Finalmente se dieron a conocer los esperados anuncios sobre política del litio, cuyos pilares fueron los siguientes. Primero, se clasificaron los salares, declarándose estratégicos el Salar de Atacama y de Maricunga, que sólo serán desarrollados a través de Codelco y donde el Estado se reservó participación mayoritaria; salares donde Codelco (Salar de Pedernales) y Enami (proyecto Salares Altoandinos) participarán, pero con un porcentaje minoritario; 26 salares que serán explotados por particulares; y 28 salares que serán protegidos. Segundo, que el Estado participará en los proyectos a través de empresas públicas (Codelco y Enami) por lo que, por ahora, no se creará una Empresa Nacional del Litio.

Respecto de los 26 salares a ser desarrollados sin participación del Estado, se realizará un llamado a los inversionistas a presentar su interés por desarrollar uno o más proyectos. Este proceso se iniciará en abril y se extenderá por 60 días. En el mes de julio se conocerán sus resultados.

El anuncio fue bien recibido por los privados, aunque aún existen varias materias por definir. Por ejemplo, en los salares en que participen las empresas públicas ¿cómo contribuirán las partes a los aportes de capital?, ¿pedirá el Estado un free-carry on, de modo que la inversión sea íntegramente financiada por el privado? Y, en general, ¿cómo operarán los contratos especiales de operación (CEOL) o contratos administrativos que se celebrarán con el Estado en aquellos lugares en que el titular del contrato no sea, a su vez, titular de las pertenencias mineras, sino que sean de propiedad de un tercero? Existe sólo una norma en el Código de Minería (artículo 9°) que se refiere a la materia, pero de manera muy general.

A pesar de las incertidumbres, empresas canadienses han manifestado su interés por desarrollar proyectos en torno al litio en Chile, hecho relevante considerando que actualmente Canadá es nuestro principal inversionista extranjero, con un stock de inversión que supera USD 36 mil millones. Si las empresas canadienses logran ingresar a algunos de los proyectos, ello tendría efecto no sólo en el monto de la inversión, sino también en las buenas prácticas corporativas canadienses que ello implicaría, por su enfoque en el desarrollo de proyectos medioambientalmente y socialmente sustentables, y en principios tales como diversidad, inclusión, foco en la innovación y gobiernos corporativos transparentes. En el fondo, más, pero también, mejor inversión.

Para atraer inversión que aporte no sólo en términos cuantitativos, sino cualitativos, nuestro país debe contar con una institucionalidad que proteja la inversión extranjera. Chile tuvo un régimen de estabilidad tributaria y arancelaria, que se expresaba en el DL600. Quizás sería el momento de revisitar nuestro régimen jurídico de protección a la inversión sobre todo si se considera que llevamos más de una década modificando nuestro régimen de impuesto a la renta. Los países compiten por atraer inversión extranjera directa, por lo que las empresas buscan proyectos en aquellas jurisdicciones que ofrecen más estabilidad.

En los anuncios efectuados por nuestras autoridades, existe una preocupación declarada tanto por la cantidad como por la calidad de la inversión, materia en que las empresas canadienses tienen mucho que aportar. Un buen incentivo para seguir estimulando dicha inversión cualitativamente superior, sería garantizando adecuadamente su estabilidad.

- La autora es presidenta Cámara Chileno Canadiense de Comercio