El Congreso ha aprobado la mayor reforma al pilar contributivo del sistema de capitalización individual desde su creación. Sin embargo, una reciente encuesta señala que el 64 % de las personas considera que la reforma es insuficiente y que el debate previsional no está cerrado.

La anterior no es una percepción necesariamente injusta, ya que la reforma está lejos de resolver todos los problemas del sistema de pensiones. Además, sabemos que los sistemas de pensiones siempre requerirán ajustes que permitan ir adaptándolo a los cambios de la población. Sin embargo, es un dato que preocupa debido a la desconexión entre la magnitud de la reforma y la percepción que tendría la opinión pública.

En esta percepción podría estar incidiendo que el período de implementación es extenso, por lo que la ciudadanía tardará en experimentar los beneficios de la reforma. Pero pareciera haber algo más, ya que la misma encuesta señala que casi la mitad de la población (47 %) no está informada sobre la reforma.

Una política pública exitosa debe ser bien diseñada e implementada, pero además es fundamental que se comunique de manera efectiva. Parece ser que en este aspecto estamos al debe. El desconocimiento ciudadano en lo relativo a la reforma sugiere que se ha fallado en desplegar una estrategia comunicacional clara, cercana y masiva, lo que puede comprometer tanto su legitimidad como su éxito.

Si bien existen esfuerzos por explicar los cambios introducidos, como el que se encuentra en el portal ChileAtiende, se requiere de acceso a internet e interés por parte de los individuos para informarse, por lo que estaría siendo insuficiente. Un ejemplo concreto: la reforma introdujo un potente incentivo a que las mujeres posterguen la edad de jubilación con un beneficio que incrementa sus pensiones, pero solo lo recibirán íntegramente aquellas mujeres que se pensionen a los 65 años. Esta medida no solo apunta a mejorar la suficiencia de sus pensiones, sino que también corrige una de las inequidades estructurales del sistema. Desgraciadamente, no se está comunicando de forma simple, clara y masiva.

Las reformas estructurales como la recientemente aprobada al sistema de pensiones requieren tiempo para desplegar sus efectos, pero su validación social comienza con la información. Además, una comunicación eficaz fortalece la rendición de cuentas, ya que permite que las personas evalúen el cumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades. Según Habermas (1998), la legitimidad democrática se fortalece cuando las decisiones estatales se justifican públicamente y pueden ser comprendidas y discutidas por los ciudadanos.

No basta con aprobar una ley en el Parlamento: hay que explicarla, socializarla y traducirla en términos comprensibles para la ciudadanía. De lo contrario, incluso los cambios más ambiciosos pueden ser leídos como escasos o, peor aún, irrelevantes.

El gobierno es el principal responsable de comunicar los cambios a las personas. Su objetivo debe ser informar de manera efectiva, evitando la propaganda política, como el video «Todo Chile se Abraza». Además, no se trata solo de informar, sino de ejercer liderazgo político y cumplir con su deber democrático de rendir cuentas a la ciudadanía. Si bien la industria y los medios pueden colaborar en esa tarea, es el Ejecutivo quien debe asumir con claridad esta responsabilidad.

Este es un llamado al gobierno, a la industria y a los medios de comunicación: se requiere una campaña de comunicación proactiva, multicanal y segmentada, que acerque la reforma previsional a las personas.

*La autora de la columna es investigadora del centro de estudios Horizontal