La presentación del Informe de Finanzas Públicas (IFP) puso de relieve nuevamente la desafiante situación fiscal que enfrenta nuestro país. El déficit estructural del año 2024 fue de un 3,3 %, lo que representa una desviación de un 1,4 % del Producto Interno Bruto (PIB) de la meta asociada a la regla fiscal (1,9 %), uno de los peores desempeños desde el inicio de la regla, sin considerar la pandemia (2021) y las crisis internacionales (2009-2010).

De acuerdo con los datos de la Dirección de Presupuestos (Dipres), dos tercios del desvío en 2024 se explicaron por menores ingresos tributarios no mineros y del litio respecto a lo proyectado y un tercio se asoció a la mayor brecha del precio del cobre.

Para este año se anticipa un nuevo incumplimiento en la regla fiscal. El IFP prevé que, sin acciones correctivas, el déficit estructural sería de 2% del PIB (lejos de la meta del 1,1 %) y que, aplicando estas medidas, este llegaría al 1,6 % del PIB. Sin embargo, estas proyecciones se basan en una estimación de crecimiento del 2,5 % para el PIB (por sobre el mercado, el FMI y el Banco Mundial) y las acciones correctivas -que en total se estiman en unos US $870 millones- quedan asociadas a varios proyectos de ley, algunos de los cuales ni siquiera se han presentado a la discusión legislativa.

Lamentablemente, la sobreestimación de los ingresos se ha vuelto frecuente en las proyecciones de Hacienda, lo que pone en duda alcanzar las estimaciones del IFP.

Más allá del optimismo oficial, el camino hacia la consolidación fiscal requiere más que promesas legislativas inciertas. De los ocho proyectos incorporados en el cálculo por Hacienda, apenas cuatro han ingresado formalmente al Congreso. Una parte relevante de las “iniciativas correctivas” -que representan unos US$870 millones- depende de proyectos no presentados, lo que hace cuestionable su inclusión como parte del esfuerzo para llegar a la meta fiscal.

Este es un patrón preocupante: se repite la incorporación de ingresos sobreestimados en su impacto fiscal, como si ya fueran parte del balance público. Es urgente mejorar los modelos de estimación de ingresos. El propio Fondo Monetario Internacional ha diagnosticado la debilidad de las metodologías utilizadas por Dipres, especialmente para el impuesto a la renta, e incluso ha advertido sobre los efectos de los cambios legales y estructurales no capturados adecuadamente en las proyecciones. Aunque ya se están implementando algunas recomendaciones, el rezago metodológico es significativo.

Chile no puede seguir operando con déficits estructurales crónicos. El desvío de 2024 (-1,4% del PIB en relación a la meta) y el nuevo incumplimiento de 2025 (-0,5% de desviación con acciones correctivas) reflejan una política fiscal que se ha alejado de sus estándares históricos.

Debido al nulo espacio para incrementar los ingresos tributarios por el lado de los impuestos, el ajuste debe venir con fuerza por el lado del gasto. Se necesita una agenda decidida de eficiencia y revisión de programas que nos remonte a un estilo de austeridad en materia de gasto público. Sin una disciplina efectiva, los déficits seguirán minando la capacidad del Estado para responder a futuras crisis. El camino a la solvencia fiscal no admite más trampas en el solitario.

*El autor de la columna es economista