La columna de Tamara Agnic: “Los corruptos son pocos; ciudadanos decentes, somos la mayoría”

La reciente elección municipal y de gobernaciones regionales desató tempranamente la carrera presidencial, trazando de paso el mapa electoral para el próximo año. Las revelaciones del caso Audios, los cuestionamientos al abultado sueldo de la derrotada candidata Marcela Cubillos y, lo más grave, las recientes destituciones de dos jueces de la Corte Suprema y la acusación contra el exsubsecretario Manuel Monsalve por supuestos delitos de violación y abuso de poder, marcaron de cerca el proceso eleccionario, al punto que muchos de sus resultados parecen un eventual castigo del electorado.

Estos hechos muestran el profundo daño que la corrupción, las faltas graves a la ética pública y el abuso de poder causan a la democracia y al prestigio de nuestras instituciones. La credibilidad que la ciudadanía deposita en sus representantes es vital para el correcto funcionamiento de las relaciones entre las personas y las organizaciones. En su base, la confianza social depende de la convicción de que los poderes del Estado y sus funcionarios actúan conforme a la ley y no en virtud de vínculos personales o influencias indebidas.

En este contexto, la opinión pública debe comprender la gravedad de que dos integrantes del máximo tribunal hayan sido destituidos: uno por la propia Corte y otro por el Congreso tras una acusación constitucional. Asimismo, es imperioso que la indignación pública alcance a los partidos y coaliciones que no han sido capaces de marcar distancia, condenar y sancionar las conductas ilegítimas, ilegales y opacas en materia de abuso de poder, tráfico de influencias y corrupción público-privada.

Falta aún un debate serio y comprometido en la clase política chilena sobre cómo enfrentar la corrupción sistémica, el abuso de vínculos personales en beneficio propio, la prevaricación y toda una gama de transgresiones éticas que afectan el ejercicio del poder y las relaciones institucionales. Según Transparencia Internacional, Chile ha perdido posiciones en los índices de percepción de la corrupción, lo cual refleja una necesidad urgente de tomar medidas estructurales. A veces parece que las revelaciones sobre corrupción en ambos lados del espectro político no cambian sustantivamente las decisiones de voto de la ciudadanía. Esto es preocupante, pero más inquietante aún es que los propios protagonistas –la clase política e institucional– parezcan atrapados en la lógica del empate frente a la corrupción.

Decir que se llega al Estado para servir y no para servirse no solo implica el respeto a la probidad en la función pública; también es un mensaje formativo y ejemplificador para la ciudadanía. Refleja un principio fundamental: la democracia es el mejor sistema de gobierno porque es el único que asegura el cumplimiento de la ley y el respeto al Estado de Derecho.

La corrupción no es solo un problema de titulares; afecta nuestra vida cotidiana, limitando el desarrollo del país y deteriorando la calidad de vida de sus habitantes. En este contexto, podemos aprender de países como Nueva Zelanda y Dinamarca, donde sistemas de control ciudadano sobre los recursos públicos han restaurado la confianza en sus instituciones.

Todavía es posible transformar la indignación y la apatía en interés e involucramiento ciudadano. Los corruptos son pocos, pero los ciudadanos honestos que deseamos avanzar en igualdad de condiciones somos la mayoría. Es momento de que, como sociedad, exijamos más, promoviendo una cultura de transparencia que fortalezca nuestra democracia. También es fundamental una educación en valores desde la infancia para que las próximas generaciones comprendan la importancia de la probidad en el ejercicio del poder público y privado.

Como ciudadanos, tenemos un rol protagónico en la exigencia constante de rendición de cuentas. Involucrémonos activamente, participemos en iniciativas ciudadanas y elijamos representantes con verdadero compromiso hacia la transparencia y el bien común. Si no lo hacemos, la cuenta por pagar será muy difícil de asumir.

*La autora de la columna es socia y presidenta de Eticolabora