La semana pasada la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto de reforma previsional, pero dejó en el aire sus contenidos, lo que abre un espacio para construir un acuerdo amplio que haga viable algo en lo que estamos todos de acuerdo: se requieren ajustes al sistema para que mejoren las pensiones.

Si embargo, también hemos visto un encendido debate entre economistas sobre las pensiones y sus valores. Mi impresión es que más allá de la pirotecnia, hay bastante acuerdo sobre lo fundamental. Veamos:

1. La PGU hace una gran diferencia en la pensión para los trabajadores de ingresos medios y bajos, especialmente si tienen lagunas en las cotizaciones.

2. Su impacto en sectores de ingresos medios y altos es marginal si tienen pocas lagunas.

3. Universalizar la PGU es una mala idea: es caro y llega a gente que no la necesita. Esto se aprobó en la Cámara, pero se debería cambiar ahora. Una de las piedras de tope para el aumento de la PGU ha sido la dificultad para financiar su aumento.

4. Hay que aumentar la tasa de cotización, que es muy baja para lograr pensiones suficientes para sostener niveles de vida al jubilar, especialmente en los grupos de ingresos medios y altos. Existe acuerdo en subir la cotización un 6%, pero ello no es gratis: aumenta el costo de la mano de obra e incentiva la informalidad, incluso si todo ese 6% va a cuentas individuales.

5. También hay consenso entre los técnicos sobre ajustar la edad de jubilación a los cambios en longevidad: ningún sistema puede absorber el cambio demográfico sin ajustes en beneficios o aportes. Como la gente vive más tiempo y llega en mejores condiciones físicas y mentales a la vejez, lo más razonable es ajustar la edad de jubilación.

Dado lo ocurrido en la Cámara, es el momento para armar un nuevo proyecto que ponga la prioridad en estos temas: el foco debe ser mejorar las pensiones para que los aportantes no sufran una caída desmesurada en sus ingresos al jubilar, es decir, obtener una tasa de remplazo razonable. Un acuerdo en torno a una meta de tasa de reemplazo ayudaría mucho a enfocar la discusión sobre las reformas que se requieren.

Hace algunos meses, un grupo plural de técnicos convocados por CLAPES UC, emitió un documento con propuestas para un proyecto de reforma de pensiones que va en esta misma línea. De ese documento yo destacaría el reconocer el aporte de la PGU para la solución del problema para la gran mayoría de la población, la necesidad de que una fracción considerable del 6% de aumento de la tasa de cotización vaya a las cuentas individuales y que la diferencia se destine a redistribución entre cotizantes (por ejemplo, 4% a cuentas individuales y 2% a financiar un seguro de longevidad), y que aumente el valor de la PGU, pero sin incrementar su cobertura a los grupos de ingresos más altos. En la propuesta hay otros puntos relativos a la organización de la industria y la baja de las comisiones, pero no los menciono ahora porque no inciden en el valor de las pensiones.

Dos elementos que faltan:

Hay que hacer algo respecto de la edad de jubilación. Mi primera sugerencia sería desplazar el foco desde la edad de jubilación hacia las condiciones para jubilarse antes de una determinada edad. Por ejemplo, para jubilarse antes de los 65 años, poner un límite mínimo de tasa de reemplazo (¿40% de los ingresos de los últimos 10 años, por ejemplo?).

La segunda sería tener mucho cuidado con los impactos de las medidas sobre el empleo formal, todavía muy golpeado después de la pandemia. Cálculos preliminares hechos en CLAPES UC, usando el modelo del Banco Central, sugieren que estos no son menores: con plena flexibilidad de salarios la informalidad agregada sube un 0,6%, pero esto se logra porque los salarios reales promedio caen un 4%. Si los salarios no se ajustan en esa proporción, ello redundaría en una mayor caída del empleo formal. Otro resultado que vale la pena mencionar es que mientras mayor es la proporción de redistribución desde trabajadores de mayores ingresos a jubilados más pobres (que ya reciben la PGU), mayor es el incentivo a la informalidad de los primeros, con efectos adversos sobre el financiamiento de la seguridad social, incluida la salud pública.

*El autor es profesor adjunto del Instituto de Economía UC e investigador principal de CLAPES UC.