El comportamiento extravagante de Elon Musk aleja a tanta gente que no se reconoce cuando tiene razón, y la tiene al demandar a OpenAI y a su CEO, Sam Altman. No soy un erudito legal, y no estoy proporcionando una opinión legal sobre sus posibilidades de éxito en su demanda. Hablo como economista interesado en garantizar que el sistema legal no distorsione los incentivos económicos, especialmente los incentivos para actuar de forma pro-social. Como argumentaré, el mayor beneficio de la demanda de Musk es poner de relieve importantes agujeros en el sistema legal de EE.UU. que regula la gobernanza corporativa y la fiscalidad y que necesitan ser arreglados.

Empecemos por el principio. En 2015, Musk co fundó y financió OpenAI, una corporación sin fines de lucro destinada a desarrollar inteligencia artificial en interés de la humanidad. Aunque el objetivo parece vago, uno de los criterios recogidos en el artículo de constitución era que OpenAI “tratará de abrir la tecnología de código abierto para el beneficio público cuando sea aplicable.” Varios años después, para financiar el desarrollo de modelos más avanzados, OpenAI creó una filial con fines de lucro financiada por Microsoft. El año pasado, OpenAI mantuvo en secreto el diseño interno de GPT-4, violando -a ojos de Musk- su estatuto. Como resultado, Musk demandó a OpenAI y Altman.

Lo que hace opaco el caso es la naturaleza del negocio y la vaguedad de los términos. Si, por el contrario, Musk hubiera donado un edificio de US$50 millones a una organización sin fines de lucro para proporcionar educación gratuita a niños huérfanos y esta organización sin fines de lucro hubiera utilizado el edificio para abrir una lujosa (y lucrativa) guardería para ricos, nadie discutiría que Musk tenía razón. Al fin y al cabo, si queremos fomentar las donaciones a iniciativas socialmente valiosas, tenemos que asegurarnos de que las personas con información privilegiada no puedan desviar las contribuciones benéficas a otros fines.

Por desgracia, es mucho más fácil redactar cláusulas vinculantes para una iniciativa educativa benéfica que para una tecnología futura. Términos como “cuando sea aplicable” hacen que el contrato sea difícil de aplicar en un tribunal. Dejaré que los abogados opinen sobre los puntos fuertes del caso de Musk. Yo miro el caso económico, y el caso económico está claro: la intención de beneficio público de la inversión inicial se ha abandonado en favor de un motivo lucrativo. Quizá la demanda de Musk no sea más que una maniobra para obligar al fiscal general de California a seguir adelante con el caso. En el caso de las organizaciones sin ánimo de lucro, el fiscal general es el único que puede presentar una demanda de este tipo, y este caso debe llevarse adelante por razones de política pública. En primer lugar, si los donantes no pueden confiar en que su dinero se utilizará para el fin para el que fue recaudado, disminuirán las donaciones a iniciativas de valor social. En segundo lugar, supongamos que este caso no se presenta y gana. En ese caso, legitimará la estrategia de recaudar los fondos iniciales de las startups con fines de lucro mediante donaciones deducibles de impuestos, agotando las arcas federales y desplazando las donaciones para causas socialmente beneficiosas, como deja claro la demanda de Musk.

Sin embargo, este caso pone de relieve una debilidad aún más importante del sistema jurídico de EE.UU.: lo difícil que es crear una organización eficiente que no se centre únicamente en los beneficios. En una empresa con fines de lucro, existen muchos mecanismos para garantizar la eficiencia: desde las opciones sobre acciones hasta las luchas de poder y las absorciones. Todos estos mecanismos faltan en las sociedades sin fines de lucro puras.

Por esta razón, hace una década, muchas legislaturas estatales (incluida la de Delaware) introdujeron una forma híbrida: la corporación de beneficio público (PBC). La PBC es una corporación con ánimo de lucro cuyo objetivo es producir beneficios públicos al tiempo que opera de forma sostenible. Anthropic, rival de OpenAI, eligió esta forma. Sin embargo, la forma PBC permite, pero no obliga, al directorio a actuar en pro del objetivo social establecido en el artículo de constitución. Si el consejo tiene ánimo de lucro, es casi imposible que un accionista demande al consejo y le obligue a perseguir el objetivo social: las decisiones de la dirección están protegidas por la regla del juicio empresarial y, en ausencia de conflictos de intereses, los tribunales no cuestionan lo que decide el consejo. Así pues, mientras el fundador con mentalidad social siga presente y conserve sus valores sociales, como en el caso Patagonia, los PBC funcionan bien, pero no cuando se marcha o cambia de opinión (como parece ser el caso de Altman). En consecuencia, un estatuto de PBC no habría evitado lo ocurrido con OpenAI.

En muchas situaciones, centrarse únicamente en los beneficios a expensas de todo lo demás puede ser peligroso, debido a las externalidades que esta búsqueda puede generar. En su haber, Musk había previsto estas externalidades en la IA e intentó crear una organización que las tuviera en cuenta. Por desgracia, Altman consiguió eliminar todas estas precauciones. No sé si la demanda de Musk podrá deshacer las acciones de Altman, pero lo que sí sé es que necesitamos un sistema capaz de impedir que futuros Altman subvierten las intenciones de los donantes y burlen la legislación fiscal.

* El autor es académico y director del Stigler Center en la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago

Columna publicada originalmente en promarket.org