Chile se encuentra ante una encrucijada que no admite dilaciones. La necesidad de reformar el sistema político y electoral no es solo una cuestión técnica, sino una exigencia institucional de primer orden. Lo que está en juego es la calidad de nuestra democracia, la eficacia de las políticas públicas y la legitimidad de las autoridades representativas. Avanzar hacia una reforma sólida y completa no solo es deseable, sino imprescindible.

En los últimos años, las restricciones a la reelección se instauraron como respuesta a una creciente desafección ciudadana. Sin embargo, sus efectos han sido en gran medida contraproducentes. Impedir que parlamentarios acumulen experiencia ha debilitado su capacidad técnica y deliberativa. La política moderna exige profesionalización: actores públicos que comprendan el oficio, dominen la complejidad normativa y asuman responsabilidades con continuidad. No se trata de perpetuar élites cerradas, sino de reconocer que la experiencia es un activo democrático. La prohibición de reelección debe reservarse para quienes han traicionado la confianza pública.

Este rediseño debe incluir también el fortalecimiento del voto obligatorio. Su efecto igualador es incuestionable. Convertirlo en un voto voluntario disfrazado —mediante la reducción de sanciones o la relativización de su obligatoriedad— debilita la representación y erosiona la legitimidad del sistema. La experiencia del período 2012-2022, cuando rigió el voto voluntario, dejó en evidencia que este modelo profundiza la segmentación socioeconómica del electorado y limita la inclusión democrática. Una participación amplia y efectiva es indispensable para sostener una democracia robusta.

En paralelo, es urgente abordar el fenómeno del independentismo estratégico. Muchas candidaturas independientes no responden a una renovación auténtica, sino a una vía para eludir los mecanismos de competencia interna en los partidos. Si se aspira a fortalecer el sistema representativo, es necesario reducir los incentivos a la personalización de la política, promoviendo colectividades con estructuras democráticas sólidas y procesos internos transparentes.

En esta línea, la reciente ratificación en la Comisión de Constitución del Senado del umbral del 5% para acceder al Congreso constituye un paso relevante. Esta medida obliga a los partidos a desarrollar proyectos con vocación nacional y a consolidar su arraigo territorial, contribuyendo a reducir la fragmentación que ha minado la gobernabilidad en los últimos años.

Por último, otra dimensión crucial es la justicia territorial. La reducción de la magnitud de los distritos, junto con una revisión periódica de sus límites, es indispensable para evitar tanto la sobrerrepresentación como la subrepresentación de ciertos sectores. La introducción de fórmulas mixtas —que combinen representación proporcional en zonas densas con mecanismos mayoritarios en áreas menos urbanizadas— es una propuesta razonable y merece ser debatida con altura de miras.

Una reforma de esta magnitud no puede seguir esperando. Los partidos políticos, aunque enfrentan niveles significativos de desconfianza, siguen siendo pilares fundamentales para la estabilidad democrática. Su fortalecimiento es clave para articular las demandas ciudadanas, garantizar representación efectiva y asegurar una gobernabilidad coherente.

Se requiere decisión, visión de largo plazo y coraje político. La historia no espera. El reloj de la República ya está corriendo.

*La autora de la columna es coordinadora legal de Clapes UC