el consejo, integrado por Solange Berstein, Bernardita Piedrabuena, Augusto Iglesias, Catherine Tornel y Beltrán de Ramón- reprochan a Sartor, entre otras cosas, “la existencia de un modelo de negocios intrincado, con un patrón que se materializa en inversiones circulares, cruzadas y complejas, difíciles de entender, lo que dificulta tener una trazabilidad clara de las mismas; la existencia de un alto riesgo de abuso a los aportantes mediante el cobro de múltiples comisiones por administración de los fondos que invierten en otros fondos, lo que no tiene una clara justificación; y que las situaciones descritas facilitan el ocultamiento de información, la falta de transparencia en la calidad de los activos, ya que se opera a través de vehículos que quedan fuera del perímetro de supervisión de esta Comisión”.

El 15 de noviembre, el regulador suspendió nuevos aportes a los fondos de inversión de Sartor. El 6 de diciembre adoptó otra decisión en sentido inverso: suspendió los rescates de los fondos de Sartor, ya que los aportantes habían pedido retiros por más de US$175 millones.

La CMF había detectado que los recursos de los fondos mutuos y de inversión públicos se encontraban invertidos en fondos de inversión privados que, a su vez, se invertían en instrumentos de deuda emitidos por personas vinculadas a directores o accionistas mayoritarios de la AGF. La resolución de la CMF mencionó que entre quienes recibieron financiamiento, se encontraban Danke SF SpA, cuya propiedad entonces le correspondía Carlos Larraín Mery; Blackar SpA, en cuya propiedad participa el presidente de la administradora, Pedro Pablo Larraín; y Redwood Capital SpA, en cuya propiedad participaba el director de la administradora, Michael Clark.

Pero desde que se emitieran estas resoluciones, el regulador detectó nuevos antecedentes. En la resolución dada a conocer este viernes se señala que entre el 15 de noviembre y 6 de diciembre se observaron vencimientos de pagarés en los FI facturas USD y Táctico Perú y en el FI Proyección por más de US$9 millones, los que no han sido pagados por estas sociedades relacionadas, y fueron traspasados a la cuenta de activo vencimientos por cobrar de cada fondo.

A la vez, detalla la resolución, de acuerdo a la información proporcionada por la gestora, “Danke SF SpA, acreedora de los fondos, adquirió cuotas de tres Fondos de Inversión administrados por Sartor AGF (Proyección, Leasing y Mid-Mall) a Asesoría e Inversiones Sartor S.A (matriz de Sartor AGF). Estas cuotas, valorizadas a valor contable, fueron aportadas por Danke SF para saldar una deuda que mantenía con el FIP Deuda Privada (principal Activo del Fondo Táctico) por $2.582 millones”.

Según el regulador, “dado la insuficiente información que permita una correcta valorización de todos los fondos administrados por Sartor AGF, estas cuotas aportadas podrían estar sobrevaloradas y, por lo tanto, esta transacción podría haber generado una distribución de riqueza entre los relacionados a Sartor AGF y el resto de los aportantes de sus fondos”.

La resolución también detalló que se recibió una denuncia formulada por Credicorp Capital que plantea que se estarían canalizando las inversiones de sus aportantes (fondos mutuos peruanos que invierten en fondos de inversión en facturas USD y PEN de Sartor), hacia otros fondos de inversión administrados por Sartor AGF (Táctico, Táctico Internacional, Leasing y Proyección), “con la supuesta finalidad de financiar rescates que han enfrentado esos mismos fondos de inversión administrados por Sartor AGF, además de financiar a empresas relacionadas al grupo Sartor”.

Además, la denunciante señala que “existirían dos empresas más que son parte de la cartera de los fondos Facturas constituidos en Perú administrados por Sartor AGF, que estarían vinculadas a quienes participan en el órgano superior de administración de dicha administradora y a los accionistas mayoritarios de la misma: Emprender Capital Perú S.A. y Mikopo S.A”, detalló la CMF. Esta nueva información, señaló el regulador, daría cuenta de situaciones “altamente irregulares y que implican un aumento de la exposición en pagarés con sociedades vinculadas, que aumentaría de US$54 millones a US$86,16 millones, considerando a las sociedades denominadas Emprender Capital Servicios Financieros Perú S.A. y Mikopo S.A.E”.

Luego de que se conociera la decisión de la CMF, Sartor emitió un comunicado criticando la medida, pues a su juicio la resolución “confirma el actuar arbitrario, desmedido, ilegal y errático del regulador, alejado del debido proceso, el que ha causado un daño injusto a inversionistas y aportantes”.

“Sartor lamenta que la resolución de la CMF contenga juicios, comentarios e información que se alejan de la realidad, y continuará colaborando con la autoridad. En las próximas horas presentaremos nuevas acciones legales contra la CMF, para restablecer el marco legal que requiere el normal funcionamiento del mercado financiero”, dice el comunicado.

La compañía ha llevado a cabo una serie de medidas buscando revertir su situación. El miércoles - junto con recurrir a la Corte de apelaciones- denunció a la CMF a la Contraloría, buscando que el organismo emita un pronunciamiento al artículo 19° de la Ley Única de Fondos, donde se establece la sanción de revocación de la autorización para administrar fondos. Según la gestora, no procede aplicar dicha medida “sin la sustanciación de un previo procedimiento administrativo sancionatorio por la CMF”.

Dicho artículo, sostiene que se podrá revocar la autorización a una gestora en casos de infracción grave, “o cuando de las investigaciones que se practiquen resulte que la administración se ha llevado en forma fraudulenta o manifiestamente negligente”. La resolución de la CMF de este viernes, justamente aluda a que “de los procedimientos de supervisión practicados por esta Comisión ha resultado que la administración se ha llevado en forma manifiestamente negligente”.