La semana pasada se inauguró el duodécimo monitoreo de programas gubernamentales que cada año realizan la Dipres y la Subsecretaría de Evaluación Social para revisar el desempeño e implementación de los programas públicos, en materia de cumplimiento de su objetivos, eficacia y eficiencia. Desde sus comienzos este proceso —que es parte del Sistema de Monitoreo y Evaluación de programas de ambas instituciones— ha incrementado significativamente su cobertura: pasó de analizar 411 programas a más 700, lo que equivale a casi un 50% del Presupuesto 2023 y la totalidad de la oferta programática identificada.

Iniciamos el monitoreo de los programas ejecutados en 2023 destacando los avances que se han alcanzado gracias al trabajo de diferentes administraciones, así como los desafíos que hoy tenemos.

Por una parte, hubo hallazgos sustantivos, que nos preocupan y a la vez nos ocupan como Gobierno. Reducir la fragmentación y atomización de la oferta programática, que se traduce en más de 300 programas con presupuestos inferiores a $2.000 millones —un 43% de la oferta—, es una prioridad para nuestro trabajo en 2024, junto con abordar potenciales superposiciones entre intervenciones orientadas a resolver determinados problemas públicos o a beneficiar poblaciones vulnerables.

Afrontar esto nos permite promover sinergias entre programas públicos, reformulaciones o priorizaciones que apunten a una mayor eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos de las distintas políticas públicas. ¿Cómo avanzamos en esa dirección? Esos son justamente los principales desafíos para 2024. Por un lado, profundizaremos en la incidencia de los hallazgos del monitoreo y de la evaluación de programas en el ciclo presupuestario, que cada año se incluyen con más ímpetu en la formulación del erario nacional. Ejemplo de ello es que en el Presupuesto 2024 se rebajó en $35 mil millones el gasto destinado a programas con mal desempeño en su evaluación.

Además, reforzaremos los esfuerzos por ajustar los tiempos de ejecución del proceso. Los resultados del monitoreo 2021 se publicaron en agosto de 2022; los del proceso siguiente se difundieron en mayo de este año; y planificamos publicar los hallazgos del monitoreo 2023 en abril de 2024 antes de enviar las instrucciones para que los ministerios y servicios públicos comiencen a elaborar sus presupuestos para 2025. Esto, permitirá contar con mayor información previo a esta etapa, lo que es fundamental para tomar decisiones con base en evidencia.

Otro gran desafío es seguir transparentando a la ciudadanía y al Congreso cómo se usan los recursos públicos. Por eso, este año elaboramos un documento que describió la variación de la asignación de recursos en el proyecto de ley de Presupuestos 2024 respecto de 2023, detallando al Congreso los motivos detrás de los cambios y la incidencia del monitoreo y la evaluación.

El próximo año también avanzaremos en monitorear y evaluar los programas de los Gobiernos Regionales, lo que permitirá ampliar el seguimiento al desempeño de la oferta programática que implementan.

Este sistema es fruto de una política de Estado que ya suma más de dos décadas y se ha fortalecido, entre otros, con la incorporación del monitoreo hace 12 años. Ahora se seguirá robusteciendo con el Pacto por el Crecimiento Económico, Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal, ya que a partir de 2024 —siguiendo las recomendaciones de la OCDE— se implementará una estrategia de revisiones selectivas del gasto público, que complementará los instrumentos del sistema de monitoreo y evaluación, y permitirá identificar espacios de ahorro fiscal y mejoras de eficiencia en ámbitos como gasto operacional y tecnologías de información, entre otros.

*Las autoras son subsecretaria de Evaluación Social y directora de Presupuestos