Con una economía chilena luchando por recuperar su dinamismo, la propuesta del ministro de Energía, Diego Pardow, de crear una empresa estatal para el sector plantea interrogantes cruciales sobre la gestión pública y el rol de los directorios gubernamentales. Ante los desafíos del país en inversión y desarrollo energético, resulta imprescindible cuestionar el modelo de gobernanza que ha predominado en nuestras empresas estatales, en buena parte marcado por la politización y el amiguismo.

La experiencia histórica no es precisamente halagüeña. En las últimas décadas, más de alguna entidad ha enfrentado severas críticas por su ineficiencia, corrupción e incapacidad para adaptarse a un entorno cambiante. Este panorama se agrava cuando los nombramientos en los directorios no se basan en competencias técnicas, sino en lazos políticos, una dinámica que no solo socava la efectividad de las empresas, muchas de ellas con resultados que en el mundo privado significarían quiebras, sino que erosionan la confianza en las instituciones.

La propuesta del ministro, si bien parece un intento loable de abordar necesidades inmediatas, debido a la escasez hídrica, podría profundizar el riesgo de una gestión politizada y poco eficiente, justo cuando también necesitamos competitividad y soluciones concretas, en lugar de los problemas históricos asociados a una mayor injerencia estatal. ¿Recuerda algún ejemplo de empresa estatal exitosa? ¿O es más fácil enumerar casos de corrupción y mala gestión?

Los directorios de las empresas estatales deben estar compuestos por personas con una sólida formación técnica y experiencia en sus respectivos campos y no por sus redes políticas. La capacidad de un directorio para dirigir eficazmente una empresa radica en su conocimiento del sector, una toma de decisiones informada y su compromiso con la transparencia. Pero cuando impera la lógica del amiguismo, los impactos en la empresa y la economía nacional son nefastos.

Los directorios tienen la responsabilidad de definir la estrategia y supervisar la gestión. Deben actuar como guardianes de la misión empresarial, garantizando que se cumplan los objetivos y se maximice el valor para la sociedad. Sin embargo, en un entorno donde la politización reina, las responsabilidades se diluyen y terminan convirtiendo a las empresas en botines instrumentales a los intereses del momento.

El estado tiene un papel fundamental: la creación de condiciones que fomenten la inversión y el desarrollo sostenible y ello no necesariamente implica involucrarse directamente en cada sector. Es más efectivo y eficiente fomentar un entorno donde la iniciativa privada pueda florecer, creando oportunidades y empleo. Las empresas estatales, cuando son necesarias, deben funcionar bajo principios de transparencia, competencia y eficacia, alineándose con las mejores prácticas del sector privado.

Es imperativo que el Estado asuma su rol de facilitador, apoyando la creación de un marco donde la inversión sea posible y no se ahogue en la burocracia o la ineficiencia. Donde concentre sus esfuerzos en fiscalizar debidamente a los prestadores de servicios para garantizar una respuesta adecuada a las necesidades de la ciudadanía. Si aspiramos a un futuro próspero y sostenible, es fundamental que los nombramientos se basen en la capacidad técnica y no en la lealtad política. Solo así podremos aspirar a un verdadero progreso económico, donde la inversión y la eficiencia se conviertan en los pilares del desarrollo, y donde el Estado cumpla su función de manera responsable y efectiva en una economía de mercado.

CEO Proteus Management & Governance y profesor de ingeniería UC