Chile enfrenta una crisis política de proporciones alarmantes. La ministra del Interior, Carolina Tohá, advirtió recientemente que los cambios en el sistema político son “urgentes” y que si no se actúa de inmediato, el país podría perder la oportunidad de realizar las reformas necesarias. Estas palabras no son una exageración.

La fragmentación del Congreso, resultado directo de la reforma electoral de 2015 que eliminó el sistema binominal, ha llevado a una gobernabilidad débil y un Parlamento, donde más de 20 partidos y alrededor de 40 parlamentarios independientes, hacen imposible la construcción de mayorías estables.

El sistema electoral proporcional, si bien buscaba una mayor representatividad, ha generado el efecto contrario: una atomización política que obstaculiza la toma de decisiones y bloquea las reformas clave que Chile necesita. Esto ha sumido al país en una espiral de parálisis institucional, donde el Estado no puede responder eficazmente a las demandas sociales más urgentes, y la ciudadanía pierde la confianza en sus instituciones.

La propuesta de la comisión experta, surgida del reciente proceso constitucional, ofrece una hoja de ruta para corregir estas deficiencias. La introducción de un umbral mínimo de votación para ingresar al Congreso y la imposición de normas antidiscolaje son medidas necesarias para limitar la fragmentación y reforzar la disciplina partidaria. Sin embargo, estas propuestas no bastan por sí solas. El sistema político debe avanzar hacia un modelo que equilibre representatividad y gobernabilidad, donde la formación de mayorías parlamentarias sea incentivada y los partidos políticos se fortalezcan como pilares de la democracia.

Reducir la magnitud de los distritos y promover una mayor cohesión partidaria son pasos esenciales para evitar que el próximo Congreso esté aún más fragmentado. Solo así será posible lograr acuerdos legislativos y avanzar en reformas críticas para el país, como la mejora en el sistema de pensiones, la salud y la educación.

Además del componente electoral, es fundamental mejorar la cooperación entre el Ejecutivo y el Legislativo. La actual falta de incentivos para la colaboración entre ambos poderes ha generado bloqueos que impiden la implementación de políticas públicas. Para una gobernabilidad efectiva, las reformas deben incluir mecanismos que fortalezcan las capacidades del Ejecutivo sin debilitar el rol fiscalizador del Congreso.

Los partidos políticos, a pesar de la creciente desconfianza que generan, son esenciales para la estabilidad democrática. Su fortalecimiento es indispensable para articular las demandas ciudadanas y garantizar una gobernabilidad estable. Limitar el discolaje y establecer sanciones efectivas para los parlamentarios que abandonan su partido es una medida necesaria para evitar la fragmentación interna que debilita al sistema.

Nuestro estado de derecho se erosiona con cada muestra de fragilidad de los pilares que lo sostienen. La confianza ciudadana se desvanece ante cada nueva revelación que pone en entredicho nuestra institucionalidad. Chile no puede permitirse más dilaciones: la reforma política que garantice estabilidad y gobernabilidad es una necesidad impostergable. El Presidente tiene la responsabilidad histórica de corregir los errores de la reforma de 2015 y restaurar una democracia funcional, superando la fragmentación y el estancamiento para garantizar estabilidad y progreso. El tiempo es crítico, y lo que está en juego es nada menos que la supervivencia de nuestra democracia.

*La autora de la columna es coordinadora legal de Clapes UC