Hace tres semanas, el interventor de la Administradora de Fondos Generales Sartor, Ricardo Budinich, inició una ofensiva legal para conseguir embargar un activo ligado a uno de los deudores de los fondos públicos que administra. Y lo consiguió: un tribunal embargó el 63% de Azul Azul.

El lunes 24 de marzo, los abogados de Sartor en liquidación, del estudio Ovalle Consejeros Legales, presentaron una demanda de cobro ejecutivo de pagarés adeudados por Tactical Sport, aún dueña del 63% de Azul Azul, y pidió embargar las acciones de la concesionaria. Este viernes, Budinich informó que la medida había sido concedida por el tribunal.

“En virtud de lo resuelto por el 17° Juzgado Civil de Santiago, en causa rol 4274 de 2025, se ha procedido a la traba del embargo de 23.815.199 acciones Serie B de Azul Azul, propiedad del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport”, dice la comunicación remitida a la Comisión para el Mercado Financiero, CMF, por Budinich.

“Lo anterior, producto de la deuda vencida que mantiene dicho Fondo Privado con la sociedad Inversiones Cerro el Plomo SpA, sociedad que obtuvo financiamiento a través de los Fondos Sartor Leasing y Sartor Táctico”, detalló el interventor.

La demanda fue ingresada el 24 de marzo. Esa misma semana, el viernes 28 de marzo, Michael Clark lanzó una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) para comprarse a sí mismo los mismos títulos de Azul Azul: si hasta ahora el 63,52% de Azul Azul es controlado a través del polémico FIP Tactical Sport, la oferta pretende traspasar de mano esos activos a una sociedad de Clark: Bulla SpA. Esa transferencia, sin embargo, podía tener un efecto colateral: dejar sin activos a un fondo al que el interventor de Sartor acusaba de adeudar más de $ 7.200 mllones.

Hace una semana, Budinich había sido consultado por Pulso por eventuales acciones para embargar los títulos de Azul Azul. Sin responder directamente, Budinich dijo, por escrito, el 8 de abril: “Se trata de un tipo de diligencia que va en línea con el trabajo para recuperar el máximo de los pagarés adeudados. Estoy trabajando con todas las alternativas y recursos que dispone la ley”, respondió Budinich. No lo dijo, la petición de embargo estaba en curso. Y ese embargo detuvo la OPA y todo lo que tenga que ver con la propiedad de Azul Azul. No es la única traba: otro accionista relevante de Azul Azul, la familia Schapira, consiguió una medida precautoria que, en otro tribunal, paralizó la OPA.

El origen de todo está en operaciones fechadas en 2021. Antes de la compra de Azul Azul.

Una OPA

El fondo Tactical Sport lanzó en 2021 una OPA por 28.182.469 acciones serie B de Azul Azul, representativas del 63,0715% de la compañía. Ofrecía US$ 15 millones y el vendedor era Carlos Heller, hasta entonces controlador de Azul Azul.

Las fechas públicas aquí son relevantes.

El 8 de marzo de 2021, Azul Azul informó que Carlos Heller había acordado la venta de su participación a un fondo de Sartor, el que debía lanzar la OPA antes de 45 días. Seis días antes, el 2 de marzo de 2021, Sartor Administradora de Fondos de Inversión Privado S.A. había constituido el Fondo de Inversión Privado Tactical Sport., el que no tenía otros negocios que la posible adquisición de Azul Azul.

La OPA entró en vigencia el 27 de abril de 2021 y se mantuvo vigente hasta el 26 de mayo de 2021.

Entre la creación de Tactical Sport y el lanzamiento de la OPA, el fondo consiguió recursos de parte de los fondos públicos de Sartor. Y para ello, los mismos administradora de Sartor, la AGF intervenida a fines de 2024 por la autoridad, emplearon fondos de terceros, de los fondos públicos, para allegar dineros a Tactical Sport.

