La columna de Soledad Hormazábal: “Una oportunidad para seguir avanzando”

La semana pasada se dio a conocer el segundo Informe de la Comisión Técnica de Pensiones de la cual formé parte. No es un informe fácil, ya que no entrega una receta a seguir, sino que realiza un análisis técnico sobre propuestas que están actualmente sobre la mesa, proporcionando estimaciones de costos, efectos esperados en los incentivos, proyecciones de tasas de reemplazo bajo distintos escenarios, destacando aspectos positivos y eventuales riesgos.

En otras palabras, el valor del informe es aportar los antecedentes que requeriría el mundo político para tomar las decisiones que nos llevarían a un eventual acuerdo en la materia. Es decir, el objetivo de este documento es ser un insumo para los tomadores de decisión, pero no tuvo por objeto ser una propuesta de política pública. Desgraciadamente, el cierre apresurado del Informe debido a una irresponsable filtración no permitió afinar más la redacción para que esto quedara lo suficientemente claro.

Un tema que ha generado preocupación es el financiamiento de la garantía por año cotizado, al respecto en la página 25 se señala que una de las versiones menos costosas del beneficio implica un esfuerzo que “se encuentra dentro del espacio fiscal disponible, pero solo a partir del año 2036. Sin embargo, entre los años 2025 y 2035, la cantidad de recursos que se requiere está por sobre el espacio fiscal”. En definitiva, bajo esa simulación del beneficio y su forma de financiamiento se requeriría un esfuerzo fiscal adicional los primeros años, lo que sin duda preocupa, ya que las finanzas públicas están extremadamente estresadas.

Por lo tanto, la inquietud por la dimensión fiscal es razonable y no antagónica con la mesa técnica, sino que, por el contrario, recoge el análisis realizado y el llamado de la instancia a “velar por la responsabilidad fiscal” (página 6). Como es evidente, esto no implica desechar la reforma, sino que levanta la necesidad de perfeccionar aspectos del diseño para que el gasto público necesario no exceda el espacio fiscal que dejó la no ampliación de la cobertura de la Pensión Garantizada Universal (PGU) al 100% de la población.

Como se ha señalado, se requiere una buena reforma que incremente el ahorro para pensiones, ya que no hacerlo es una bomba de tiempo fiscal. Sabemos que 10% de ahorro es absolutamente insuficiente para alcanzar pensiones dignas y cada vez será peor, ya que siguen aumentando las expectativas de vida. Así las cosas, si no ahorramos más ahora, las presiones futuras sobre el gasto fiscal en pensiones solidarias serán inmanejables.

El objetivo compartido es perfeccionar el sistema, reforzando el ahorro individual para reequilibrar las fuentes de financiamiento de las pensiones y dar sustentabilidad a largo plazo al sistema. Por lo tanto, las inquietudes en torno a algunos de los resultados expuestos en el segundo Informe de la Comisión Técnica son válidas y deben ser despejadas o solucionadas para avanzar decididamente en una buena reforma a las pensiones.

*La autora de la columna es investigadora del centro de estudios Horizontal