Ricardo Budinich lo explicó así a Pulso. “Es importante entender que se trata de financiamientos indirectos a través de una SpA y un financiamiento ‘puente’. Es un mecanismo a través del cual los fondos no prestan directamente, sino que se utilizan una empresa que es parte de un fondo público (Inversiones Cerro el Plomo, parte del Fondo Leasing) como instrumento de financiamiento. En este caso, tanto el Fondo Sartor Leasing como el Fondo Sartor Táctico (este último a través del FIP Deuda Privada), otorgaron financiamiento a Inversiones Cerro el Plomo”.

Así, fondos públicos administrados por Sartor contribuyeron a financiar la adquisición de las acciones de Carlos Heller en 2021. “Es un financiamiento indirecto con recursos de terceros. No hay evidencia de que esta operación fue de conocimiento de los aportantes de los fondos públicos al momento de otorgarse los créditos”, insiste Budinich.

Pero aquello no es necesariamente irregular. “Es probable que, por tratarse de un préstamo intermediado por Cerro El Plomo SpA y dado que los dueños de Sartor AGF, a través de la administradora, controlaban tanto a los fondos, como sus SpA subyacentes, no haya existido obligación de informar a los aportantes”, explica el interventor.

La administradora entonces era controlada por los mismos aportantes que controlaban también el fondo Tactical Sport. La memoria de 2021 de Azul Azul detalla quienes eran los dueños: Asesorías e Inversiones Sartor S.A. era dueña del 90% de las cuotas. Así, indirectamente, las personas naturales dueñas de la concesionaria eran ejecutivos y directivos de Sartor, como Pedro Pablo Larraín (que junto a su esposa era dueño de 15,18% de Azul Azul); Óscar Ebel (15,18%); Alfredo Harz (6,5%); y Carlos Larraín (6,5%). Michael Clark, dueño de Inversiones Antumalal, era dueño del 10% de las cuotas de Tactical Sport, con un 6,3% indirecto de Azul Azul. A fines de 2024, tras la intervención de Sartor AGF por parte de la CMF, Clark compró el 90% de las cuotas en US$ 5,7 millones. Pero en realidad el precio final de Tactical Sport era más parecido al monto que recibió tres años antes Carlos Heller, si se le sumaban las acreencias del FIP. Algo que hoy está en tribunales.

Los pagarés

La demanda de cobro ejecutivo del interventor de Sartor detalla las operaciones por las que reclama el pago de deuda. En su acción judicial, informa sobre tres pagarés, todos suscritos el 19 de abril de 2021, una semana antes del lanzamiento de la OPA. Y todos fueron firmados por las mismas personas, Pedro Pablo Larraín y Alfredo Harz, representando a Sartor y a Tactical Sport.

El primer pagaré entre Cerro el Plomo y Tactical Sport era por $ 2.300 millones. El segundo pagaré, del mismo día, era por $ 1.000 millones. El tercero era por UF 33.954 millones. Los tres pagarés tenían pagos de intereses y un pago por el capital con fecha 19 de abril de 2024. Es decir, a tres años plazo. Sin embargo, todos fueron prorrogados posteriormente, con firmas autorizadas el 12 de diciembre de 2024, cuando la caída de Sartor ya se había producido.

Todos esos pagarés, según el liquidador de Sartor, están vencidos. “Conforme a lo expuesto, el demandado adeuda a la Acreedora, solo por concepto de capital, la suma total de $4.934.823.513 más los intereses pactados en cada uno de los casos”, dice la demanda. “En consecuencia, la presente demanda trata de obligaciones vencidas que constan títulos ejecutivos, que además es líquida, actualmente exigible y cuya acción ejecutiva no ha prescrito, procediendo su ejecución por el total de lo adeudado, respecto de todos los obligados al pago”.

Y todas estas deudas fueron heredadas por el nuevo propietario del 100% de las deudas de Tactical Sport, Michael Clark. En su entorno dicen que la intención de Clark es pagar las deudas que reclama el liquidador, pasivos de los que tenía conciencia al adquirir las cuotas del FIP en diciembre a sus ex socios de Sartor.